El Ministerio del Interior tendrá que devolver a los funcionarios la parte proporcional de la paga extraordinaria suprimida en diciembre de 2012 en el decreto de recortes del Gobierno. Según ha informado ‘El País’, el Juzgado Central de lo contencioso administrativo número 4 de Madrid ha ordenado al ministerio que “le sea abonada la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de junio hasta el 14 de julio de 2012, así como la parte proporcional del complemento específico y demás cantidades que deberían abonarse junto con la paga extraordinaria”.
Hasta la fecha, ningún tribunal había dictado sentencia contra la Administración General del Estado (AGE), habiéndose limitado las decisiones judiciales a los empleados públicos de administraciones locales o regionales, según admiten desde el sindicato CSIF.
La resolución dictada el pasado 30 de enero da la razón a un funcionario del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, dependiente de Interior, que solicitó en septiembre de 2012 el cobro de la parte proporcional de la paga extra antes de la entrada en vigor del decreto del Gobierno. El justifica su decisión de dar la razón al empleado público alegando que “la paga extraordinaria es un concepto retributivo fraccionable”.
Fue en julio de 2014 cuando el Gobierno de Rajoy suprimió la paga de Navidad a todos los funcionarios y empleados públicos de todas las administraciones con el objetivo de ahorrar en torno a 5.000 millones de euros. El plan del Ejecutivo pasaba por restituir la cantidad correspondiente a la paga extra a partir de 2015, mediante su ingreso en los planes de pensiones de los funcionarios. Sin embargo, la complejidad del sistema de empleo público -donde se encuentran funcionarios, interinos, laborales y eventuales- dificulta su puesta en marcha.
El Juzgado censura “la aplicación retroactiva del Real Decreto porque contravendría los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima”. La sentencia, que es firme y no admite recurso, rechaza la cuestión de inconstitucionalidad dado que “el decreto 20/2012 no puede afectar al derecho consolidado de percepción de la paga extraordinaria devengada parcialmente hasta la fecha en que el mismo entró en vigor".
El CSIF celebra esta sentencia inédita
Desde el CSIF, uno de los sindicatos más representativos de las Administraciones Públicas, celebran la decisión. "La sentencia supone el colofón de una cadena de pronunciamientos judiciales a lo largo y ancho del Estado y tiene una gran relevancia desde el punto de vista jurídico", aseguran. "De entrada, los criterios de la sentencia serían aplicables al conjunto de funcionarios de Interior, es decir, Policías, Guardias Civiles, Funcionarios de Prisiones y administrativos, entre otros. Y desde luego, al resto de los funcionarios de la Administración General del Estado", añade.
CSIF opina que “el Gobierno ya no tiene ninguna excusa para devolver la paga extra, por lo que ha reclamado una convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas, para generalizar esta devolución al conjunto de los empleados públicos de España”.