Miguel Ángel Flores, el principal imputado por la muerte de cinco jóvenes en el Madrid Arena el 1 de noviembre de 2012, quiere irse de vacaciones a la playa. En concreto, a Marbella y durante tres semanas. Así se lo ha hecho saber al juez Eduardo López Palop, a quien el empresario ha dirigido un escrito en el que le solicita que le exima de comparecer a diario en su juzgado, como está obligado desde mayo, y le permita hacerlo en un órgano judicial de la ciudad malagueña donde reconoce quiere desplazarse por motivos "vacacionales". El magistrado, que accedió en un primer momento a la petición, ha terminado dando marcha atrás después de que las acusaciones particulares que representan a las familias de las cinco jóvenes fallecidas en el suceso y la Fiscalía se opusieran radicalmente a la medida. "No es en modo alguno necesario que el mismo se ausente de Madrid únicamente por razones de ocio o vacación", concluye el juez en el auto dictado este jueves con el que ha modificado su primera decisión.
El abogado de Flores justifica que éste no concretara en su petición el lugar de residencia del empresario en la Costa del Sol en el hecho de que el juzgado tiene su número de teléfono móvil y podría localizarle con una llamada
Flores, que fue quien organizó la trágica fiesta y al que se acusa de estar presuntamente tras la sobreventa de entradas que provocó el exceso de aforo, se encuentra en libertad provisional bajo fianza y con la obligación de comparecer en el juzgado todos los días, incluidos fines de semana y festivos. Hasta mayo, esta última medida era menos rigurosa y sólo debía ir a firmar los 8 y 22 de cada mes. Sin embargo, el empresario quebrantó entonces esta medida cautelar y el juez ordenó su busca y captura. La Policía terminó arrestándole en un gimnasio de la capital donde entrenaba. Flores no fue capaz de justificar por qué no había cumplido a rajatabla dichas comparecencias y el magistrado terminó endureciendo la medida con personaciones diarias ante el riesgo de fuga. Las acusaciones que pesan sobre él pueden suponer una petición de condena de hasta 18 años de cárcel.
En el escrito en el que solicitaba poder irse de vacaciones, Flores proponía al juez seguir cumpliendo con el requisito de la comparecencia diaria ante los juzgados de Marbella entre el 4 y el 25 de agosto, las tres semanas que pretendía pasar en la ciudad malagueña. No obstante, el imputado no facilitaba ningún domicilio donde pudiera serr localizado ya que, según destaca un escrito posterior de su abogado, "el juzgado conoce el teléfono móvil del cliente con el que se podría poner en contacto ante la necesidad de que compareciera a su presencia". En dicho escrito, el letrado del empresario reconocía que el motivo del desplazamiento no es otro que el "vacacional" e insistía que dado que sobre él no pesa la prohibición de circular por España, considera que no tiene "que justificar nada más mientras permanezca en territorio nacional". "Es más -continúa el escrito de su defensa- si mi representado fuera a Málaga todos los días y volviera a firmar en el Juzgado, conforme a lo acordado, ningún impedimento existiría".
El ejemplo de Antonio Anglés
El representante legal de Flores incluso se permite ironizar sobre las alegaciones de las familias de las víctimas, que habían recurrido la decisión del juez de autorizar su desplazamiento en el hecho de que Málaga, como cualquier otra provincia costera, era un lugar idóneo para abandonar el país por vía marítima. Éstas ponían al magistrado el ejemplo de uno de los autores del crimen de Alcásser, quien escapó a bordo de un barco que partió desde Lisboa y del que nunca más se supo. Sin embargo, por error éstas hablaban en su recurso de Miquel Ricart (el único condenado por aquellos crímenes) y no de Antonio Anglés, que fue quien escapó de aquella manera. Este detalle es utilizado por el letrado de Flores para ridicular la que califica de "peregrina" argumentación y el "desafortunado paralelismo", a la vez que pide a sus colegas de las acusaciones "un poco de mayor rigor". En este sentido, incluso muestra cierto sarcasmo al asegurar que "si la intención real de mi patrocinado fuera la de huir del país, le bastaría con firmar en Madrid y dirigirse ya no a Málaga o a Gibraltar, sino a Portugal, Andorra, etc, lugares a los que fácilmente se podría llegar en menos de las 24 horas siguientes de las que le impone su obligación de firmar en la capital".
El magistrado, que había autorizado en un primer momento el desplazamiento del empresario, reconoce ahora que el mismo no está justificado y que, por tanto, Flores debe seguir compareciendo en los juzgados de Madrid a diario
Finalmente, el juez López Palop ha dado marcha atrás a su decisión de autorizar el viaje "vacacional" de Flores a Marbella en un auto en el que destaca dos motivos para hacerlo. Por un lado, el hecho de que los juzgados de Marbella carecen del sistema informático LIBE, que hubiera permitido desde Madrid comprobar en el acto si el empresario cumplía rigurosamente con la obligación de sus comparecencias diarias en la localidad malagueña. Y en segundo, en el argumento esgrimido por la Fiscalía de que el desplazamiento de Flores a la Costa del sol no está justificado por un "fallecimiento, enfermedad grave u otro motivo personal o famililar relevante en la vida del señor Flores". Es por ello, que López Palop corrige su primera decisión, y le obliga a comparecer diariamente en los juzgados de Madrid con la advertencia expresa de que en caso no hacerlo, "se ordenará su inmediato ingreso en prisión".
El escrito del juez contiene, además, una segunda advertencia al empresario, en este caso relativo al importe de la fianza que le impuso para permanecer en libertad y, en concreto, sobre las propiedades que había presentado como aval para respaldar la misma. Según detalla el magistrado, las tierras en la provincia de Castellón que Miguel Ángel Flores puso como garantía para respaldar el incremento de 100,000 euros que el juez le impuso a la primera fianza de 200.000, "no alcanza ni los 15.000 euros”, según el perito al que el magistrado pidió una tasación. Por ello, el juez López Palop le da cinco días de margen para que aporte los 100.000 euros. Si no lo hace, le avisa de que "ordenará su inmediato ingreso en prisión sin más citarle ni oirle". Las vacaciones las pasaría entonces entre rejas.
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