La ministra de Igualdad, Irene Montero, no recula. Después de la rueda de prensa del segundo comité de crisis de la cartera que dirige por el repunte de violencia machista ha declarado que la ley del 'sólo sí es sí' ofrece una "protección integral a las víctimas de violencia de género". Ha proseguido diciendo que se trata de una "ley sólida y de carácter integral, que permite por primera vez al Estado y de forma pionera como está reconociendo el propio Parlamento Europeo ofrecer esa protección integral que las mujeres que son víctimas de violencias sexuales tienen derecho a recibir (...) Lógicamente compartimos las preocupaciones de la sociedad española por las rebajas de penas que no se corresponden ni con el decreto de Fiscalía ni con la ley del 'solo sí es sí' ni con el espíritu y ni la voluntad del legislador. Estamos preocupadas y por tanto ocupadas en lo que podemos hacer para garantizar la correcta aplicación y así seguirá siendo".
Su respuesta ha llegado después de que la Delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, y la Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, enfatizaran el compromiso del sistema de protección para la violencia de género para con las víctimas y lanzaran diferentes propuestas como la integración del sistema Viogen en los servicios sociales para una mayor coordinación así como ofrecer alternativas habitacionales para las mujeres que quieran denunciar y que se encuentren en un riesgo alto por las Fuerzas de Seguridad. También contarían con la posibilidad de recibir una renta mínima.
Una realidad que, han explicado, ha sido algo recurrente en las últimas víctimas mortales, que no podían separarse de su agresor por problemas económicos. "El Estado tiene que ser proactivo en esos lugares donde sí acuden las víctimas a ofrecer la conexión con servicios básico, algunas necesitaban viviendas, o renta activa de inserción. Dos de las mujeres asesinadas convivían con el agresor después de haberse separado por precariedad", han argumentado. Sin embargo, son unas medidas que quedan en papel mojado hasta que no se aprueben en la Conferencia Sectorial de Igualdad.
Se trata de la segunda reunión de este tipo que el departamento de Irene Montero celebra en menos de un mes, después de que el pasado 28 de diciembre ya convocara este mismo organismo por el repunte de crímenes machistas, 11 en total, lo que convirtió al último mes de 2022 en uno de los más letales desde que hay registros. Sin embargo, la ministra no ha dado su brazo a torcer y ha defendido la nueva normativa que permite rebajar condenas a agresores sexuales haciendo caso omiso a las críticas de su socio de Gobierno y las propias víctimas.
Descordinación en los ministerios
El Defensor del Pueblo ha alertado al Gobierno de que las "diferencias de criterio" entre los ministerios están perjudicando a las víctimas de la violencia machista y la credibilidad del sistema de protección y le ha instado a reformar la ley integral contra la violencia de género. En un escrito remitido a la Subsecretaría de la Presidencia, Angel Gabilondo le pide que, en el marco de sus competencias de coordinación interministerial, tome las medidas oportunas para reformar la citada ley con el fin de atender y proteger a las víctimas directas e indirectas de todas las formas de violencia de género.
La ley integral, aprobada en 2004, se centra en las mujeres agredidas por sus parejas o exparejas, pero el Convenio de Estambul, ratificado por España, exige incluir a todas las víctimas de violencia machista. El Ministerio de Igualdad planteó una reforma en ese sentido en 2021, pero la iniciativa no ha prosperado.
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