"Pucherazo", "manipulación", "ayuda", "amaño" o "Indra está con la derecha". Cualquiera de estas frases se puede leer de forma frecuente en Twitter o en Facebook. Numerosas cuentas en las redes sociales, muchas de ellas anónimas, tratan de convencer a los ciudadanos españoles de que la presencia de esta multinacional española en la comunicación de los resultados electorales del 10-N podría acabar en una manipulación del resultado electoral.
¿Es posible que una empresa manipule las elecciones? Según Javier Rojo Fernández, jefe de seguridad de la Administración del Principado de Asturias, estas acusaciones "no tienen fundamento alguno". Este experto en ciberseguridad pone de manifiesto que estas firmas, [como es el caso de Indra] "no cuentan votos, ayudan, en todo caso, a que los resultados se distribuyan pronto y sin errores".
"En una democracia real no deberíamos perder energías en dudar de los resultados numéricos que se obtienen, sino en valorar las formas en que alguno de esos votos han sido fruto de un proceso virulento de manipulación o desinformación", destaca este empleado del Ejecutivo asturiano.
En España los resultados electorales los suministran las autoridades de mesa en presencia de los representantes de los diferentes partidos políticos. En conclusión, para manipular un resultado electoral habría que convencer a miles de autoridades de mesa, pero también a miles de representantes de todos los partidos políticos que acuden a los colegios electorales.
Pérdida de confianza
Por ello, completa Javier Rojo Fernández, el riesgo solo podría existir "si de alguna forma se consigue difundir a lo largo del proceso de conteo algún tipo de valor erróneo que deba ser luego corregido o rectificado, y que ello genere un problema de pérdida de confianza en la ciudadanía, alimentando dudas o quejas posteriores, quizás interesadas, sobre lo limpio del proceso".
En este sentido, un portavoz de Indra a preguntas de Vozpópuli asegura que la firma tecnológica está aplicando "las máximas medidas de seguridad en las diferentes tareas relacionadas con los resultados provisionales de las elecciones del 10 de noviembre".
Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado a este diario que Indra y funcionarios de este departamento se han venido reuniendo en las últimas semanas, a semejanza de lo que se hace en todos los comicios, para organizar la seguridad en el traslado de los datos durante la noche electoral.
Actitud "conspiranoica"
Por eso Rojo Fernández cree que alimentar la idea de pucherazo es una actitud "conspiranoica". "Que se ataque en el día de las votaciones o en días previos las webs de medios de prensa, de partidos políticos o de instituciones públicas puede ser una realidad, pero que ello altere finalmente la calidad del proceso democrático lo encuentro imposible", sostiene este funcionario.
Rojo recuerda que "una elección y el recuento de votos no deja de ser un proceso manual, bien fiscalizado y sometido al arbitraje de muchas personas donde el soporte físico de la votación sigue siendo un papel exquisitamente custodiado".
Por todo ello, este empleado del Gobierno asturiano concluye que en un Estado democrático "no hay opción para que un ataque colosal cibernético pudiera ser capaz de atacar las bases de datos de resultados y además hacerlo de una forma indetectable".
La desinformación
El informe 'Desinformación en el ciberespacio' del Centro Criptológico Nacional (CCN) dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hace hincapié en otro de los problemas que se pueden detectar en Internet: las campañas de desinformación.
"El principal objetivo de una campaña de desinformación es suministrar en el proceso de formación de la opinión pública de un país noticias falsas, medias verdades, información altamente subjetiva presentada como objetiva", destaca el CCN, cuyos funcionarios apuntan a que esta información se distribuye desde plataformas y perfiles que aparentan ser creíbles, pero que ocultan su verdadero origen y dificultan su trazabilidad.
Esta distribución "maliciosa" y "sistemática" de informaciones de escasa calidad en el debate público, explica en su dossier el ente dependiente del CNI, pretende "quebrar la confianza entre los ciudadanos de un país y dos de los principales actores responsables de mantener la cohesión social": las instituciones y los medios de comunicación.
"La quiebra de esta relación de confianza puede comprometer la solidez del tejido democrático de un Estado. En este sentido, las consecuencias de una campaña sistemática y maliciosa de desinformación entre la opinión pública pueden derivar en peligrosas consecuencias para una democracia liberal", indica el CCN.
Gobiernos extranjeros
Los responsables de estos ataques de desinformación suelen ser "gobiernos y otros grupos subnacionales" que tienen como objetivo erosionar y debilitar la cohesión interna de un Estado y redefinir su posición geoestratégica, según consta en el informe de febrero del CNI.
De hecho, algunos países ya reconocen abiertamente que están llevando a cabo este tipo de acciones de manera sistemática, como por ejemplo es el caso de Rusia, que ha sido uno de los países que más ha desarrollado "las guerras no declaradas o guerras no lineales", advierte el servicio de inteligencia español.
"Lo apasionante en esta época está en debatir dónde se sitúa la frontera entre lo que siempre se ha entendido como lícito, el esfuerzo de un líder político en convencer a los electores, y lo que serían esas estrategias (si es que las hay) de redirigir el pensamiento y voluntad social de millones de individuos a través de un meditado plan de engaños, trolleos y manipulaciones", relata el experto asturiano en ciberseguridad,
En cualquier caso, el jefe de seguridad del Principado señala que la existencia de estos planes organizados es "más producto del temor y del análisis de evidencias que de pruebas fehacientemente contrastadas". De ahí que considere positivo "plantear una duda razonable de los análisis que apuntan siempre a determinados países como generadores del mal cibernético mundial". "¿Podría haber también otra manipulación diferente que nos hace creer que estamos siendo manipulados por otros?", se pregunta el experto.
Carácter masivo y global
Josep María Tamarit, director del programa de Criminología de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), llama la atención sobre la proliferación de los delitos de odio en las redes sociales: "Insultos y amenazas, que en el mundo offline es más difícil que se produzcan porque el cara a cara es un factor de inhibición".
Para mitigar estos discursos, el profesor de la UOC pone de manifiesto que existen normas de regulación que desarrollan los propios proveedores y los administradores de estas redes sociales. "Pero realmente es difícil poner límites dado el carácter masivo y global que tienen", explica el catedrático.
Tamarit, que recuerda que la censura previa es incompatible con la democracia, destaca que las únicas opciones para acabar con estos delitos de odio son la autorregulación de la red social o la aplicación de la ley por parte del Estado. "El que insulte, amenace, injurie o el que calumnie está sometido a las leyes", indica este profesor, que apunta a un problema añadido: "Si tenemos que ir a la vía penal para resolver esto no habría cárceles para tanto delincuente".
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