Situaciones comprometidas en las que se le exigen responsabilidades y se critican los movimientos gestionados por su departamento. Fernando Grande-Marlaska afronta una semana con tres frentes a los que apaciguar: funcionarios de prisiones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y asociaciones de víctimas del terrorismo. De la cárcel de Villena a la Ley de Seguridad Ciudadana -también conocida como Ley Mordaza-, pasando por la extinción de la política de dispersión de presos de ETA. Aguas revueltas para el ministro y una oposición política que se lanza a pedir explicaciones.
El ministro del Interior parecía haber enterrado una serie de episodios controvertidos que salpicaron su figura en los últimos meses: sus declaraciones apuntando a Vox como instigador moral de la agresión homófoba de Malasaña (Madrid), que a la postre se demostró que fue falsa, o sus valoraciones sobre las cartas con balas que diversos dirigentes políticos recibieron en plena campaña electoral madrileña, un camino tortuoso para los investigadores, que aún no han dado con ninguna pista clara sobre la autoría.
Ahora, el Ministerio del Interior vuelve a ser protagonista por una serie de polémicas que se han acumulado en apenas una semana. El pasado jueves estalló la crisis entre policías y guardias civiles en relación con la Ley de Seguridad Ciudadana. Los sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos anunciaron una batería de movilizaciones para protestar por la decisión del Gobierno, al considerar que las modificaciones atentan directamente contra su desempeño diario y su figura de autoridad.
Fernando Grande-Marlaska está manteniendo reuniones con representantes sindicales en las que se aborda la reforma legislativa. Y la respuesta es idéntica: le piden que se tengan en cuenta las consideraciones de los agentes y advierten de que la nueva ley pone en riesgo la seguridad ciudadana y la de los propios miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por el momento Marlaska no ha logrado apaciguar los ánimos de los uniformados, que movilizan sus filas ante dos jornadas de manifestaciones que tendrán lugar el 24 y el 27 de noviembre; la primera, ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda España, mientras que la segunda discurrirá por el centro de Madrid. Los agentes arremeten contra el titular de Interior y el Ejecutivo por tomar la decisión sin haber contado con su opinión.
La dispersión de presos de ETA
El segundo titular se centra en la política de dispersión de los presos de ETA. El ministro del Interior apuntó en el Senado ante preguntas del PNV que ya no existe el alejamiento de los terroristas, "sino política penitenciaria y tratamiento individualizado". De los 184 reclusos de la banda, 90 se encuentran ya en centros de País Vasco y Navarra, y todos ellos se encuentran ya a menos 200 kilómetros de su lugar de residencia.
Como contó Vozpópuli, el propio Marlaska fue uno de los jueces de la Audiencia Nacional que se opuso en 2015 a permitir a una veintena de presos de ETA que fuesen trasladados a prisiones próximas a sus localidades. Ahora, como ministro, certifica el fin de la dispersión. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) asegura que el titular de Interior les prometió en sendas reuniones -septiembre de 2018 y marzo de 2020- que no permitiría una decisión en este sentido respecto a los reclusos de la banda terrorista.
La polémica de Villena
Y es también en el marco de la política penitenciaria donde se contextualiza el tercer incendio al que se enfrenta Interior en la última semana. Los representantes de los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF se encerraron el pasado martes en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias al considerar que las negociaciones por las mejoras profesionales y de seguridad de los funcionarios de prisiones estaban bloqueadas, y que el departamento dependiente del Ministerio del Interior no ofrecía soluciones acordes a sus expectativas.
Pero el epicentro del malestar de los funcionarios de prisiones ha tenido lugar en Villena, en el centro penitenciario de Alicante II. La Guardia Civil ha detenido a la subdirectora de seguridad, acusada de simular una agresión grupal por unos encapuchados, en la que supuestamente le exigían que guardase silencio por el trato dado a un interno con una enfermedad mental.
Los funcionarios de prisiones recuerdan las declaraciones del ministro del Interior en las que calificaba a la subdirectora como una "verdadera funcionaria". También el comunicado emitido por el departamento dirigido por Marlaska en el que le manifestaba su apoyo: "El máximo responsable de IIPP, Ángel Luis Ortiz, nada más conocer la agresión, se puso en contacto con ella para interesarse por su estado y mostrarle su apoyo incondicional y el de toda la Administración penitenciaria".
Unos episodios en Villena que han soliviantado a los sindicatos, que exigen al ministro del Interior que tome cartas en el asunto y dirima responsabilidades. Una queja a la que se ha sumado el Partido Popular, en boca de su diputada Ana Vázquez Blanco, portavoz de su grupo en temas de Interior: "Ayer, Cuca Gamarra solicitó la comparecencia urgente de #Marlaska, ante los graves hechos acaecidos en la prisión de Villena. Necesitamos saber toda la verdad y exigimos responsabilidades políticas por ocultar y apoyar a la subdirectora que se inventó una agresión".
Una serie de episodios que han puesto el foco en el Ministerio del Interior en los últimos días... y que se prolongarán durante las próximas semanas. Los organizadores de las movilizaciones policiales contra los cambios en la Ley Mordaza prevén una asistencia masiva -"No vamos a parar", advirtieron a este diario- y los sindicatos de prisiones mantienen su pulso para mejorar sus condiciones profesionales. Aguas revueltas a las que se suma la oposición para pedir ceses y que se diriman responsabilidades.
