Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno han resuelto con sanción 172.482 expedientes de multas por infringir el primer estado de alarma, lo que representa el 17,9% de las 960.580 denuncias interpuestas en los tres primeros meses de lucha contra la covid-19. El Gobierno ha analizado ya el 50,1% del total de expedientes.
De las 481.969 actas de propuesta de sanción tramitadas, 172.482 se han resuelto con sanción; 87.826 han sido trasladadas a otras administraciones (autonómicas y locales); 54.193 se encuentran todavía en proceso de instrucción; y 11.206 han sido archivadas. El resto, 156.262, tras el análisis del instructor correspondiente se ha determinado que, a la vista de los hechos, "no procedía iniciar el procedimiento sancionador por distintas causas".
Los datos los ha facilitado este jueves el Ministerio de Política Territorial y Función Pública recopilando los expedientes gestionados por las Delegaciones a raíz de las propuestas de sanción tramitadas por Policía Nacional, Guardia Civil y cuerpos autonómicos y locales. Corresponde, por tanto, al confinamiento domiciliario más estricto y a las multas tramitadas por la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza'.
Los expedientes de estas fechas responden en su mayoría al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. "En el segundo estado de alarma la tramitación de los expedientes de sanción corresponde a las Comunidades Autónomas", añade este departamento ministerial. Las actuaciones policiales y las multas han sido objeto de polémica durante la pandemia y ha vuelto ahora al primer plano debido a los botellones y aglomeraciones de ciudadanos, una vez finalizado el estado de alarma.
Andalucía (195.986) y Madrid (184.517) son las comunidades autónomas en las que más expedientes de denuncia se han interpuesto entre el 14 de marzo y el 21 de junio. Ceuta y Melilla presentan las menores cifras con 9.472 y 4.199 propuestas, respectivamente.
Más de un millón de multas
El balance final dejó 1.142.127 multas impuestas en toda España en el primer estado de alarma --desde el 14 de marzo al 21 de junio--, y al menos 220.296 sanciones en el segundo estado de alarma --desde 26 de octubre hasta mayo--, según datos del Ministerio del Interior facilitados en marzo, cuando se cumplió un año del primero de los estados de alarma.
Política Territorial ha subrayado que las multas del primer estado de alarma correspondían a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, con excepción de Cataluña y País Vasco, donde las competencias en materia de seguridad ciudadana están transferidas a los respectivos Gobiernos autonómicos
"El objetivo fundamental de los controles durante el estado de alarma ha sido garantizar el cumplimiento de las medidas limitativas adoptadas para proteger la salud de las personas logrando doblegar la curva de transmisión y situarla en un nivel que no supusiera un riesgo para la capacidad del sistema sanitario", ha recordado el Ministerio que dirige Miquel Iceta.
"Ese objetivo se consiguió", según Política Territorial, que se remite a los datos epidemiológicos. La semana anterior a la declaración del estado de alarma, el ritmo de contagios semanal crecía al 35% y cada persona infectada provocaba alrededor de 3 nuevos contagios. A finales del mes de abril de 2020, el incremento semanal de contagios era del 5%, a finales de mayo del 1,5% y a finales de junio era inferior al 1%.
Refuerzo ante la carga de trabajo "desproporcionada"
Hasta la fecha, el número de actas de denuncia pendientes de tramitar por parte de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno asciende a 478.611 (el 49%). Política Territorial ha anunciado que "hoy mismo se pone en marcha un programa de refuerzo para agilizar la tramitación de estos expedientes con el objeto de que queden resueltos en tiempo y forma".
"El compromiso del personal de las unidades de sanciones de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno ha sido esencial para revisar y analizar las denuncias, a pesar de las dificultades que rodearon el desempeño de su tarea en los primeros meses", añaden. En total, se trata de 235 efectivos en todo el país encargados de determinar si, a la vista de los hechos, procedía o no iniciar el expediente sancionador.
Política Territorial habla de una "desproporcionada carga de trabajo" y ofrece cifraras como que en 2019 el total de denuncias recibidas en las Delegaciones del Gobierno referidas a todos los ámbitos en los que se ejerce la potestad sancionadora, es decir, seguridad ciudadana, drogas, armas, seguridad privada, violencia en el deporte o derecho de reunión, ascendió a 464.734. De este total anual, 64.346 estaban referidas al ámbito de seguridad ciudadana.
Esta cifra contrasta con las 960.580 actas de sanción interpuestas en un periodo de tres meses (desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio de 2020) vinculadas exclusivamente al incumplimiento de medidas limitativas articuladas para combatir el Covid-19 durante el primer estado de alarma. Supone una volumen de expedientes 8 veces superior a un periodo equivalente de 2019.
