La escena se repite constantemente. Un grupo de niños y jóvenes se acerca a un autobús español que quiere entrar en Melilla por la frontera de Beni Enzar, un polvorín diario. De pronto, uno de ellos abre la portezuela de los equipajes y se meten hasta cuatro en el maletero del bus.
Algunos intentan, incluso, agarrarse a los bajos del vehículo para terror de los que viajan en el bus. Sólo le separan del ‘paraíso’ (Melilla, España) unos 30 metros.
Los vehículos se paran para que los ciudadanos sellen sus pasaportes, y en esos momentos los menores aprovechan para asaltar los vehículos. La insistencia del conductor ante la policía marroquí hace que los agentes, porra en mano, disuelvan a los escondidos que salen volando y se pierden entre la frontera.
Esta escena se repite cada vez que un vehículo de transporte público quiere entrar en España. Pero también con cualquier disculpa.
Hace un tiempo, en un momento que parecía que la situación estaba relajada, hasta seis chavales pasaron a toda velocidad con sus motocicletas hasta que llegaron al otro lado donde fueron detenidos por la Policía española.
José Palazón, de la Asociación de Derechos de la Infancia (Prodein), lleva cerca de veinte años denunciando las violaciones de los derechos humanos que se producen en la frontera. El grado y número de golpes que se llevan los menores, en muchos casos niños, depende del humor del agente marroquí, señalan en la frontera.
Palazón no se atreve a decir el número de personas que viven en la calle en el otro lado. En Marruecos es normal que una familia abandone a estos niños. En otras ocasiones son ellos mismos quienes huyen de su casa para pasar a Melilla, aunque su objetivo no es la ciudad, sino la península.
Ayudan a cargar en puestos de fruta o tiendas a cambio de la comida, como si viviéramos en tiempos de la edad media"
Además de los menores en la frontera se pueden ver también a algunos de los subsaharianos que viven en el Monte Gurugú. Algunos incluso los está asimilando la propia población. “Ayudan a cargar en puestos de fruta o tiendas a cambio de la comida, como si viviéramos en tiempos de la edad media”, afirma un melillense acostumbrado a pasar por Beni Enzar.
Cientos en Melilla
Cuando los menores logran pasar a España empieza otra fase del problema. No se conoce la cifra exacta de los menores que viven en la ciudad autónoma. Algunos empiezan sus intentos por saltar a la península el mismo día de su entrada.
Los chavales acuden a la zona portuaria, de noche, e intentan burlar la vigilancia y colarse de la manera más rocambolesca en un vehículo de los que va a entrar en uno de los barcos que llegará a la península.
José Palazón afirma que la Consejería de Bienestar Social no da cifras sobre los menores que vagan por las calles o las truca. Pero la realidad es que hay un número de entre 30 y 100 chavales que no quiere acudir a los centros de protección y vive en la calle.
Algunas ONGs les dan de comer e incluso alguna, como Prodein, tiene un local en el que pueden descansar o recibir clases, además de tomar alimentos.
Muchos melillenses culpan a estos niños y jóvenes del aumento de la delincuencia en la ciudad y hay miedo a salir a pasear. Cuando alguien se toma algo en una terraza el primer consejo para el visitante es: “No dejes el móvil en la mesa”.
La realidad es que la situación en los centros de menores es explosiva. Coalición por Melilla anunció la pasada semana que denunciará a la Consejería de Bienestar Social por haber ocultado durante un mes el incidente en el que un empleado del centro La Purísima apuñaló a uno de los menores.
El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, ha solicitado más vigilancia privada y una patrulla de la Guardia Civil de forma permanente en la puerta
La noche del pasado miércoles otro menor resultó herido con una botella durante una pelea entre jóvenes en el centro de La Purísima. Esa misma semana otro chaval lanzó un bote de pintura a la cabeza de un vigilante. La tensión es máxima. Los incidentes son constantes.
Más vigilancia privada y una patrulla de la Guardia Civil
El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, ha solicitado más vigilancia privada y una patrulla de la Guardia Civil de forma permanente en la puerta, según informaba el ‘Faro de Melilla’. El consejero cree que la presión migratoria hace necesarias estas medidas.
Los trabajadores de este centro, una plantilla de 125 personas, decían hace unos días que se les está sometiendo a un “linchamiento indiscriminado”. Afirmaban que el centro está preparado para doscientos acogidos y hay seiscientos y el personal está calculado para trescientos. “La situación –señalaban- es ardua, compleja y propensa a generar situaciones de gran estrés y tensión cada día y cada hora, minuto a minuto”.
El Jefe Superior de Policia de Melilla, Francisco Rodríguez, dijo hace unos días que están hablando con las autoridades marroquíes para intentar repatriar a los menores y devolverlos a sus familiares. Se calcula que hay unos 440 niños con documentación marroquí en la ciudad. Nadie cree en esta iniciativa.
La llegada de la nueva delegada del Gobierno, Sabrina Moh, tras la elección de Pedro Sánchez como presidente, ha recrudecido la pelea política sobre el tema. Moh acusa de los problemas a la falta de decisión del anterior ejecutivo del PP y del actual consejero de Bienetar, Daniel Ventura.
Visita de Marugán
Hace unos días el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, visitó Ceuta y Melilla para “conocer de primera mano la situación actual de estas ciudades”, según explicaron desde la institución.
El Defensor –según la institución- mantiene abierta una actuación sobre este asunto con la Dirección Provincial de Educación de Melilla, tras conocer estos casos a través de la asociación Prodein"
Los escritos que el Defensor ha recibido desde Melilla “reflejan que la situación de los niños y niñas que vagan por sus calles es más preocupante, si bien el Defensor tiene esperanza en que el programa anunciado por la ciudad autónoma dé resultados en breve”, añadieron.
El Defensor ha formulado recomendaciones a la Consejería de Bienestar Social y a la Delegación del Gobierno para impedir que estos niños y niñas alcancen la mayoría de edad sin contar con la oportuna autorización de residencia y sin que se les haya expedido Tarjeta de Identidad de Extranjero.
La Asociación Prodein denunció a Fernández Marugán la situación de un grupo de niños y niñas nacidos en la ciudad, hijos e hijas de personas extranjeras en situación irregular, a los que no se les facilita la escolarización. “El Defensor –según la institución- mantiene abierta una actuación sobre este asunto con la Dirección Provincial de Educación de Melilla, tras conocer estos casos a través de la asociación Prodein”.
La asociaciones que fueron recibidas por Fernández Marugán agradecieron la visita a Melilla, pero pocos confían en que el Defensor del Pueblo logre resolver alguno de los graves problemas que tiene la ciudad.
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