Muy probablemente a estas horas no habrá un solo español que no haya sido sorprendido por uno de esos anuncios sobreimpresos en pantalla (“El Gobierno nos obliga a cerrar antes del 6 de mayo este canal…”) con los que los dueños de las dos grandes cadenas de televisión privada de nuestro país han pretendido atizar al Ejecutivo a cuenta precisamente de eso: de la obligación de cerrar antes del martes varios canales de TDT, asunto que les causa un quebranto económico no cuantificado pero que ha justificado, en su opinión, la pataleta protagonizada en las últimas semanas por los propietarios, en su mayoría italianos para más señas, de esas dos grandes cadenas cuya concesión deben al Gobierno de España y que, a cambio de la basura con la que a menudo atiborran las meninges de los telespectadores, les permite ganar dinero en régimen de duopolio sobre la base de impedir a la televisión pública, RTVE, competir en el mercado de la publicidad, porque los españoles somos tan magnánimos que hemos decidido colgar TVE de los Presupuestos, es decir, de los impuestos de los españoles, para que el señor Berlusconi y otros de idéntico pelaje puedan hacer negocio a nuestra costa.
No obstante lo cual los amos de Atresmedia (Antena3) y Mediaset (Telecinco) están muy enfadados con el Gobierno Rajoy y han puesto pies en pared. Conviene aclarar que fue Zapatero, cuyas virtudes como gobernante tantos españoles recordarán durante tanto tiempo, el que en diciembre de 2009 decidió acabar con los anuncios en la tele pública como una forma de que sus amigos de Mediapro (Jaume Roures, José Miguel Contreras et al) pudieran consolidar gracias a la publicidad el canal (La Sexta) que en diciembre de 2005 les había regalado. Fue también Zapatero, dechado de virtudes patrióticas, el que en julio de 2010 adjudicó a cada uno de los seis grupos privados de entonces (Telecinco, Antena 3, Cuatro, La Sexta, Net TV y Veo TV) un múltiple digital con capacidad para cuatro canales distintos. La decisión fue recurrida por una empresa catalana, a la que en diciembre de 2012 en Tribunal Supremo (TS) dio la razón, al dictaminar que esa adjudicación había sido irregular porque, hablando en plata, se había otorgado a dedo, es decir, sin el preceptivo concurso.
Rajoy apoya las tesis de Soria: la labor del Gobierno debe limitarse a ejecutar una sentencia y que les den a los editores
Ahí empezó la guerra. Las cadenas plantearon los correspondientes recursos, al tiempo que cercaron a un Ejecutivo que prefirió guardar silencio con todo tipo de presiones más o menos subterráneas. En marzo de 2013, en pleno bombardeo mediático a cuenta del escándalo Bárcenas, el Gobierno anunció por sorpresa que estaba dispuesto a ejecutar esa sentencia, ante la incredulidad de unas teles que siempre pensaron que, en un país donde los fallos de los tribunales se cumplen si usted es un pobre de pedir, pero olímpicamente se desprecian sin que nadie rechiste si, por el contrario, es usted presidente de la Generalitat de Cataluña, ese cierre no se haría nunca efectivo. La caldera entró finalmente en ebullición cuando, el pasado mes de diciembre, el TS dictó un auto en que ratificaba que efectivamente eran nueve -La Sexta3, Nitro y Xplora (Atresmedia); La Siete y La Nueve (Mediaset); dos canales de Vocento, y otros dos de Unedisa (El Mundo), con un valor en libros de 200 millones, el colmo de la ingeniería contable- los que deberán dejar de emitir antes de pasado mañana.
Los coletazos jurídicos del enfrentamiento han tenido lugar este mes de abril, con la decisión del Supremo de rechazar la suspensión cautelar de la sentencia solicitada por las teles. La última esperanza de Maurizio Carlotti (Antena3) y Paolo Vasile (Telecinco), consistente en que el Constitucional, ante el que han presentado el correspondiente recurso de amparo, suspendiera cautelarmente la ejecución de la sentencia hasta que se pronunciara sobre el fondo de la cuestión, también ha fracasado. Y ahí ha empezado el bombardeo mediático, con esos spots tremebundos con los que han pretendido levantar al pueblo en armas en contra de la decisión de Industria. Para las grandes cadenas, el villano de esta película es el ministro del ramo, José Manuel Soria, quien, como es su obligación, ha instado a los grupos mediáticos a echar el cierre de esos canales en la fecha fijada por el TS. Tan cabreados están con Soria, quizá el eslabón más débil de la cadena de este Gobierno, que le están mirando los bajos a conciencia, de modo que no sería de extrañar que en un futuro inmediato viéramos aparecer algún supuesto escandalete económico relacionado con el canario.
