Hace un año que el ministerio del Interior puso en marcha un plan especial para luchar contra la entrada de drogas a través de las costas españolas. Puso el foco en el Campo de Gibraltar, centro operativo de mafias que con lanchas con varios cientos de caballos de potencia encima surcan los 14,4 kilómetros que separan Europa de África para introducir o recoger estupefacientes, o para proveer de gasolina a otras embarcaciones.
El ministro titular en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido una reunión en la que se ha puesto negro sobre blanco los resultados obtenidos por este operativo en los primeros 12 meses. El plan consiste en un conjunto de medidas para mejorar la seguridad ciudadana en la zona mediante actuaciones y objetivos a corto y medio plazo.
Éxito
Las operaciones de los agentes de seguridad han dado sus frutos. Hasta el momento se han efectuado 4.852 detenciones, entre ellos importantes cabecillas de organizaciones dedicadas al narcotráfico. Además se han aprehendido 143,1 toneladas de hachís; 5,4 de cocaína; 500 kilogramos de heroína y 108 de marihuana, así como 758.999 cajetillas de tabaco de contrabando.
En el transcurso de las distintas operaciones, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también se han incautado de 750 vehículos utilizados para transportar mercancías ilegales, de las cuales 133 son embarcaciones, fundamentalmente lanchas semirrígidas dedicadas al narcotráfico.
El número de operaciones contra el tráfico de drogas se ha incrementado un 77,8% y las operaciones contra el blanqueo de capitales e investigación patrimonial, un 86,9% durante el primer año de vigencia del Plan.
Además de las detenciones e incautaciones, los refuerzos de personal y medios han favorecido una considerable reducción de la cantidad de episodios violentos contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con motivo de sus actuaciones contra grupos criminales.
El operativo se activó en julio de 2018 con un presupuesto inicial extraordinario de 7,03 millones de euros hasta diciembre, a los que hay que sumar otros 17 millones de euros para 2019. Dichas medidas se adoptaron por el importante deterioro de las condiciones objetivas de seguridad en la zona debido al impacto del narcotráfico y las conductas violentas ligadas a la actividad de los grupos de delincuencia organizada.
Aumento de efectivos
Dentro de las medidas adoptadas, destaca el refuerzo en 346 agentes de Policía Nacional (148) y Guardia Civil (198) que se han incorporado a todos los municipios de la comarca.
Además se han adquirido 112 vehículos, 427 elementos de protección para los agentes de ambos Cuerpos, 293 dispositivos de vigilancia y control y una cámara especializada para helicópteros.
El Plan también ha reforzado las capacidades operativas de inteligencia, así como la coordinación de los Cuerpos competentes en la comarca. De igual modo se ha procedido al incremento y actualización de los medios materiales y tecnológicos para combatir el narcotráfico y el contrabando.
Saturación de los juzgados
Las continuas operaciones contra el narcotráfico que en los últimos meses está llevando a cabo el Ministerio del Interior en la zona del Campo de Gibraltar tienen una consecuencia que podría dejar mermadas las labores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que las están realizando. Las numerosas incautaciones de droga y detenciones de clanes producen un colapso en los juzgados que tienen que instruir las numerosas causas que estas producen.
La presencia de agentes no ha ido acompañada de más trabajadores en los juzgados, lo que provoca que los que ya estén allí se vean sobresaturados de trabajo. La Asociación Española de Guardias Civiles(AEGC) advirtió de que esta falta de magistrados provoca "dilaciones indebidas" que se traducen en una reducción de las penas a los narcos como consecuencia de alargarse los procedimientos durante años.
Esta situación, a ojos de los policías, merma sus actuaciones. "Al final del día comprobamos que nuestro trabajo ha sido en balde porque el colapso de los juzgados permite a los delincuentes seguir siendo los dueños" de la zona.
El fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, advertió de la situación por la que pasa la plantilla en la zona. En la memoria del año pasado de la Fiscalía Antidroga de Cádiz, Cisneros avisa de que la plantilla es corta e insuficiente para atender el volumen de asuntos que genera la zona, “siendo imposible que la Fiscal delegada asuma el volumen de asuntos propios de su cargo".
En 2018, frente a tal volumen de trabajo, se tuvo que asignar a una tercera fiscal de apoyo. El fiscal jefe describe ese año como "el año del narcotráfico" e incide en que "las múltiples microorganizaciones que tradicionalmente se han dedicado a esta actividad, muchas veces de carácter familiar, han sido sustituidas por organizaciones más grandes, con mayor número de medios materiales y humanos, con capacidad de acometer operaciones de mayor calado".
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