La minoría conservadora del Tribunal Constitucional (TC) ha emitido un duro voto particular contra la sentencia que avala la 'ley rider' del Ejecutivo en el que advierten del "uso abusivo" del decreto-ley. Los cuatro magistrados que integran el bloque conservador determinan en su escrito que esta norma es un ejemplo más del abuso de Moncloa con esta figura que no se puede entender como un "cheque en blanco".
El voto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, determina que la potestad de un Gobierno para dictar decretos-leyes es "excepcional" y solo se justifica cuando se acredita que la regulación inmediata es inaplazable. "Ni siquiera a través del procedimiento de urgencia puede hacerse por el poder legislativo", reza el voto que firman los magistrados Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Ricardo Enríquez.
"Ni el Gobierno comparte el poder legislativo con las Cortes Generales, ni el decreto-ley es una alternativa a la ley. La anomalía en el sistema de fuentes y de separación de poderes que supone el uso del decreto-ley explica que en su configuración el constituyente lo haya diseñado como una facultad normativa excepcional, no como una suerte de cheque en blanco al Gobierno que le permita a este compartir la potestad legislativa con las Cortes Generales.
Nuevo aviso contra el rodillo legislativo
Los magistrados recuerdan que no es la primera vez que aluden al rodillo legislativo del Gobierno de Pedro Sánchez. Ya en marzo emitieron otro voto particular contra el criterio de la mayoría progresista en relación con un decreto de igualdad laboral entre hombres y mujeres que aprobó Moncloa en 2019. En aquel voto explicaron que debió estimarse el recurso de inconstitucionalidad del PP porque no justificaron la urgencia para actuar con decreto-ley.
En este caso el bloque conservador discrepa del criterio del TC de Cándido Conde-Pumpido en lo que respecta a la 'ley rider'. La mayoría progresista avaló la semana pasada el Decreto-ley 9/2021, por el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez modificó el Estatuto de los Trabajadores para regular los derechos de los 'riders'. La norma obtuvo el respaldo de seis de los siete magistrados progresistas ya que Juan Carlos Campo se abstuvo.
El Partido Popular y Vox impugnaron el Real Decreto al considerar que Moncloa abusó de esta figura y ahora el voto particular entiende que se les tendría que haber dado la razón. Al respecto apelan al artículo 86.1 de la Constitución que determina que el Gobierno puede dictar estas disposiciones en caso de "extraordinaria y urgente necesidad".
Sin razones de urgencia
"El concepto de 'extraordinaria y urgente necesidad' no es, en modo alguno, como este Tribunal ha advertido en repetidas ocasiones, 'una cláusula o expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueva libremente sin restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación de un límite jurídico'", determinan.
Al respecto explican que el TC debe verificar si las razones aportadas por el Gobierno en la exposición de motivos del decreto-ley impugnado justifican o no la urgencia a la que se alude. Sobre eso lanzan un aviso acerca de que el Constitucional no puede sustituir al Ejecutivo en la justificación de motivos, sino que es algo que debe hacer Moncloa.
"Por tanto, el Tribunal ha de comprobar que existe realmente una situación determinada como caso de extraordinaria necesidad, de tal naturaleza que no pueda ser atendida mediante una ley, ni siquiera acudiendo a la vía del procedimiento legislativo de urgencia. Lo que implica que el Gobierno debe justificar por qué en le caso concreto no era posible acudir al procedimiento legislativo para atender esta situación, concluyen.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación