Dos semanas antes de las elecciones municipales de 2015, en Capellades, un pequeño municipio de Barcelona, un Citröen Xantia de color gris se estrelló contra un árbol. Del vehículo, que quedó siniestrado, salió una conductora. Los vecinos llamaron a la Policía Local, que se presentó en el lugar del suceso y levantó el atestado pertinente. Desde entonces, el jefe de los agentes municipales ha vivido un auténtico “infierno”.
La mujer identificada resultó ser Susana Moreno Blanco, concejala de la CUP en la oposición por entonces. Dos semanas después del accidente, en la que la regidora dio 1,18 miligramos de alcohol por litro de sangre, su partido ganaba los comicios, consiguiendo gobernar.
“Me pidieron que le quitase la multa, que la denuncia nunca se debió producir”, manifiesta el jefe de la policía de la localidad, Miguel Hernández, a este periódico. El que fue elegido alcalde de la CUP, Aleix Auber, presionó al protagonista de esta historia para que retirase esa “y otras denuncias”, algo a lo que Hernández. se negó.
Con 30 años en el Cuerpo y antes destinado como jefe en Calafell, tuvo que soportar un año y medio de suspensión de empleo y sueldo. “Tuve que ver como dos subalternos míos me escoltaban para que dejase la pistola, la placa y para que no me llevase nada de mi despacho”. Con tres expedientes disciplinarios por su desavenencias con el Ayuntamiento y 14 denuncias a sus espaldas, finalmente ganó en el Juzgado de lo contencioso administrativo número 12 de Barcelona su primera batalla, aunque la guerra continúa.
La Justicia le da la razón
La jueza le dio la razón en diciembre de 2017 y obligó al Consistorio a readmitirlo en su puesto de trabajo y a devolverle todas sus nóminas que le fueron retiradas durante 18 meses. Sin embargo, Hernández no volvió a su puesto hasta junio de 2018. Durante todo ese tiempo, y hasta en tres ocasiones, le dijeron por escrito que le pagarían sus nóminas si renunciaba a su plaza y se marchaba del lugar. Aguantó.
Las deudas que ha contraído durante todo el tiempo que estuvo apartado de la Policía Local le llevaron a tener que dar su casa al banco y a vender su coche. Para pagar todo lo que debe, el Ayuntamiento le embarga cada mes 1.800 euros de su nómina. Apenas le llegan 200 a su cuenta.
Desde que regresó no ha podido desarrollar sus labores como jefe de la policía Local. Trabaja con un ordenador sin programas y en una silla rota. “Un Agente afín a la CUP está dirigiendo la Policía sin tener el cargo”, afirma.
Cáritas
En casa de Hernández son cinco. Él, su mujer y tres hijos. Ella no trabaja, por lo que hacen verdadera piruetas para llegar a fin de mes. Cuando estuvo suspendido llegó a acercarse a Cáritas: “Me daban un poco de leche, arroz y algunas legumbres. Tuve que recurrir a amigos y familiares para poder subsistir”, afirma.
Tuvieron que abandonar su hogar para instalarse en una nueva casa donde residen pagando un alquiler con ayudas externas. Pero la presión de los grupúsculos independentistas continúa allá donde van. “Nos han pintado la puerta y el coche con amenazas de muerte”.
Reunión con el nuevo alcalde
Las últimas elecciones, las del 28 de mayo, han cambiado el panorama político en el Ayuntamiento de Capellades. ERC ha ganado las elecciones con cinco concejales, y la CUP se ha quedado en tres. El pleno municipal lo completan el PDeCAT con dos representantes, los mismos que tiene el PSC y uno de Ciudadanos. La mayoría está en siete.
La ley obligó al candidato de ERC a tomar posesión, pero el resto de carteras no están repartidas por el bloqueo institucional. El martes de esta semana, Hernández inicio una sentada con pretensiones de huelga de hambre enfrente de la puerta consistorial. El nuevo alcalde no le hizo mucho caso al principio, aunque estuvo allí desde las nueve de la mañana.
“A las 9 de la noche, después de estar todo el día al sol, se dignó a recibirme. Me pidió tiempo para ver cómo se conforma el Ayuntamiento y poder estudiar mi caso”, explica, a lo que añade que “sé que lo que quieren es que abandone, que me marche, pero pienso resistir”.
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