La demanda fue presentada el pasado día 1 por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP), la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), pero ha venido precedida de once denuncias ante distintos organismos del Ministerio del Interior desde el año 2005 que no han sido atendidas por éste, según los demandantes, que aluden a la muerte de dos funcionarios en acto servicio que no estaban provistos de este elemento de protección, uno en Málaga en febrero de 2015, que fue apuñalado, y otro en el transcurso del atraco a una entidad bancaria en Vigo en diciembre de 2014. En el expediente interno de investigación de lo ocurrido se señala en sus conclusiones que "ante hechos similares se recomienda la utilización de chalecos antibalas y/o antipunzón".
“Desde el año 2005 se ha denunciado por escrito la falta de medios materiales para los funcionarios de la Policía Nacional –dice la demanda-, al objeto de garantizar la seguridad y salud de los mismos en su labor diaria, tal y como determina la normativa vigente de Prevención de Riesgos Laborales”. En todos los casos las reclamaciones recibieron por contestación que no había existencias suficientes para dotar a cada agente de un chaleco. Un portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), señaló a este diario que aunque ellos no han demandado al ministerio en los tribunales comparten la reivindicación de sus compañeros y han protagonizado numerosas iniciativas para que se les dote de esta prenda de manera individual.
El desembolso para adquirir un chaleco individual para cada agente de la Policía y la Guardia Civil ronda los 37 millones de euros
El precio medio de un chaleco antibalas ronda los 400 euros, según las fuentes sindicales consultadas, lo que elevaría a 37 millones de euros el desembolso necesario para dotar de esta prenda a los aproximadamente treinta mil agentes de policías que carecen de él y los 63.000 miembros de la Benemérita que están en la misma situación. Tanto los sindicatos de Policía como las asociaciones de la Guardia Civil reclaman que el chaleco forme parte de la dotación que se da a cada funcionario cuando salen de la academia.
La demanda sindical señala que en diciembre de 2014 el Director Adjunto Operativo (DAO) emitió una circular sobre la obligatoriedad del uso del chaleco antibalas, estableciendo la preferencia en la asignación individual de los mismos a los funcionarios que prestan servicio en la prevención de la delincuencia. Dicha circular establecía que las plantillas que no contasen con dicha prenda para cada policía debían tener una cantidad suficiente para su utilización colectiva, “teniendo en cuenta que los vehículos con distintivos policiales deberán contar, en todo caso y como dotación obligatoria de los mismos, de tantos chalecos como ocupantes tenga el vehículo”.
Proposición no de ley de Podemos
La reclamación de los funcionarios ha sido apoyada esta semana por el Grupo Parlamentario de Podemos con la presentación en el registro del Congreso de una proposición no de ley que alude a las situaciones de riesgo en que se ven inmersos los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado en el desempeño de su trabajo. La formación morada señala que actualmente nos encontramos en nivel de alerta 4 sobre 5, “lo que evidencia que el propio Gobierno es consciente de que existe un riesgo alto” y recuerda que “la Administración tiene la obligación de velar por la salud de sus trabajadores, y en el caso de las FCSE también, y así lo ha dejado claro, en el caso de la Guardia Civil, el Tribunal de Justicia Europeo en sentencia de enero de 2006”.
La proposición no de ley, de la que es promotor el diputado Juan Antonio Delgado, exportavoz de AUGC, insta al Gobierno a “tomar las medidas necesarias para dotar a los agentes de chalecos antibalas como dotación individual al salir de la academia”.
