Pedro Sánchez se fue cinco días a "reflexionar", carta mediante, para tomar una decisión sobre su futuro al frente de la Presidencia del Gobierno. Cinco días que le valieron no solo para reafirmar su continuidad en el cargo -y convocar al Rey con la insólita intención de comunicarle su decisión de seguir en Moncloa-, sino hasta para tomar la determinación de presentarse a otras elecciones. Cinco días en los que canceló su agenda política y se recluyó en el Palacio presidencial. Cinco días que el resto de los españoles no pueden tomarse en sus trabajos.
El Partido Popular registró por escrito una serie de preguntas en la Mesa del Congreso de los Diputados en la que consultaba al Gobierno de Sánchez si tiene previsto extender esa posibilidad de tomarse "cinco días de reflexión" al resto de los españoles y, de no ser así, cuál era la razón por la que el presidente disfrutaba de ese privilegio frente al resto de la ciudadanía.
Los diputados populares Miguel Ángel Sastre, Beatriz Fanjul, María del Mar González y María Isabel Prieto recogían las siguientes preguntas:
- ¿Tiene planteado el Gobierno extender los 5 "días de reflexión" del presidente al catálogo de permisos de funcionarios y trabajadores españoles?
- En caso afirmativo, ¿cómo pondría en marcha este nuevo tipo de permiso?
- En caso negativo, ¿por qué no? ¿Qué diferencia al presidente del Gobierno del resto de españoles en el ámbito de los derechos laborales?
La respuesta de Moncloa
Lejos de dar una respuesta convincente o de tratar de justificar de manera razonada por qué el presidente del Gobierno paralizó el país cinco días a la espera de una decisión unilateral, movilizando a instituciones del Estado como al jefe del Estado, el Rey Felipe VI, Moncloa se limita a señalar que Sánchez puede hacerlo porque es el presidente del Gobierno.
En concreto, la respuesta del Ejecutivo reza lo siguiente: "El presidente del Gobierno lo es desde el día que ganó la confianza de las Cortes hasta el último día de su mandato". Ni una palabra más ni una menos. Una respuesta en la que subyace el mensaje de que el presidente puede hacer lo que quiera y el resto de españoles no.
Sánchez prepara su estrategia frente al juez Peinado
El presidente tomó estos días de reflexión cuando empezó a instruirse la causa sobre su mujer. Un proceso que ha seguido su curso estos meses y de la que se han conocido informaciones nuevas; como que Begoña Gómez registró a su nombre un software pagado con dinero público por la Universidad Complutense; o que Carlos Barrabés se reunió varias veces en Moncloa con el presidente del Gobierno.
Pedro Sánchez es el primer presidente del Gobierno llamado a declarar como testigo en un procedimiento judicial en fase de instrucción. En 2017, cuando Mariano Rajoy fue citado como testigo en la fase de juicio oral del Caso Gurtel el líder socialista pidió su inmediata dimisión. Sin embargo, Sánchez ha dado la callada por respuesta el día que el juez de instrucción Juan Carlos Peinado le ha llamado a declarar previa petición de Vox, que figura como acusación popular en el procedimiento.
El silencio ha sido también sepulcral en Ferraz, sede de los socialistas. Por el momento, el PSOE no aclara si Sánchez declarará como testigo en la investigación judicial sobre Begoña Gómez, a la que se le imputan presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Tampoco si el letrado del presidente será el exministro socialista Antonio Camacho, el mismo que el de su mujer.
Los socialistas sí insinúan que el juez Juan Carlos Peinado prevarica por investigar a la mujer del presidente. Reiteran que "no hay caso" y aseguran que el presidente está "analizando" la situación que se ha abierto este lunes con su equipo.
La prensa internacional se ha hecho eco de la citación como testigo de Sánchez, que deberá prestar declaración en Moncloa ante el juez Juan Carlos Peinado.
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