La grabación de la conversación entre el entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos, el comisario Marcelino Martín-Blas, varios agentes de su unidad y dos del CNI, en el transcurso de una reunión para tratar sobre la investigación a que era sometido Francisco Nicolás “el pequeño Nicolás”, tuvo lugar entre las 17,30 y las 18,45 horas del día 20 de octubre de 2014 y su contenido fue difundido fechas después por varios medios de comunicación.
Durante la investigación de Martín-Blas para averiguar quién estaba tras la grabación y posterior difusión de la misma, las pesquisas se centraron en el tráfico de llamadas de los periodistas Esteban Urreiztieta y Eduardo Inda, entonces en el diario El Mundo, que desvelaron la existencia de la grabación ilegal y entregaron una copia de la misma a la Policía. El primero de ellos señaló, además, que la misma le había sido facilitada por una persona del Ministerio del Interior, sin más concreción.
El control del tráfico de llamadas de los periodistas para detectar a su interlocutor de Interior hizo que llamaran especialmente la atención de los investigadores varias llamadas entrantes y saliente de Urreiztieta con el teléfono 679 789789 el día 17 de noviembre, el mismo día en que tanto él como su compañero se reunieron con 'el pequeño Nicolás' en el Canal Isabel II y le trasladaron la existencia de la grabación de los mandos policiales en la que quedaba constancia de que tenía el teléfono intervenido. Llamadas que se suceden con frecuencia en días en los que se publican noticias en referencia a la grabación o en días próximos.
El comisario utilizó un teléfono a nombre del ciudadano uruguayo Martín Reyes Villa, que no ha estado nunca en España, para tener contactos con periodistas
Tras las oportunas consultas con Telefónica, a la que correspondía la línea del citado número, los investigadores descubrieron que se trataba de una tarjeta prepago a nombre del ciudadano uruguayo Martín Reyes Villa, de quien se solicitaron datos al consulado de aquel país, comprobando que en la fecha en que se adquirió el teléfono no se encontraba en España. “Consultadas las bases policiales, por las entradas y salidas del territorio español de Martín Reyes Villa, con los datos existentes, no figura que haya estado en España en ningún momento (…) por lo que parece probable que el contrato a nombre de Martín Reyes Villa se haya realizado de manera fraudulenta”, señala un informe incorporado al sumario.
Indicios.
Del análisis del posicionamiento del teléfono y del tráfico de llamadas los investigadores llegaron a la conclusión de que “su usuario habitual es el comisario José Manuel Villarejo Pérez”, de quien Martín-Blas sospecha está relacionado con la grabación ilegal, sobre la que tendrá que declarar el próximo lunes 27 como imputado. Del análisis de posicionamientos la Unidad de Asuntos Internos comprobó que durante el día la mayoría de las conexiones se repartían entre las antenas que dan cobertura al domicilio del comisario Villarejo en Boadilla del Monte, y a sus empresas en la Plaza Pablo Ruiz Picasso nº 1 de Madrid. Además, realizó el mismo recorrido a Barcelona los días 12 y 13 de diciembre de 2014 que otros dos teléfonos que el comisario utiliza para comunicarse con su familia y para su actividad profesional.
Asimismo, los investigadores acreditaron que entre el 14 de octubre y el 24 de diciembre de 2014 mantuvo 66 comunicaciones con el teléfono de Urreiztieta y una con el de Inda. Los investigadores señalan también que el propio Villarejo reconoce que utiliza dicho teléfono en un escrito de alegaciones presentado en el juzgado de instrucción nº 39 de Madrid. Los agentes cotejaron también si la firma de Martín Reyes recogida en su pasaporte se correspondía con la existente en el contrato del teléfono, comprobando que no tenían nada que ver una y otra.
En un oficio remitido por la Policía al juzgado de Instrucción nº 2 de Madrid, que lleva la investigación, se señala que “otro aspecto de interés en la investigación radica en la figura de Martín Reyes Villa, que pudiera ser una identidad usurpada por el comisario José Manuel Villarejo, ya que fue usuario de una línea telefónica a su nombre”. Otro informe incorporado al sumario señala que “la utilización de teléfonos a nombre de otras personas o sociedades para que no puedan ser relacionados y usar cada línea para contactar con personas determinadas, es una medida de seguridad adoptada en el mundo delincuencial y propia del crimen organizado”.
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