El Ministerio del Interior da un portazo al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tras una solicitud para conocer el expediente en el que se basa la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo que concedió al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, e insta a recurrir a la Justicia en caso de querer acceder a la petición. En un documento oficial, al que ha tenido acceso Vozpópuli, niega la información al solicitante, alegando que sólo podría conceder dicho expediente a sindicatos policiales, que a su vez están "sujetos a obligaciones de confidencialidad".
La concesión de la condecoración a Conde-Pumpido ejemplificó la polémica que se repite año tras año al publicar la lista de autoridades a las que se les da la medalla policial. Sindicatos policiales exigen que se renueve la ley de condecoraciones, 5/1964, al entender que la actual está sujeta a la discrecionalidad y arbitrariedad, en procedimientos que consideran opacos.
Cada una de estas medallas debe de estar respaldada por un expediente donde se destaquen los méritos del condecorado. Como contó Vozpópuli, el Ministerio del Interior ya se negó el pasado mes de noviembre a facilitar el informe en el que basaba la polémica condecoración al mérito policial concedida al juez Cándido Conde-Pumpido, ante una petición formulada por el Portal de Transparencia.
En concreto, esgrimía que "la protección de datos de carácter personal y otros derechos constitucionalmente protegidos" impedían la entrega del expediente.
Una decisión que derivó en un recurso al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, máxima Autoridad Administrativa Independiente en materia de Acceso a la Información Pública, que semanas más tarde dio la razón al solicitante. La misma obligaba a la Policía a facilitar una "copia íntegra del expediente administrativo de concesión de la medalla" a Conde-Pumpido.
La respuesta de la Policía
Pero la Policía Nacional, en un oficio firmado por el director de la institución, Francisco Pardo Piqueras, ha vuelto a desestimar la petición formulada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En dicho escrito reitera que la concesión de esta medalla se llevó a cabo "con observancia de lo previsto y regulado en la Ley 5/1964 de Condecoraciones Policiales".
También recupera la resolución de 11 de mayo de 2012 de la Dirección General de la Policía, donde se esgrime que "podrán ser recompensados (...) las personas ajenas a dichas Corporaciones, cuando se hagan acreedoras a ello por su decisiva colaboración con aquellos funcionarios, practiquen actos de relevante importancia en defensa del orden, de las personas o de la propiedad, o así resulte aconsejable por otros importantes motivos". Una descripción que, apuntan, encaja con la de Conde-Pumpido.
El Consejo de Transparencia reclamaba a Interior que facilitase el expediente y, para ello, evocaba una sentencia dictada en 2016 por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº10. En ella se condenaba a la Administración a permitir el acceso a la información contenida en el historial profesional de las propuestas de ingreso en la Orden de Mérito Policial con distintivo rojo del año 2015, tanto de los funcionarios de la Policía Nacional como de las personas ajenas a la institución.
Una sentencia que, según apunta el nuevo oficio de Interior en el que desestima el acceso al informe de Conde-Pumpido, no puede "ser extrapolada" al caso del presidente del Tribunal Constitucional. ¿La razón? "El solicitante de aquel asunto era representante policial", alega.
"El representante sindical -prosigue- puede tener acceso a cierta información reservada al ámbito policial debido a su papel en la defensa de los intereses laborales de los policías para cumplir con sus responsabilidades. Además, el representante sindical generalmente está sujeto a obligaciones de confidencialidad puesto que se trata de un funcionario policial, obligándose así a proteger la sensibilidad y privacidad de la información a la que accede".
Según detalla el nuevo escrito, la información "puede incluir detalles sobre procedimientos disciplinarios, condiciones de trabajo y otros asuntos relacionados con la labor de los policías, siempre respetando los cauces establecidos".
Por todo ello, Francisco Pardo Piqueras insta al solicitante de información a que recurra ante la Justicia ante dicho acto administrativo "si considera no ajustado a derecho".
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