El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, desarrolla esta semana agenda en Gambia y Senegal para tratar de poner coto en origen a la oleada de cayucos que arriban de forma incesante a las costas canarias. La pasada semana fue a Cabo Verde. Por Mauritania, Albares solamente ha sobrevolado la capital Nuakchot, porque este próximo sábado 29 de junio hay elecciones presidenciales y cualquier cosa puede ocurrir en ese polvorín donde el presidente, Mohamed Ould Ghazouani, considerado el gran favorito, se la juega frente al líder antiesclavista Biram Abeid Dah y el jefe del partido islamista (Tawassoul), Hamadi Ould Sid'el Moctar.
El jefe de la diplomacia española tampoco acudirá a Guinea Bissau, que este junio ha cerrado parte de su frontera con Senegal por los enfrentamientos entre las dos comunidades musulmanas en el sur de Senegal con el califa Thierno Amadou Tidiane Ba. Tras Bissau está Gambia, donde la Marina de este país detectó esta semana un cayuco con 66 pasajeros rumbo a Canarias y donde el problema además de las mafias migratorias se dedican igualmente al tráfico de cocaína, metanfetamina, tramadol y distintas variedades de cannabis como el 'kush' y el 'skunk'.
Las reuniones en Dakar van en la misma línea: cooperación a cambio de frenar el bombeo de la inmigración ilegal.
Y es que la agenda de Albares en todo el entorno africano tiene mucho que ver con Canarias porque sus fronteras marítimas son porosas: entre enero y marzo de este año, 13.115 inmigrantes llegaron a las islas de manera irregular después de atravesar en barco desde las costas de África occidental. La cifra supone un aumento exponencial, nada menos que del 502% sobre 2023, en la llegada de inimigrantes en situación irregular.
Ocho mil kilómetros de costa
Mientras Albares hace el trabajo por África occidental en busca de compromisos de vigilancia de nada menos que ocho mil kilómetros de costa, las autoridades isleñas, con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC) al frente, van firmando proyectos de cooperación (donde hasta el Cuerpo Nacional de Policía participa directamente en un área que abarca Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Santo Tomé y Príncipe, Cabo Verde, Senegal y Mauritania) para ejecutar proyectos como Canaragua Agbar, FCC Aqualia o Gestagua. En total 169,9 millones de euros procedentes del FEDER, que con la cofinanciación nacional se eleva a casi los doscientos millones.
Estos proyectos, participados por la Comisión Europea y los propios países africanos se marcan el objetivos de innovar, mejorar la competitividad, contribuir a la transición ecológica, luchar contra el cambio climático y gestionar con mayor eficacia la migración.
En materia de cooperación policial Senegal permite a España patrullas conjuntas para frenar la inmigración ilegal y también otros delitos relacionados con el narcotráfico. En octubre de 2023 Madrid envió seis drones multicópteros para garantizar un control óptimo de los flujos migratorios especialmente diseñados para la detección de salidas de embarcaciones con fines de interceptación. En octubre pasado España desplegó un avión CN-235 de la Guardia Civil en Dakar para patrullar las costas de Senegal y Mauritania, de donde proceden la mayoría de pateras interceptadas rumbo a Canarias.
Intereses franceses y chinos en la zona
A Francia, esto de que España esté en la cocina de sus intereses en África occidental le genera algunas contradicciones y China, con crecientes intereses en la zona, tampoco está por la opción de cruzarse de brazos. A 45 millones de euros se suma el contrato con el que Senegal se ha comprometido con la firma del general Moussa Fall con el grupo chino Norinco destinados a la compra de drones de hélice Golden Eagle CR500 para evitar salidas al mar en cayucos. Norinco comparte la comercialización en Senegal con el fabricante francés de drones Eos Technologi. Esa sociedad es Defact Response, que tiene como dueño al que fuera número principal mando de la marina senegalesa, el contraalmirante Momar Diagne.
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