España

El Gobierno contabiliza 1.357 menores no acompañados en Ceuta y Melilla

El Gobierno detalla en una respuesta escrita tramitada a través del Congreso de los Diputados y remitida al grupo parlamentario de Ciudadanos el número de menores extranjeros que hay en

El Gobierno detalla en una respuesta escrita tramitada a través del Congreso de los Diputados y remitida al grupo parlamentario de Ciudadanos el número de menores extranjeros que hay en Ceuta y Melilla: 1.357. Las cifras se remiten al pasado 23 de julio, después de que se produjera la entrada de casi 10.000 personas a Ceuta -muchos de ellos, niños- por vías irregulares, en un contexto de grave tensión diplomática con Marruecos. La respuesta, no obstante, no se ha recogido en el Boletín Oficial de las Cortes Generales hasta la semana pasada.

Los diputados de Ciudadanos Sara Giménez, Miguel Ángel Gutiérrez, María Muñoz y Carmen Martínez registraron el 29 de julio una batería de preguntas sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados en ambas ciudades autónomas. Incidían en que la situación que atravesaban ambas era “crítica”, con el episodio vivido en Ceuta como su “momento más angustioso”.

En concreto, desde el grupo parlamentario de Ciudadanos se requería al Gobierno información sobre el número de menores extranjeros no acompañados que había en las dos ciudades autónomas, así como la situación en la que se encontraban y los contactos con Rabat para la repatriación de aquellos que habían accedido a Ceuta en la gran entrada del pasado mes de mayo.

En su respuesta, fechada el 23 de septiembre e incluida en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado 4 de octubre, el Gobierno asevera la “obligación” que tiene España de “proteger a cada niño, niña y adolescente que se encuentre en su territorio”, independientemente de su “situación migratoria” o el “modo” en el que haya llegado.

Las cifras en Ceuta y Melilla

“Según los datos facilitados por el Área de Menores de Ceuta el pasado 23 de julio, se informa que había 889 personas menores de edad extranjeras no acompañadas acogidas en sus unidades. En cuanto a la Ciudad Autónoma de Melilla, según los datos facilitados por la Sección de Protección de Menores de la Dirección General del Menor y la Familia, cabe añadir que a fecha del pasado 31 de julio el número de personas menores de edad no acompañadas acogidas es de 468”, detalla el Gobierno en su respuesta remitida a los diputados de Ciudadanos.

En total, 1.357 menores no acompañados en Ceuta y Melilla. El Gobierno alude al sistema de protección y a la infancia para detallar que todos ellos tienen “derechos a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas en las mismas condiciones que los menores españoles”.

Sobre las gestiones con Marruecos para la repatriación de los menores no acompañados, el Ejecutivo señala que “no pueden ser objeto de procedimiento de devolución o expulsión por estancia irregular” al no haber alcanzado la mayoría de edad. El único modo para que vuelvan al reino alauí es mediante reagrupación familiar o con la puesta a disposición del menor ante los servicios de protección de menores “si se dieran las condiciones adecuadas para su tutela por parte de los mismos”.

Hasta el momento no hay cifras oficiales sobre cuántas personas entraron por vía irregular en Ceuta en los episodios vividos el pasado mes de mayo, que obligó al despliegue del Ejército en el perímetro fronterizo. Todo ello en un contexto de grave crisis entre Madrid y Rabat, con la entrada de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, en España, y la posición de una parte del Gobierno -la representada por Unidas Podemos- para la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara occidental. Tensiones que a la postre se cobraron el puesto de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y el posterior nombramiento de José Manuel Albares al frente del departamento.

La repatriación de los menores a Marruecos dio paso a dos procedimientos judiciales que aún hoy se mantienen abiertos. Uno en la Audiencia Nacional contra el Ministerio del Interior y otro en Ceuta contra la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma. Los jueces tratan de dirimir si la decisión de entregar a los menores al reino alauí se hizo conforme a la ley.

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