Al borde del cierre, pero salvada sobre la campaña. La agencia de detectives Método 3, cuatro de cuyos empleados fueron detenidos este lunes por su implicación en las escuchas ilegales a la lider del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, estuvo a punto de ser cerrada en 2011 después de que la Unidad de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía en Barcelona detectase supuestas irregularidades en sus actividades durante una inspección rutinaria. Así lo han confirmado a Vozpópuli fuentes policiales, que destacan que el expediente fue abierto por "faltas muy graves" a la Ley de Seguridad Privada y remitido al Ministerio del Interior como es preceptivo para que éste impusiera la sanción. Allí, finalmente, quedó archivado y sin efecto.
La Ley de Seguridad Privada considera falta "muy grave" la negativa a entregar a la Policía el obligatorio libro de registro de clientes. Método 3 se escuda en su supuesta pérdida por una inundación para no hacerlo desde 2012
Siempre según estas fuentes, la inspección fue realizada en mayo de 2011, cuando el titular del departamento era Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque su archivo se produjo ya con Antonio Camacho como ministro. El autor del supuesto archivo fue el número 2 del departamento, el secretario de Estado de Seguridad, Justo Zambrana, responsable de determinar las sanciones en estos casos. La Unidad de Seguridad Privada nunca supo lo motivos de la paralización del expediente. Según la Ley de Seguridad Privada, son consideradas faltas "muy graves" media docena de infracciones, cuya sanción va desde una multa de 30.000 euros a la retirada de la licencia para ejercer la actividad. Entre las irregularidades que merecen tal calificación se encuentra "la negativa a facilitar la información de los libros de registro" donde todas las agencias de detectives deben reflejar las investigaciones que llevan a cabo así como quiénes son sus clientes.
Esta fue, precisamente, la excusa que esgrimió el pasado viernes Francisco Marco, director de la agencia, cuando acudió a la Policía a prestar declaración voluntaria sobre el escándalo del espionaje a los partidos para no entregar los registros donde supuestamente se debe recoger todas las pesquisas emprendidas por sus trabajadores en los últimos años. Marco, que echó la culpa a dos exempleados de la filtración de lo que calificó de expedientes falsos, aseguró que no podía facilitar a los agentes el obligatorio libro de registro sobre las actividades que realizó Método 3 en julio de 2010, fecha de las supuestas escuchas ilegales a Sánchez-Camacho, porque éstos se habían perdido en una inundación. No era la primera vez que responsables de la agencia esgrimían este argumento para no facilitar dicha documentación a la Policía ni tampoco la primera que los agentes no se la creían.
El antecedente de 2012
De hecho, un año después de que se iniciara el expediente que finalmente fue archivado, la Policía había vuelto a tener problemas con la agencia Método 3 por su negativa a facilitar dichos registros. Fue en mayo de 2012, en el transcurso de la llamada Operación Pitiusa, que desmanteló una red de tráfico de datos en la que estaban implicadas 135 personas de toda España, entre ellos numerosos detectives privados. Entre los arrestados entonces se encontraban dos empleadas de la misma, las hermanas Elisenda y Carina Villena Barjau. La primera es una de las personas detenidas el pasado lunes por las escuchas a la líder regional del PP .Tras aquel golpe policial, los responsables de la investigación exigieron a las dos detenidas la entrega del libro de registro de clientes de la agencia. Desde el primer momento, se negaron a hacerlo así como a responder a las preguntas de los agentes. Incluso, una de ellas, Carina, presentó un escrito ante la Policía en el que se escudaba en el "deber de secreto profesional y reserva" que tienen los detectives para no facilitar "dichos datos a terceros".
Días después, los responsables de la agencia cambiaron de estrategia ante la insistencia de la Policía para que facilitaran dicho libro. La directora de la agencia y madre de Francisco Marco, María Fernández Lado, presento a los responsables policiales un escrito en el que alegaba que dicha documentación se había perdido en una inundación que habían sufrido las oficinas de la agencia "de principio (sic) de octubre y mediados de noviembre de 2011". María Fernández, a quien desde las filas de CiU relacionan sentimentalmente con uno de los hermanos de Alfredo Pérez Rubalcaba, detalló entonces que se "inundó el almacén de Método 3 en Avenida Diagonal 520 destruyéndose multitud de información, material y, entre otros enseres, los libros de registro de policía". Como prueba de ellos, incorporaba "la información oficial de la comunidad de propietarios". Un informe policial incorporado al sumario de la Operación Pitiusa ya calificaba entonces dicha excusa como una "maniobra para destruir pruebas" y califica la actitud de los responsables de la agencia de "falta de colaboración". Aquellos registros estaban considerados como "necesarios y, posiblemente en algunos casos, determinantes" para concluir la investigación sobre la trama. Finalmente, y como había ocurrido en mayo de 2011, no se actuó contra la agtencia.
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