La imaginación jurídica del núcleo duro de Moncloa no tiene límites. El Gobierno se las ingenió este martes para introducir un párrafo vía enmienda en la exposición de motivos de la reforma del Código Penal para impedir que la Justicia revise a la baja las penas impuestas a los condenados por abuso sexual y por malversación ante los dos cambios legales efectuados en la tipología de sendos delitos. En plata: el objetivo del Ejecutivo es dotar a los jueces de una brújula para que interpreten 'como ceben' sus reformas legislativas.
Moncloa explica que el plan es reforzar el objetivo del legislador. Eso sí, las fuentes consultadas aseguran que esa enmienda no se ha creado ad hoc para solventar los efectos indeseados de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Por si acaso, y ante la previsión de que la reforma de la malversación provoque los mismos efectos indeseados, Moncloa sostiene que la 'instrucción' a los jueces "vale para la malversación".
Moncloa, además, sostiene que la enmienda está en línea con el criterio de la Fiscalía, aunque reitera que toca esperar a que el Supremo unifique criterio y cree doctrina. Lo que hay es el mientras tanto transitorio con el que el Gobierno se cubre las espaldas. "Es un mensaje del legislador a los operadores jurídicos", sentencian en Moncloa.
El Gobierno da por zanjada la reforma del Código Penal
Cabe recordar que la enmienda carece de poder normativo aunque es, según el Gobierno, toda una guía para los jueces. De manera que Moncloa da por 'zanjado' el asunto de la reforma del Código Penal que borra la malversación tal y como estaba planteada para crear un nuevo tipo encaminado a beneficiar a los dirigentes de ERC condenados por este delito. Y todo en aras de la llamada "desjudicialización" del conflicto en Cataluña, el gran requerimiento de los republicanos al PSOE en la mesa de diálogo entre Moncloa y Generalitat. La intención del Ejecutivo es sacudirse cuanto antes tanto marrón para encarar el año que viene, el último antes de las elecciones generales, con el altavoz en modo campaña electoral.
Sánchez paga del todo el peaje de la llamada "desjudicialización" del conflicto en Cataluña, el gran requerimiento de ERC en la mesa de diálogo, y que le ha costado también la reforma del delito de sedición con el pretexto de homologar las penas y el tipo penal al del resto de países europeos. Y todo para atar sus terceros presupuestos generales del Estado.
El líder socialista está empeñado en "destensar" la situación en Cataluña, ante la evidencia que circula por Ferraz de que serán los catalanes quienes más votarán a Sánchez en las elecciones generales. Y es que el PSC es, ante la debilidad de la federación socialista andaluza tras la mayoría absoluta del PP, el principal granero de votos del PSOE. Sánchez, por tanto, actúa en consecuencia. Poco le importa que sus concesiones revuelvan en sus asientos a presidentes autonómicos de su partido como el castellano-manchego Emiliano García-Page o el aragonés Javier Lambán. Un sector del PSOE mira con preocupación el 'asalto' al código penal.
Los cabreos en el PSOE son "asuntos de partido"
Aunque en el lado socialista del Gobierno lo circunscribe todo a asuntos "de partido". "Ya sabéis como es Page", sintetizan en Moncloa. No obstante, en público, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, eludió responder al ataque del barón socialista, quien acusó al Gobierno de hacer "un traje a medida" de los independentistas con los últimos cambios en el código penal.
Rodríguez se enrocó para explicar que el Ejecutivo lo que hace es "ofrecer soluciones" en Cataluña. Ese ha sido el argumentario empleado por la portavoz. El mismo que usó Sánchez este fin de semana: toca quitarle a las togas el peso sobre los asuntos políticos en aras de tener Cataluña con la menor crispación desde 2017 y con el menor apego secesionista. Moncloa dixit. Lo más sangrante es que no se quiere ver el órdago en forma de plan de consulta por la independencia lanzado por ERC el mismo día que selló con el PSOE el retoque de la malversación.
Los republicanos someterán a ratificación de su militancia su apuesta por negociar un 'acuerdo de claridad' con el Gobierno que persigue sentar las bases de un referéndum de independencia en Cataluña. Y lo harán en la ponencia del partido que se votará el 28 de enero en su congreso en Lleida y que será su hoja de ruta para los próximos cuatro años. ERC propone considerar que ha ganado el 'sí' a la independencia si hay un mínimo de 50% de participación y un 55% a favor del sí. Toda un afrenta al orden constitucional. Moncloa reitera que no habrá tal consulta. Pero la credibilidad del Gobierno está tocada tras negar que tampoco metería mano a la malversación.
