El PP lleva denunciando desde hace semanas el uso partidista de los fondos europeos por parte del Gobierno. Algunos gobiernos populares, como el de la Comunidad de Madrid, ya ha llevado el reparto de estas ayudas ante la Justicia. Génova, por su parte, ha impulsado un 'observatorio' para vigilar las convocatorias y concesiones de Moncloa, integrado por alcaldes y concejales de Hacienda de toda España.
Según confirman a Vozpópuli fuentes populares, ese grupo de trabajo echó a andar el pasado mes de diciembre y, de momento, ha tenido dos reuniones telemáticas. No obstante, la dirección nacional del PP quiere dar un nuevo impulso al 'batallón de alcaldes' contra el reparto de los fondos europeos del Gobierno y prepara ya nuevas reuniones presenciales y toda una ofensiva para retratar la falta de equidad del Ejecutivo.
Al frente de este grupo de trabajo del PP está José María Bellido, alcalde de Córdoba y vicepresidente de la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El dirigente popular coordina un equipo en el que están presentes los concejales de Hacienda de los ayuntamientos de Madrid, Zaragoza, Málaga, Salamanca, Cartagena, Almería y Pozuelo. También han participado los alcaldes de Salamanca y Almería y representantes de la Diputación de Orense.
Más de la mitad de ayudas, al PSOE
Las fuentes consultadas explican que ya a finales de año, se encendieron todas las alarmas en el PP por el "reparto partidista" de los fondos: "En uno de los últimos Consejos de Ministros, se aprobó de forma discrecional una partida de 2 millones de euros, financiados con fondos europeos, para el Ayuntamiento de Vigo del socialista Abel Caballero, presidente de la FEMP, para mejorar su competitividad como destino turístico".
Más allá de esa partida, concejales y alcaldes populares de toda España empezaron a denunciar la falta de transparencia del Gobierno: "No tenemos constancia de cuándos salen las nuevas convocatorias. Al final, Moncloa aplica el 'Esto son lentejas', sin ningún tipo de diálogo para establecer qué proyectos se quieren financiar".
No tenemos constancia de cuándos salen las nuevas convocatorias. Al final, Moncloa aplica el 'Esto son lentejas', sin ningún tipo de diálogo para establecer qué proyectos se quieren financiar
El último ejemplo de este reparto "totalmente arbitrario" se ha vivido hace apenas unos días, con la resolución, por parte del Gobierno, para la financiación de "Mercados urbanos y rurales sostenibles". Según las fuentes consultadas, los ayuntamientos del PSOE se han llevado más de la mitad del presupuesto de esas ayudas europeas.
En concreto, los municipios con gobierno socialista se han llevado 52 millones de euros para financiar un total de 63 proyectos. Los ayuntamientos gobernados por el PP, por su parte, se han llevado 32 millones para llevar a cabo 27 proyectos.
La partida total de estas ayudas europeas asciende a los 102 millones de euros, y los 18 millones restantes han sido repartidos entre ayuntamientos gobernados por partidos diferentes al PSOE y al PP para financiar un total de 20 iniciativas municipales.
Las fuentes consultadas se muestran muy críticas con este reparto: "En España, el 52% de los ayuntamientos no está gobernado por el PSOE y, por tanto, el reparto no podría ser con ese porcentaje. No tiene ningún sentido".
En España, el 52% de los ayuntamientos no está gobernado por el PSOE y, por tanto, el reparto no podría ser con ese porcentaje. No tiene ningún sentido
Desde el Gobierno se defienden recordando que el de Madrid es el Ayuntamiento que más dinero procedente de los fondos europeos está recibiendo. El PP, sin embargo, responde de forma tajante: "Es así porque estamos hablando de la capital, es una ciudad grande, y en ella se concentra buena parte de la actividad económica. Pero no puede usarse como excusa".
Alegaciones y ofensiva judicial
La semana pasada El Confidencial publicó cerca de 150 alcaldes del PP habían acordado impugnar el reparto de los fondos europeos. Desde Génova explican que el equipo de trabajo creado por el partido seguirá una hoja de ruta ya marcada: "Primero plantearemos el análisis de esas ayudas, después, daremos la oportunidad al Gobierno a explicarse y, si nos ignora, los ayuntamientos que lo consideren llevarán el asunto ante los tribunales".
Así, cuando cualquier gobierno municipal detecte "cualquier reparto sospechoso", se aprovechará el plazo de alegaciones para pedir las motivaciones de ese reparto: "Pediremos saber cuáles son los criterios que se han tenido en cuenta para ese reparto". Además, se reclamará información al registro central.
La ofensiva judicial se llevará a cabo si el Gobierno ignora a los ayuntamientos: "Si se rechazan las alegaciones, acudiremos a la Justicia", advierten desde el PP.
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