A pesar de que Transparencia considera que la información es relevante al tratarse de viviendas pagadas en base al erario público, el Gobierno se niega a detallar qué ministros y altos cargos residen en alojamientos oficiales a gastos pagados. La última negativa de Moncloa llega tras una solicitud registrada por un diputado en el Congreso de los Diputados, en la que solicitaba datos sobre el número de personas vinculadas al Ejecutivo que disfrutaban de este privilegio. La respuesta elude las cuestiones y tan solo enumera las leyes que regulan dicha situación.
Vozpópuli desveló en junio de 2021 qué ministros disponían de vivienda oficial. Eran trece, aunque muchos de ellos ya no forman parte del Ejecutivo. La información se obtuvo a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Algunos de los miembros del Gobierno se negaron en un primer momento a ofrecer los datos, pero finalmente se les obligó a facilitarlos al entender que el tamaño de los inmuebles y el número de estancias no se trataba de información sensible y que debía conocerse al gestionarse con presupuestos públicos.
El diputado del Grupo Mixto, Pablo Cambronero, trató de actualizar dicha información registrando una solicitud en el Congreso de los Diputados. El escrito está fechado el pasado 30 de mayo de 2022, con preguntas en las que instaba a saber el número de ministros y altos cargos que disponen de residencia oficial pagada por los españoles. También cuál de ellas era de mayor tamaño, si incluían los gastos de consumo y si disponían de servicio abonado por el erario público.
La respuesta del Ejecutivo -con fecha del 28 de julio- se centra en la base legislativa que regula el acceso a una vivienda oficial por parte de miembros del Gobierno. En concreto, remite a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y a la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Pero no existe ninguna referencia a la información solicitada por el diputado. Ni del número de ministros o altos cargos que viven en estos inmuebles ni del tamaño de los mismos.
Los últimos datos disponibles
La última información al respecto la desveló este diario en junio de 2021. Salvador Illa, titular de Sanidad, vivía en el complejo de Moncloa en una residencia de 418 metros cuadrados, distribuidos en dos alturas. Isabel Celaá, entonces ministra de Educación y ahora embajadora en el Vaticano, vivía en una casa de 14 estancias. La de Carmen Calvo -quien fuera vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática- tenía 225 metros cuadrados.
Quienes más tardaron en responder a los requerimientos de Transparencia fueron Fernando Grande-Marlaska y Yolanda Díaz
Otros nombres que ya no figuran en el Gobierno pero que por entonces tenían un inmueble oficial eran Arancha González Laya [Asuntos Exteriores], con una vivienda en el Palacio de Viana de 293,03 metros cuadrados; Manuel Castells [Educación], que residía en una casa de 144,32 metros cuadrados; y José Luis Ábalos [Transportes], en un espacio de 209,55 metros cuadrados útiles distribuidos en nueve estancias, de las cuales tres eran habitaciones.
Los ministros que siguen en el Ejecutivo y que en esas fechas sí disponían de un inmueble pagado en base a los presupuestos públicos eran Nadia Calviño [actual vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital], con una vivienda de 244 metros cuadrados útiles; y María Jesús Montero [ministra de Hacienda], con una “zona privativa” de 143,9 metros a modo de residencia dentro del propio Ministerio.
También Luis Planas [Agricultura], con una vivienda de 215,95 metros cuadrados de superficie útil y 15 estancias, de las cuales cuatro eran dormitorios; Carolina Darias, que residía en una casa en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid cuando era titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, poco antes de dirigir Sanidad; y Miquel Iceta [entonces ministro de Política Territorial, ahora de Cultura y Deporte], a quien se le asignó una vivienda de 162,64 metros cuadrados.
Quienes más tardaron en responder a los requerimientos de Transparencia fueron Fernando Grande-Marlaska y Yolanda Díaz. El ministro del Interior vivía en un inmueble de 218,24 metros cuadrados, mientras que la ministra de Trabajo lo hacía en una vivienda de 443 metros, la más grande de todas las registradas.
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