Las presiones de Casals sobre la vicepresidenta Soraya
El más enfadado es el entorno de José Manuel Lara, presidente de Atresmedia, seguramente porque en Barcelona, como en el Hotel Palace de Madrid, lugar habitual de residencia y trabajo de ese mago de lobbismo patrio que es Mauricio Casals, siempre se pensó que la entrañable amistad del presidente de La Razón con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría terminaría por rendir sus frutos. Casals, como se ha repetido aquí, es uno de los asesores áulicos de doña Soraya en materia tan querida por la vallisoletana como es la comunicación –y tan exitosa a la vez, si tenemos en cuenta que prácticamente ningún grupo de comunicación español, ni de derechas ni de izquierdas, le ha rozado nunca jamás con la más leve crítica-. La vice, sin embargo, lista como el hambre, parece que ha preferido no jugar a fondo la baza del apoyo sin condiciones a las tesis de Casals, aunque sí se ha mostrado partidaria de “buscar una fórmula” que salvaguardara los intereses de los editores. Pero la Soraya de hoy no parece la Soraya del omnímodo poder de hace un año, seguramente porque Rajoy, advertido de que la doña maneja agenda propia, se ha puesto en guardia.
Ninguna solución pone por delante la libertad de mercado ni los intereses de los consumidores
Rajoy apoya las tesis de Soria, para quien la labor del Gobierno en este contencioso debe limitarse a ejecutar una sentencia y que les vayan dando a los editores, una posición que a su acierto desde un punto de vista legal –un acierto al año no hace daño- une la virtud de emparentar con la psique de un presidente tan poco partidario de los amaños como de los saltos en el vacío, por no hablar de los cambios a palo seco. “Quien cierra los canales es el Supremo, no el Gobierno, pero en lugar de meterse con el Supremo le arrean al Gobierno”, aclara con sorna una fuente en Moncloa, “y ello con una sentencia que deja muy poco margen para actuar desde aquí. Los editores querían que hiciéramos una ley para enmendarle la plana al Supremo, ni más ni menos, y algún conocido periodista llegó a pedirlo expresamente, cosa inaceptable. Dicho lo cual, ¿tienen derecho al pataleo? Pues sí, cómo no, pero el Gobierno no va a cometer ninguna ilegalidad. Otra cosa es que algo habrá que hacer para dar estabilidad a un sistema que está manga por hombro”.
Don Mariano se daría por satisfecho con hacer cumplir la ley y dar carpetazo al asunto (“no deis más canales, que hay canales de sobra, y dejémonos de líos, que también tenemos bastantes”), pretensión que suena a sueño de imposible cumplimiento en un país donde lo público y lo privado, como lanzadera de toda clase de corrupciones, caminan desde siempre de la mano, porque ni los Gobiernos se resignan al hands off del sector privado, ni los privados, salvo excepciones, saben hacer negocios si no es a la vera del Gobierno de turno. El lío, en efecto, promete pronto nuevos capítulos, teniendo en cuenta que el propio Supremo está ya estudiando la eliminación de otros ocho canales, igualmente adjudicados en su día de forma irregular.
Una solución que respete el bolsillo de los consumidores
Lo normal es que los canales de marras dejen de emitir este martes y que, a continuación, unos y otros, Gobierno y teles, se sienten para intentar llegar a un acuerdo que evite la repetición de este tipo de episodios, arreglo que necesariamente estará relacionado con lo que los expertos llaman el “dividendo digital”, denominación aplicada al proceso de liberalización del espacio radioeléctrico para que pueda utilizarse la tecnología 4G de telefonía móvil, con la que las compañías de telecomunicación pretenden afianzar su futuro. Porque todo este embrollo, sostienen los sabios, no es más que una pelea soterrada entre telecos y teles, con el Gobierno de por medio. Las telefónicas de turno, tan poderosas siempre, presionan al Ejecutivo para que ponga en marcha el citado dividendo digital y, de paso, reduzca la oferta de televisión en abierto, como una forma de promocionar la televisión de pago en los dispositivos móviles. En su defecto, aspiran a competir ellas mismas (caso de Telefónica) en ese mercado de la televisión en abierto a través de la adjudicación en concurso de nuevos canales.
Ninguna solución, en el fondo, que ponga por delante la libertad de mercado, los intereses de los consumidores y, sobre todo, su bolsillo. Siempre la componenda. Rajoy y Soria, no obstante, lo tienen esta vez bastante fácil con los dueños, mayoritariamente italianos, de esas dos cadenas privadas que se han pasado varios pueblos en sus ataques al Ejecutivo (y al sentido común del telespectador medio) y que, dueños de un saneado negocio graciosamente otorgado por el Estado español a través de los distintos Gobiernos, parecen tener problemas para cumplir con las leyes del Reino de España. La patente de corso de que gozan con la publicidad debería cesar de inmediato. Los españoles no tienen por qué pagar de su bolsillo los déficits de RTVE para permitir que se forren al tiempo los Berlusconi de turno. Es de aurora boreal. Los propios grandes anunciantes quieren terminar con el duopolio en la materia de Antena3 y Telecinco. Una televisión pública de cobertura nacional es, en estos tiempos de separatismos de brocha gorda, un instrumento imprescindible de cohesión territorial. Y para que esa televisión sea potente, necesita ser económicamente rentable.
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