El Gobierno de Pedro Sánchez va descontando días en el calendario para exhumar los restos de José Moscardó y Jaime Milans del Bosch, dos pesos pesados de la dictadura franquista. Tras sacar del Valle de los Caídos a José Antonio Primo de Rivera el pasado lunes 24 de abril, con motivo de su cumpleaños, la Ley de Memoria Democrática ya está cocinando a fuego lento su siguiente golpe a dos de los grandes protagonistas del régimen que gobernó España desde la victoria de los golpistas el 1 de abril de 1939 hasta la muerte del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975.
Desde la exhumación de Francisco Franco, primera gran maniobra del Ejecutivo de coalición en materia de Memoria Democrática, y hasta la próxima salida de Moscardó y Milans del Bosch, el PSOE ha sacado a Queipo de Llano (Basílica de la Macarena) y José Antonio Primo de Rivera (Valle de los Caídos). La salida de Quipo de Llano y su esposa Genoveva se hizo, además, a las 02.20 en un ambiente de secretismo y nocturnidad en Sevilla.
Moscardó y Milans del Bosch, los siguientes
Según informó primero el diario El País en noviembre de 2022, Jaime Milans del Bosch tiene todas las papeletas para ser el siguiente en abandonar su lugar de descanso. Su cripta se encuentra en el Alcázar de Toledo, donde también descansan los restos póstumos de Milans del Bosch y destacados militares que defendieron el Alcázar de Toledo durante el asedio de julio a septiembre de 1936, en los primeros compases de la Guerra Civil. Además, Milans del Bosch fue un activo clave en el intento fallido del golpe de estado del 23 de febrero de 1981 sacando los tanques a las calles de Valencia.
La responsabilidad de estos restos recae en el Ministerio de Defensa, quien ya habría iniciado los trámites para ambas exhumaciones. El gran inconveniente de esta maniobra es que en el Alcázar descansan cerca de 200 personas implicadas en el golpe y la posterior defensa de Toledo. El homenaje que estas víctimas reciben cada mes de septiembre choca de lleno con uno de los preceptos que pone nombre a la Ley de Memoria Democrática. Junto a Moscardó yace parte de su familia, lo que también dificulta la acción del Gobierno.
Los monjes del Valle corren peligro
Además de los citados Moscardó y Milans del Bosch, los siguientes en la diana de la Memoria Democrática son los monjes que viven la abadía del Valle de los Caídos. Tal y como contó Vozpópuli en su momento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva meses acorralando a los doce benedictinos que se resisten a abandonar su hogar.
Los religiosos del Valle pertenecen a la Orden de San Benito, pero llegaron a un acuerdo con la Fundación de la Santa Cruz para encargarse de todo lo relativo a los oficios eclesiásticos, entierros y mantenimiento en general del Valle de los Caídos. Una Fundación que desde 1982 pasó a depender de Patrimonio Nacional y ahora está en manos del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
En su día, Franco firmó un tratado con el Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos), que siempre ha estado regido por benedictinos. De este modo, veinte cenobitas salieron de Silos con dirección a Madrid para hacer suyas las instalaciones recientemente inauguradas por la dictadura. Y ahí han permanecido durante más de seis décadas gracias al contrato que la orden firmó con el dictador en 1958 y cuya vigencia venció en octubre de 2020 por la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. El texto regulador establecía la extinción de convencidos firmados con el Estado por tiempo indefinido que no fuesen prorrogados entre la entrada en vigor del mandato y los cuatro años siguientes.
Lejos de querer llegar a un acuerdo, los religiosos cuentan que nadie del Gobierno ha tratado de ponerse en contacto con ellos en estos últimos meses. De hecho, nadie del Ejecutivo ha movido ficha ni se ha acercado al Valle de los Caídos en ningún momento para tratar de llegar a un nuevo acuerdo con los benedictinos. Tanto es así que la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica ha denunciado esta particularidad para tratar de echar sin pudor a los monjes fuera de su casa.
Argumentan que viven de forma ilegal allí, amén de explotar para su propio beneficio económico las distintas actividades del Valle de los Caídos. El detalle que han pasado por alto es que, si residen de forma alegal, es porque el Gobierno ha decidido no sentarse con ellos para renegociar las bases del acuerdo, añadiendo una serie de impagos desde hace cuatro años que los han puesto en serios apuros económicos y por los que están dispuestos a llevar este asunto por vía legal. Vienen tiempos de exhumaciones y expulsiones.
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