"Se ha comprobado la existencia de una simulación de las operaciones realizadas". Un informe de la Agencia Tributaria acredita que Alejo Morodo, hijo del exembajador Raúl Morodo, simuló contratos con Indra Sistemas. Según consta en el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, lo hizo en 2013 y 2014 a través de su sociedad Morodo Abogados y Asociados SL por un monto acumulado de 381.000 euros. Los inspectores sostienen que la intención del empresario era "reducir la carga fiscal".
Las conclusiones de Hacienda constan en la documentación que fue aportada al Juzgado Central de Instrucción número 1 a petición del juez del caso Morodo. Tras incluirse en la causa, se procedió a la "paralización y suspensión de todos los procedimientos inspectores que se siguen" desde la Agencia Tributaria contra varios miembros de la familia del diplomático. Ahora, la Audiencia Nacional les investiga por presuntos delitos de blanqueo de capitales, de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
Los inspectores sostienen que Alejo Morodo prestó a Indra "un servicio de intermediación basado únicamente en relaciones personales (...) que no requieren ninguna estructura, ni se concretan en ningún documento". E insisten en que les resulta "evidente" que el empresario utilizó la sociedad -en la que su padre tiene un 20% de participación- para "evitar la carga fiscal que le correspondería si lo hubiera declarado correctamente en sede de la persona física". En concreto simuló contratos por 39.000 euros en 2013 y por 342.000 en 2014.
El exembajador reconoció durante su declaración como investigado en la Audiencia Nacional que tuvo "alguna conexión" profesional con la multinacional. Aunque no aportó más detalles, la fiscal a cargo de la investigación, Ana Cuenca, tampoco hizo más preguntas al respecto.
- ¿Con Indra Sistema ha tenido alguna vinculación profesional?
- Sí. Con Indra hubo alguna conexión, sí.
Alejo Morodo, que en sede judicial solo respondió a las preguntas de su abogado, se limitó a señalar que dio "todas las explicaciones oportunas" a los inspectores de Hacienda a propósito de los contratos realizados a través de Morodo Abogados y Asociados.
Servicio "personalísimo"
La Agencia Tributaria hace hincapié en "la naturaleza" y el "carácter personalísimo" de los servicios prestados por el hijo del diplomático. "Parece tratarse de asesoramiento general en países dónde Alejo tiene contactos internacionales, debido a su trayectoria personal basada en relaciones familiares, y (...) el cobro de comisiones por la consecución de la adjudicación de los mismos".
Tal y como adelantó Vozpópuli, Hacienda ya había mencionado los "servicios personalísimos" de Alejo Morodo debido a los "contactos a un alto nivel político" que tenía su padre como exembajador. En concreto, había apuntado a un familiar del presidente fallecido Hugo Chávez como el contacto de Alejo Morodo en Petróleos de Venezuela (PDVSA), en referencia a Asdrúbal Chávez, primo del exmandatario, exministro de Petróleo y expresidente de la filial estadounidense Citgo.
Red de contactos en Portugal
Según consta en el informe de la Agencia Tributaria, el objeto del contrato entre Morodo Abogados y Asociados y la multinacional española era "la prestación de los servicios de asesoría y consultoría en relaciones internacionales e institucionales para la definición, diseño y ejecución de las estrategias adecuadas para incrementar la penetración de Indra en los mercados de Portugal, de la comunidad lusófona y de América Latina".
Los inspectores subrayan la red de contactos que Alejo Morodo tiene en el país vecino. Su padre ocupó el cargo embajador de España en Lisboa entre 1995 y 1999. Su suegro, Manuel Joaquim Dias Loureiro, se desempeñó como ministro de Asuntos Parlamentarios (1987-1991) y de Administraciones Públicas (1991-1995) y como miembro del Consejo de Estado en 2006, cargo del que tuvo que dimitir en 2009 por su presunta implicación en negocios ilícitos.
Según consta en la querella interpuesta por la Fiscalía anticorrupción el 14 de enero de 2019, varios de los posibles delitos de corrupción contra las transacciones internacionales que se le atribuyen a Alejo Morodo "se habrían cometido en Portugal" y también "parte de los hechos consecutivos de delito de blanqueo de capitales". En el marco de pesquisas, la fiscal Ana Cuenca ha pedido al juez Santiago Pedraz que emita una comisión rogatoria a Portugal para rastrear el dinero de los Morodo.
"Reducir la carga fiscal"
Los inspectores concluyen que los servicios prestados por Morodo Abogados y Asociados a sus clientes fueron realizados por el hijo del exembajador "por su cualificación y experiencia profesional y familiar, de experto asesor y consultor en relaciones internacionales e institucionales". En este sentido, subrayan que, "desde el punto de vista objetivo, queda probado que la finalidad de la constitución de la sociedad no era otro que el de reducir la carga fiscal".
Indra aportó, a petición de Hacienda, el contrato firmado con la mercantil de la familia Morodo en junio de 2008 y sus sucesivas prórrogas hasta su extinción en marzo de 2015. "El contrato de arrendamiento de servicios aportado es muy ilustrativo para la Inspección a la hora de determinar la simulación de las operaciones realizadas a través de esta sociedad interpuesta", según consta en el informe.
Según Hacienda, "queda probado que la finalidad de la constitución de la sociedad no era otro que el de reducir la carga fiscal"
Los inspectores aseguran que, aún tras recibir la documentación de la multinacional española, se "desconoce cuáles han sido los servicios concretos prestados a Indra", ya que solo se facilitó contrato y facturas, y carecen de documento alguno que especifique el servicio prestado.
Lo que sí queda acreditado en la información entregada por la compañía es que Indra ya "venía contando con los servicios como asesor especialista de Alejo Morodo". Y que lo hizo hasta que el hijo del exembajador se incorporó a la firma Morodo Abogados y Asociados. "Es decir, que los servicios que hasta ese momento facturaba (...) los pasa a facturar la sociedad que éste ha constituida para tal fin, sin que la sociedad aporte absolutamente nada nuevo a los servicios que el socio venía prestando como persona física", insisten los inspectores. Según Hacienda, esta actuación carece de "cualquier justificación distinta de la de haber obtenido una reducción en la carga fiscal".
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