El Gobierno y el Partido Popular continúan enzarzados este domingo por la reforma del Código Penal, que se aprobó el jueves, pero que está pendiente de que este lunes el Pleno extraordinario del Tribunal Constitucional decida si paraliza su tramitación legislativa o no. Moncloa no revela si dispone de un 'plan B' en el caso de que el Alto Tribunal admita el recurso que interpuso el PP y paralice la reforma. Desde el Ejecutivo han alertado este domingo que las "consecuencias de adoptar la maniobra planteada por el PP serían muy graves".
El pasado jueves, el Congreso votó y aprobó las dos enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos para modificar las leyes que regulan el CGPJ y el TC para desbloquear la renovación del Constitucional. En un principio, el recurso de amparo presentado por el PP el miércoles, en el que pedía frenar estos cambios con medidas cautelosísimas, podría haber frenado la votación. Pero el presidente de este órgano judicial, Pedro González-Trevijano, decidió suspender el pleno extraordinario donde iban a estudiar el recurso y posponerlo al lunes.
Por tanto, pese a que las reformas ya estén aprobadas en el Parlamento, si el TC acepta finalmente el recurso del PP, la tramitación parlamentaria de la reforma podría verse interrumpida en el Senado, que tiene previsto votarla y aprobarla el próximo jueves.
Esta situación ha desencadenado una grave tensión política entre los partidos de la coalición y los de la oposición, confiando todos ellos en que el Alto Tribunal les dé la razón. El último en manifestarse ha sido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que en una rueda de prensa este domingo desde Ferraz ha acusado al Partido Popular de "llevar al límite" la "tensión institucional" en el Congreso, el Senado y el TC. "Son los únicos responsables de esta tensión. Al PP se le ha ocurrido tumbar una ley antes de que salga", ha afirmado Bolaños.
El ministro no ha aclarado si el Ejecutivo tiene pensado un 'plan B' en el caso de que el Alto Tribunal acepte el recurso del PP y paralice la reforma. Pero si ha recalcado que "las consecuencias de que el TC adoptara una decisión en línea con la maniobra planteada por el PP serían muy graves para la la separación de poderes, para la normalidad institucional, para la soberanía popular y para el sistema democrático en general". Por ello, confía en que el Constitucional adoptará una "decisión justa y con arreglo a la ley".
Respecto a los ocho vocales conservadores del TC críticos con Sánchez, el ministro de Presidencia solo les ha elogiado por su trabajo como "servidores públicos ejemplares" que han trabajado para "que se cumpla la ley" y para que se "nombren a los otros magistrados" del Tribunal. Estos ocho vocales calificaron ayer en un comunicado de "irresponsables" las declaraciones del jefe del Ejecutivo el pasado jueves, en las que acusó a la "derecha política y judicial" de intentar "atropellar la democracia".
La reforma legal de Sánchez para renovar el Constitucional ha provocado una fuerte escisión no solo este tribunal, sino también en el CGPJ donde el martes se celebra Pleno extraordinario para votar a sus dos candidatos. Se trata de un cónclave esencial para los conservadores, que tratan de sacar adelante los nombramientos antes de que entre en vigor la reforma que cambia el sistema de elección. La llave en esta ocasión la tienen los vocales progresistas, que ahora prefieren esperar y mantener al candidato Manuel Bandrés. Los conservadores consideran que Bandrés es el candidato del Gobierno y que esta parte del CGPJ actúa siguiendo dictados de Moncloa para poder tener más peso en el Tribunal Constitucional.
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