Moncloa sugiere un plan. No lo desvela, pero sí da algunas pistas. Las fuentes consultadas en el núcleo duro del presidente del Gobierno cargan con dureza contra el juez Juan Carlos Peinado, al que acusan indirectamente de prevaricar y dirigir una causa política contra Begoña Gómez por ser quien es. "La recusación es cosa de las defensas procesales. Veremos qué pasa", arguyen cuando se les pregunta por la posibilidad de iniciar una recusación al togado.
El equipo más estrecho del presidente. Pero ya está presionando para que la Audiencia de Madrid atienda al recurso de la Fiscalía y archive el caso. Todo parece indicar que si los tres recursos no prosperan, las defensas implicadas en la causa se moverán para intentar recusar al juez y apartarle. Por el momento, Sánchez notificó al juez (directamente, sin intermediario legal) su voluntad de declarar por escrito el próximo día 30, cuando Peinado tiene intención de trasladarse a Moncloa.
Las fuentes consultadas insisten en que la defensa del empresario Carlos Barrabés puede estar coordinada con la de Begoña Gómez, que ejerce el exministro socialista Antonio Camacho. Lo cierto es que una de las incógnitas es quién se hará cargo de la defensa del presidente del Gobierno en caso de que la necesite. Estas mismas fuentes reconocen que hasta que el presidente no recibiera la notificación no entraría en juego la Abogacía del Estado, el organismo al que corresponde la defensa y el asesoramiento al presidente.
Sánchez cuenta con un abanico de posibilidades, aunque casi todas pasan por comparecer, como se declara dispuesto a hacer. En primer lugar, su condición de presidente del Gobierno le exime de tener que acudir a declarar al juzgado, una premisa recogida por el magistrado en su escrito y que pone sobre la mesa la posibilidad de que líder socialista declare por videollamada e, incluso, por escrito.
El propio presidente, en su escrito, lo referencia y hace hincapié en su cargo. Es decir, evidencia su condición de presidente. Es más, esa es una de las claves que quería dejar claras, porque el juez no parece tener claro en condición de qué cita a Sánchez como testigo: si por ser marido de Begoña Gómez o por ser presidente del Gobierno.
Lo que parece seguro es que el mismo martes 30, el día que el juez tiene intención de desplazarse a Moncloa para interrogar al presidente, se celebrará el último consejo de ministros del curso. Y ese mismo día, por la tarde, es muy probable que se celebre el tradicional despacho del presidente del Gobierno con el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca. La previsión es que la actividad política se reanude el 27 de agosto con el primer consejo de ministros tras el periodo vacacional.
Un año y un día después del 23-J, el presidente vive un escenario imposible. En este tiempo, su mujer, Begoña Gómez, ha sido imputada por la presunta comisión de dos delitos; él mismo está citado a declarar como testigo el próximo 30 de julio; se han sucedido informaciones sobre su hermano, David Sánchez, que son cada vez más incriminatorias y que también están siendo atendidas en un juzgado; ha sufrido el estallido de un caso de corrupción alimentado durante su presidencia que ha derribado a su ex mano derecha José Luis Ábalos; ha sido incapaz de armar unos Presupuestos para este año; tiene a sus socios en alerta y la ley de amnistía -el peaje que pagó para revalidar el Gobierno- no termina de carburar al estar su aplicación en manos de la Justicia.
El panorama es tan complejo que entre algunos dirigentes socialistas empiezan a surgir dudas. No solo acerca de la viabilidad de la legislatura, sino de la ejemplaridad del matrimonio que habita en Moncloa. Ya hay quien cuestiona abiertamente "las actuaciones poco estéticas de Begoña Gómez", como las califica un cargo socialista con asiento en el Comité Federal. Eso sí, cabe reseñar que el sentir general del partido es que la citación a Pedro Sánchez es exagerada.
"En la base del partido creen que la citación a Pedro Sánchez como testigo es excesiva y da alas a la teoría del 'lawfare", explica un secretario de organización autonómico. En cualquier caso, la precariedad parlamentaria del Gobierno (solo ha sido capaz de sacar adelante dos leyes) explica la parálisis legislativa y ha puesto al descubierto la vulnerabilidad del PSOE a las exigencias de sus socios independentistas, que hacen y deshacen a su antojo para presionar a Moncloa.
Y para muestra, el golpe que le asestó este martes Junts. Carles Puigdemont tumbó la senda de estabilidad presupuestaria y mandó un sonoro aviso a Moncloa apenas unas horas antes de que el presidente se viera en Barcelona con el presidente catalán en funciones, Pere Aragonès, para cerrar la investidura de Salvador Illa. El PSOE y su secretario general pasean por lo desconocido.