El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunió este lunes con la expectativa de alcanzar un gran acuerdo. Aunque los veinte vocales no lograron consensuar quién debe ser el próximo presidente del organismo, sí acordaron abrir la lista de siete magistrados del Tribunal Supremo que hasta ahora se manejaban como candidatos, incorporando nuevos nombres que podrían generar cierto consenso entre los dos bloques en disputa. Entre estos nuevos nombres destaca el de Isabel Perelló, quien ha emergido como una posible figura de consenso, tal y como adelanta El Independiente.
Para muchos observadores y fuentes cercanas al CGPJ, este pequeño paso es visto como un movimiento estratégico hacia el gran acuerdo que podría concretarse en la reunión prevista para el martes. El objetivo es llegar con una decisión firme a la apertura del año judicial, programada para el jueves 5 de septiembre, que contará con la presencia del Rey Felipe VI.
Los candidatos en juego
Hasta el momento, los nombres que habían estado sobre la mesa eran siete. Del lado conservador figuraban Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Pablo Lucas. Por parte del bloque progresista, los candidatos eran Ana Ferrer, Ángeles Huet y Pilar Teso. Durante las negociaciones llevadas a cabo en julio, los finalistas habían sido Pablo Lucas, con el respaldo de los 10 vocales conservadores, y Pilar Teso, apoyada por los 10 progresistas.
Sin embargo, las posiciones cambiaron en la reunión del lunes. Tras varias votaciones, las preferencias se dividieron esta vez entre Carmen Lamela y Ana Ferrer, cada una recibiendo un número igual de votos.
La modificación de los candidatos por parte del bloque conservador no fue casual, según El Independiente. Los vocales conservadores se ajustaron a una condición inamovible planteada por los progresistas: que la presidencia sea ocupada, por primera vez, por una mujer. Además, los conservadores buscan que dicha presidenta sea también progresista. Esta estrategia tiene en cuenta el hecho de que, en los 44 años de historia del Consejo, 38 de esos años han tenido un presidente conservador.
A pesar de este gesto, no será fácil lograr que los vocales elegidos por el PSOE voten a favor de Carmen Lamela, magistrada que adquirió notoriedad por imputar al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, acusándolo de haber desarrollado un "plan premeditado para evitar actuar" durante el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Este hecho ha generado reticencias en los vocales progresistas, quienes consideran difícil apoyar a alguien con un historial que podría interpretarse como un obstáculo para la reconciliación política en Cataluña.
La dificultad del consenso: el papel de Ferrer y Lamela
La dificultad para alcanzar los tres quintos de votos necesarios, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ve reflejada no solo en la figura de Lamela, sino también en Ana Ferrer. Esta última, miembro de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, firmó el voto discrepante que abogaba por la aplicación de la amnistía a los líderes del procés, lo que la convierte en una figura igualmente polarizante en el bloque conservador.
En contraste, Pilar Teso y Pablo Lucas emergen como candidatos que, al menos en teoría, podrían generar mayor unanimidad. Ambos magistrados, pertenecientes a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, han demostrado independencia en sus decisiones, firmando resoluciones que afectaron a gobiernos de diferentes colores políticos, sin distinción aparente. Teso, por ejemplo, votó a favor de anular el ascenso a fiscal de Sala de Dolores Delgado, mientras que Lucas ha sido responsable de rubricar las órdenes judiciales del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante años, ganándose la reputación de ser un profundo conocedor de las intrincadas dinámicas del Estado.
Desde el pasado 25 de julio, se había estado trabajando con estos candidatos, y la apertura de la lista se percibía como un riesgo de alargar aún más el proceso. Además, existía el temor de que este movimiento pudiera interpretarse como una forma de "veto" por parte del bloque conservador.
Sin embargo, la mayoría de los miembros del CGPJ están decididos a evitar un aumento en la tensión de sus reuniones. Por ello, en la nota de prensa que se emitió después de la sesión, se enfatizó que las discusiones se habían desarrollado "de forma fluida y cordial con la finalidad de lograr un consenso". Este esfuerzo por mantener la calma y el diálogo abierto sugiere que, a pesar de las dificultades, existe una voluntad compartida de llegar a un acuerdo.
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