La callada... por defensa. El Ministerio del Interior aún no ha remitido a la Audiencia Nacional el expediente administrativo que supuestamente tramitó para otorgar el pasado 3 de febrero la polémica medalla al mérito policial a Nuestra Señora María Santísima del Amor. Y ello a pesar de que la titular del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 7 dictó el pasado 21 de abril un auto por el que daba al departamento que dirige Jorge Fernández Díaz un plazo "improrrogable" de 20 días para que entregara dicha documentación ya que la vista en la que se decidirá la nulidad a no de dicha condecoración ha sido fijada para el próximo 11 de junio y pretende que las partes puedan estudiarlo antes.
La única explicación oficial de Interior a la medalla se produjo en el Congreso, donde la comparó con la que se concedió en 2007 a Cáritas
Así lo han denunciado a Vozpópuli fuentes de Europa Laica y el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL), las dos asociaciones que el pasado 3 de abril presentaron una denuncia por la condecoración. Según representantes de éstas, el plazo de Interior para entregar el expediente a la Audiencia Nacional finalizó el pasado 21 de mayo. Sin embargo, ayer, dos días después de esta fecha, en el juzgado no se había recibido el mismo. Por ello, los representantes legales de Europa Laica y MHUEL presentaron este mismo viernes en la Audiencia Nacional un escrito en el que solicitan a la magistrada que dicte un nuevo auto para reclamar un documento que consideran "clave" para afrontar la vista que decidirá la validez o no de la condecoración.
Hasta ahora, Interior se ha defendido en los tribunales de las acusaciones de irregularidades en la medalla a la Virgen del Amor con el silencio. De hecho, tras admitir la demanda, la Audiencia Nacional dio un plazo a la Abogacía del Estado, representante legal del Ministerio, para que presentase alegaciones a la misma. Sin embargo, su respuesta fue un escrito de un sólo folio fechado el 8 de abril en el que renunciaba a ello para agilizar el proceso y, de este modo, optaba por "la celebración de la vista al objeto de proceder en la misma a contestar a la demanda y a la práctica del resto de los trámite previsto". Tras este escrito, la juez dictó el auto en el que fijaba el plazo de 20 días para presentar "el expediente administrativo".
Por ahora, el Congreso de los Diputados ha sido el escenario de la única explicación oficial de Interior a una polémica medalla que ya ha tenido repercursión en la prensa internacional. En la respuesta por escrito a una pregunta parlamentaria del diputado de IU Ricardo Sixto, el departamento de Fernández Díaz equiparó la distinción policial a la Virgen del Amor con las que el anterior gobierno socialista entregó en 2007 a Cáritas, y en 2004 y 2010 a una Hermandad religiosa y a una cofradía, respectivamente. "El reconocimiento y concesión de condecoraciones con carácter honorífico a diversas instituciones no constituye un hecho extraordinario en la historia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, habiéndose producido en legislaturas anteriores", recalcaba. El pasado miércoles 16 de abril, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, asistieron en Málaga al acto de imposición de la misma.
Ni muerta ni mutilada
Como adelantó el pasado 11 de abril este diario, los dos colectivos laicos interpusieron la demanda para que la Justicia determinase si era procedente o no en base a la vigente ley de honores y distinciones que una Virgen fuese merecedora de la condecoración al mérito policial. En concreto, la demanda cuestionaba que desde el departamento que dirige Fernández Díaz se reconociese a una "figura religiosa, que no es persona ni por tanto tiene entidad jurídica, ni es ni puede ser sujeto de derechos ni obligaciones".
Las dos asociaciones laicas que han denunciado la concesión de la medalla consideran la misma una decisión "arbitraria" e "irracional"
"Si bien es cierto -indicaba el escrito- que la concesión de una condecoración no constituye un acto reglado de la Administración, sino discrecional, no es menos cierto que el acto debe enmarcarse dentro de la ley que lo regula. Y en el supuesto de autos, el acto traspasa la barrera de la discrecionalidad para adentrarse en el campo de la arbitrariedad". En este punto, la representación legal de Europa Laica y MHUEL subrayaba que, "desde el más absoluto respeto, resulta palmario que Nuestra Señora María Santísima del Amor ni es miembro funcionario de los Cuerpos que contempla la ley (tampoco la Cofradía a la que se refiere la Orden ministerial) ni es persona". Y añade: "No siendo persona no puede predicarse de ella la muerte o la mutilación ni en acto de servicio ni en ningún otro, y por lo mismo tampoco ha podido realizar ninguno de los servicios, comportamientos o actuaciones" que enumeraba la ley.
Para Europa Laica y MHUEL, circunstancias como la fe y la confesión religiosa constituyen un "atributo de la conciencia individual" y deberían quedar circunscritas a la esfera privada. Asimismo, la demanda insistía en que la entrega de la medalla a la Virgen debía ser impugnada por ser una decisión "arbitraria" e "irracional". Además, aludía a una sentencia del Tribunal Supremo según la cual las distinciones y recompensas son un modo de fomentar comportamientos beneficiosos para los intereses generales, "finalidad que sólo se cumple si son otorgadas a personas que puedan adoptar esos comportamientos para que sigan manteniéndolos y para servir de ejemplo a otras".
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