Cuando aún colea la polémica por el escándalo de Pegasus en torno al presidente del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo -la investigación judicial sigue abierta-, Moncloa asegura por escrito que cuenta con los medios necesarios para la seguridad y defensa del Estado de Derecho. La declaración del Ejecutivo consta en una respuesta remitida al Congreso de los Diputados consultada por Vozpópuli, ante una serie de preguntas registradas por el Partido Popular que interpelaban directamente sobre un "presunto espionaje de Marruecos". La sintonía diplomática con Rabat, no obstante, atraviesa un momento de buen entendimiento a ambos lados del Estrecho, coincidiendo con la Reunión de Alto Nivel que estos días se celebra en la capital del reino alauí.
El espionaje de los terminales móviles de Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno supone una de las mayores brechas de seguridad a las que se ha enfrentado el actual Ejecutivo. La infección de sus teléfonos se produjo mediante el software Pegasus, de origen israelí, que apenas deja rastro en los aparatos pero que permite la extracción de todo su contenido. El propio ministro de Presidencia, Félix Bolaños, dio cuenta del problema en una rueda de prensa celebrada el pasado 2 de mayo.
A partir de entonces se especuló con el posible origen de la infección, tomando como referencia que los principales clientes del sistema Pegasus son entidades estatales, especialmente aquellas instituciones relacionadas con la lucha antiterrorista. El Juzgado Central de Instrucción Número 4 mantiene abiertas las pesquisas para tratar de arrojar algo de luz al caso.
En medio de esa polémica, Omar Mansur, ministro del Interior de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, aseguró en una entrevista en El Independiente que "España está plenamente penetrada por espías marroquíes, en todos los rincones". Unas declaraciones que suscitaron el interés de los diputados José Antonio Bermúdez, Pablo Hispán y Valentina Martínez, del Partido Popular, que registraron una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados, para que el Ejecutivo respondiera por escrito.
En concreto, los parlamentarios interrogaron al Gobierno sobre si tenían información "sobre el presunto espionaje de Marruecos a España", las medidas que estaba tomando el Ejecutivo para "no ser espiado ni por Marruecos ni por ningún otro país" y las decisiones adoptadas en "materia de ciberseguridad" para impedir el espionaje a miembros del Ejecutivo.
Las preguntas se registraron el pasado 15 de noviembre, y la respuesta del Ejecutivo está fechada el 22 de diciembre. El documento, no obstante, no se recogió en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de este 30 de enero, lunes. La contestación a las supuestas injerencias de Marruecos es breve, si bien el Ejecutivo asegura que cuenta con los medios necesarios para proteger la seguridad de los miembros del Gobierno.
"En relación con la pregunta formulada por Sus Señorías, se informa de que España cuenta con los medios y el personal necesario para que contribuyan a la seguridad y a la defensa del Estado de Derecho", asegura el Ejecutivo ante las preguntas hechas por los diputados, relacionadas con posibles injerencias de Marruecos.
Con todo, el Gobierno nunca ha apuntado posibles responsabilidades por la infección de los teléfonos móviles del Gobierno. Al menos, más allá de nuestras fronteras. Porque, a nivel nacional, el escándalo propició la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban.
Desde la oposición sugieren que Marruecos es uno de los actores sospechosos de espiar con este software malicioso. El Ejecutivo, no obstante, atraviesa una luna de miel con Rabat en sus relaciones diplomáticas, que se traduce en la actual Reunión de Alto Nivel que estos días se celebra en la capital marroquí. El encuentro representa una "nueva época" en las relaciones a ambos lados del Estrecho; una docena de ministros españoles acompañan a Pedro Sánchez al encuentro, marcado por la ausencia de última hora de Mohamed VI, en la que se dirimirán asuntos relacionados con la inmigración, la seguridad o comerciales, entre otros..
Estas nuevas relaciones se basan en buena medida en el reconocimiento español al plan de soberanía de Marruecos sobre el Sáhara occidental. El histórico cambio de rumbo en la postura de España puso punto y final a la grave crisis entre Madrid y Rabat, marcada por el ingreso hospitalario en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y la posterior entrada de miles de personas por vías irregulares en Ceuta bajo la connivencia de las autoridades del reino vecino.
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