Esta semana el presidente de la Comunidad de Madrid decidía poner fin a la aventura de privatizar seis hospitales madrileños, arrastrando al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty a una dimisión aceptada por Ignacio González. La 'marea blanca' cantaba victoria, la oposición se jactaba de que la sanidad madrileña seguiría siendo pública y muchos se liberaban de ese temor a que los hospitales se privatizaran, dejando atrás el llamado 'modelo Alzira' que se iba a imponer, y que sin embargo, ya está funcionando en tres hospitales madrileños.
Este llamado 'modelo Alzira' toma su nombre del Hospital de La Ribera de éste municipio valenciano, inaugurado en 1999 (dos años después del cierre del Hospital Santa Lucía), y se refiere a un modelo en el que la financiación, la propiedad y el control del centro son de titularidad pública, mientras que la prestación es privada. En su momento la Generalitat adjudicó la gestión a la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituída por la compañía de seguros de salud SegurCaixa Adeslas (51%) y Ribera Salud (45%) como socios mayoritarios, y según Joaquín Farnós Gauchia, exconseller de Sanidad valenciano, la construcción del centro costó 36 millones de euros.
Según Ribera Salud, este sistema permite un ahorro del 25% a las administraciones, apuesta por una sanidad pública y universal y sólo la prestación es privada
Desde Ribera Salud han explicado a Vozpópuli que la principal ventaja de esta forma de gestión es que permite un ahorro cercano al 25% para las administraciones, aunque rechazan hablar de "privatización de la sanidad" ya que "estos modelos de colaboración público privada apuestan por una sanidad pública y universal. La financiación es pública, y el sistema de contraprestación se basa en un pago capitativo. La administración paga a la empresa concesionaria una cantidad anual fija y preestablecida por cada uno de los habitantes adscritos. La propiedad también es pública, garantizando en todo momento la naturaleza pública del servicio de salud. Y el control también lo es, ya que la concesionaria está sujeta al cumplimiento de las cláusulas establecidas en el pliego de condiciones. Sólo la prestación es privada", defienden.
Según los datos facilitados por la consejería de Sanidad valenciana, este pago capitativo -el coste estimado por paciente de su zona- estuvo en 2013 en 663 euros, algo inferior a los cerca de 800 que supondría en la gestión pública. "Pero no es un sistema para que los amiguetes hicieran negocio, como afirmaron los partidos de izquierda y los sindicatos. El tiempo ha demostrado que, desde 1999, ha sido necesario modificar las condiciones económicas inciales de la adjudicación, puesto que las concesionarias estaban perdiendo dinero", explicaba hace unos meses Farnós. El exconseller se refería a cuando en 2003 la concesionaria no pudo hacer frente a la explotación del hospital debido a sus pérdidas y recurrió a la Generalitat, que anuló la adjudicación e indemnizó a la concesionaria por supuesto "lucro cesante" de 25 millones de euros. Pese a la condena del Síndic de Comptes -Tribunal de Cuentas valenciano- y las críticas de la oposición, la administración valenciana abrió un nuevo concurso aumentando las cantidades que pagaría por la explotación del hospital y volvió a adjudicárselo a la misma UTE.
¿Todo ventajas?
Cuando se acaban de cumplir 15 años desde la implantación de este sistema, las cifras facilitadas por Ribera Salud hablan de una serie de bondades como los 7.000 profesionales que trabajan en este modelo en la Comunidad Valenciana, con un 90% de contratos indefinidos, de una rebaja de la demora media quirúrgica a 36 días, no superando en ningún caso los 90, de un sistema retributivo con parte fija y parte de incentivos variable, de un margen de beneficio limitado por contrato a un 7,5% del TIR o, por supuesto, de la satisfacción de los pacientes, que en la última encuesta interna de los centros ha alcanzado un 8,46 sobre 10. "Un 94% de los encuestados desconoce el modelo de gestión del centro. Al ciudadano le importa cómo se gestiona y no quién gestiona", comentan.
Las encuestas internas de los centros hablan de un nivel de satisfacción de los pacientes del 8,46 sobre 10, con un 94% de los encuestados que desconoce el modelo de gestión
Sin embargo, la defensora del paciente ha explicado a Vozpópuli que las quejas recibidas por este tipo de modelo de gestión inciden en que aquellas patologías serias, las que más dinero suponen, suelen ser derivados a la sanidad pública. "Hay pacientes que están pendientes de pruebas médicas que han recibido llamadas para ir a hacérselas a clínicas o centros privados. Si lo rechazan, se retrasa su prueba. Acabo de recibir una queja de una paciente que no utiliza la sanidad pública porque tiene su seguro privado, y recibió una llamada para acudir a hacerse una revisión a una clínica privada distinta a la suya. Están jugando con el dolor de los que esperan", explica Carmen Flores.
No sólo Valencia y Madrid
Ribera Salud era uno de los aspirantes a gestionar esos seis hospitales en la Comunidad de Madrid, donde la novedad es que eran centros que ya estaban en funcionamiento que iban a cambiar su gestión, cuando lo habitual ha sido la creación explícita de hospitales para ser gestionados desde su 'nacimiento' de modo privado. Sin embargo, el 'modelo Alzira' funciona ya en tres hospitales madrileños -Valdemoro, Torrejón y Móstoles, a la espera de la apertura del de Collado-Villalba-, así como en el Laboratorio Clínico Central. Además, está instaurado en otros cinco de la Comunidad Valenciana -Alzira, Torrevieja, Denia, Manises y Vilapoló-Elche- y en más de 100 centros de salud, dando cobertura en esta comunidad a un 20% de la población. Pero no sólo en estas dos autonomías se aplica el modelo, ya que también está funcionando en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y en algunos centros del norte de España.
"Respetamos la decisión judicial y la decisión política de la Comunidad de Madrid sobre el proceso de externalización sanitaria. Estamos a la espera de concretar con la Consejería de Sanidad los trámites administrativos pertinentes para la ejecución de esta decisión. Y mientras tanto transmitimos nuestra voluntad de colaboración con la Administración Pública como siempre hemos hecho desde hace 16 años", expresaban desde Ribera Salud tras conocerse la decisión de Ignacio González.
La paralización de la externalización en Madrid ha servido para que en Valencia se pida la reversión de lo privado. "No tenemos ninguna confianza en que no se vaya a seguir adelante con los planes en Madrid", dice la defensora del paciente
Precisamente esa decisión ha servido para que en Valencia el sindicato CCOO haya pedido una reversión ordenada de la gestión de los centros de titularidad pública gestionados por empresas privadas, aprovechando para recordar que recientemente se ha detenido también la privatización de la radiología del Consorcio Hospital Provincial de Castellón, y se ha revertido la privatización de las resonancias magnéticas del centro.
También el secretario de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha pedido a Alberto Fabra que se devuelva al sistema público lo que se privatizó, y asegura que las cifras que ofrecen del Hospital de La Ribera nunca han sido contrastadas.
"Nos alegramos de lo que ha pasado en Madrid y debería ser un revulsivo para el resto de Comunidades Autónomas que están haciendo lo mismo. Pero no tenemos ninguna confianza en que no se siga adelante con los planes. Si fuera verdad que se descarta, que firmen ante notario que renuncian a las derivaciones y a la privatización. No se debería recortar en Sanidad, porque la pretensión no es ahorrar. Cuanto peor vaya la sanidad pública, más se va a fomentar lo privado", decía la defensora del paciente a Vozpópuli.
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