El "movimiento violento independentista catalán" era considerado como uno de los que cometen delitos de "terrorismo" el pasado septiembre por la Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2023, que destaca que está perdiendo fuerza y financiación gracias a la acción de la justicia.
"La pérdida de la iniciativa por parte de estos grupos violentos motivada también en parte por la acción de la justicia ha ocasionado que gran parte de su actividad se centre en la llamada Antirrepresión. La movilización en respuesta a los procesos judiciales detrae la mayor cantidad de recursos a estos colectivos, con la ejecución de campañas de pintadas o en redes sociales". Así lo recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2023 que Álvaro García Ortiz entregó a Pedro Sánchez el 6 de septiembre, al día siguiente de que Carles Puigdemont le leyera la cartilla a Sánchez desde Bruselas con lo que exigía a cambio de investirle y cuando se preparaba la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo.
La Memoria de 2023, que trata sobre 2022, desafía la versión sobre el procés que ahora sostiene el Gobierno de Sánchez como cuando aborda el movimiento independentista catalán, y habla del "referéndum ilegal de Cataluña".
En el año 2022, la Fiscalía detalla que el terrorismo del independentismo catalán ha realizado 24 acciones violentas y de sabotaje.
En el apartado "procedimientos más relevantes del área de terrorismo", la Memoria reseña en primer lugar la causa contra los CDR: "Actuaciones contra el independentismo violento en Cataluña Diligencias previas 104/2017, 99/2018 y 85/2019 del Juzgado Central de Instrucción n.º 6".
La Fiscalía explica que "tras la celebración del referéndum ilegal de Cataluña, la Guardia Civil identificó como una amenaza la existencia y proliferación de los Comités de Defensa de la República (CDR). Dicha hipótesis se reforzó tras los violentos actos producidos tras la denominada sentencia del procés durante el otoño de 2019. Consecuencia de lo anterior, se procedió a la apertura de una operación sustentada en medidas de investigación autorizadas por el Juzgado Central de Instrucción n.º 6 en el marco de sus Diligencias Previas (DP) 104/2017 declaradas secretas".
La Memoria prosigue que en 2019, en el marco de las DP 99/2018 (la conocida como Operación Judas), "se procedió a la detención de 9 individuos implicados en la comisión de presuntos delitos de terrorismo y fabricación de explosivos, miembros del Equipo de Respuesta Táctica, de los cuales 7 fueron presentados ante la autoridad judicial, quien decretó su ingreso en prisión y que en la actualidad se encuentran en libertad bajo fianza con medidas de control. Igualmente, durante 2020 el juzgado tomó declaración a otros 4 individuos en calidad de investigados. En la actualidad se está pendiente de la resolución de diversos recursos de las defensas de los procesados y una vez resueltos solo queda la celebración del plenario ante la Sala de lo Penal correspondiente".
La Operación Cataluña, inadmisible
Por último, alude a las DP 85/2019, en las que dice que se está pendiente de la cumplimentación de diversas comisiones rogatorias libradas a distintos países y con su recepción se podrá hacer una valoración jurídica de los hechos.
La Memoria trata incluso sobre la Operación Cataluña, supuestamente desarrollada durante los años en que Jorge Fernández Díaz fue ministro del Interior (2011-2016), que destapó elDiario.es en 2014, con una importante contribución de Público en 2016. Unas informaciones de La Vanguardia, elDiario.es y El Nacional.cat han reactivado ahora esta Operación, que la Fiscalía Superior de Cataluña ha acordado investigar este lunes. En concreto, analizará las presuntas pesquisas policiales dirigidas contra el ex fiscal superior de Cataluña Martín Rodríguez Sol.
La Memoria reseña sobre esta Operación "las intervenciones procesales que dieron lugar a la elaboración de informes de inadmisibilidad en los procedimientos tramitados por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5 (PDF ns. 6/2022 y 7/2022); iniciados por asociaciones y personas relevantes relacionadas con el movimiento independentista catalán, impugnando supuestas actuaciones administrativas consistentes "en la monitorización al margen de las previsiones legales del movimiento independentista catalán".
Pide a Europol que corrija el término 'terrorismo'
Estos son los hechos que recoge la Memoria de la Fiscalía presentada hace cuatro meses. El Gobierno se ha movido a finales de septiembre para pedir a Europol que corrija un informe que tilda de terrorista al independentismo catalán y vasco.
El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), órgano del Ministerio del Interior, pidió por carta a Europol "clarificar la naturaleza de los extremismos violentos" para reparar lo que decía un error de ese organismo europeo en su informe anual TESAT sobre la situación del terrorismo en la UE. Publicado el pasado junio, incluye al independentismo catalán y vasco como parte de la amenaza terrorista en Europa.
Una misiva del director del CITCO, el general de la Guardia Civil Manuel Navarrete, dirigida a la directora ejecutiva de Europol, Catherin de Bolle, alertaba de que ese informe anual del organismo policial europeo incluye a los movimientos independentistas de Cataluña y País Vasco dentro del epígrafe "terrorismo y separatismo etnonacionalista".
La reparación de Europol fue a medias. El nuevo texto dice que "en España, los movimientos independentistas catalán y vasco son actualmente los más activos y violentos dentro del escenario separatista español", dentro del epígrafe Extremismo, en el capítulo "Terrorismo de izquierda y anarquista".
El fiscal General del Estado ha avanzado este jueves en TVE que ha contestado al Senado que no está entre su tareas jurídicas elaborar un informe sobre la ley de amnistía que le reclamaban desde diciembre, lo que no ha elevado al Consejo Fiscal. García Ortiz ha alegado además que la ley no está aprobada, pero a la vez ha desvelado que ha dado orden de que el Ministerio Público analice ya todas las causas a las que va a afectar.
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