El rechazo oficioso de varios magistrados progresistas del Tribunal Constitucional (TC) a amnistiar delitos de terrorismo y traición como quiere Carles Puigdemont -teme que se complique su futuro penal, diga lo que diga Pedro Sánchez-, resultó “determinante” en el rechazo del PSOE a las enmiendas a la Ley de Amnistía presentadas por Junts per Catalunya, lo cual acabó provocando que éste partido tumbara la norma, admiten a Vozpópuli dos fuentes socialistas bajo condición de anonimato.
Estas fuentes afirman desconocer si antes del Pleno del Congreso del pasado martes, hubo contactos al más alto nivel entre el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido y el presidente del Gobierno, o de Pumpido con el ministro de Justicia, Félix Bolaños; en cualquier caso, ninguno de los protagonistas va a admitirlo públicamente porque “sería causa clara de recusación, nada menos, que del presidente del TC”.
No obstante, desde el Ejecutivo sí se defiende que, cuando se trata de un caso de tanta trascendencia, haya un “lógico” intercambio de pareceres “a través de diversos canales” para saber hasta dónde puede llegar una norma. Y, en esta ocasión, fue “determinante” constatar que si se incluían el terrorismo y la traición como amnistiables, no,sólo será tumbada “seguro” por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sino que al Constitucional español no le quedaría más remedio que tumbarla también para no quedar en evidencia ni escenificar un choque jurisdiccional con Europa.
Ni que decir tiene que si en las negociaciones PSOE/Junts de éste próximo mes, terrorismo y traición acaban siendo declarados amnistiables vía enmiendas transaccionales a la ley, “las posibilidades de que La Comisión de Venecia y luego el TJUE le den el visto bueno son nulas”, admite a Vozpópuli un magistrado del sector conservador del TC.
A este respecto, tanto La Moncloa como Ferraz están viendo con preocupación los movimientos del PP tanto en el Europarlamento -ha conseguido que la Comisión de Justicia eleve al Consejo de jefes de Estado y de Gobierno de los 27 la propuesta de declarar la malversación incluida en la ley española como no amnistiable- como en la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, más conocida por Comisión de Venecia.
Éste es un órgano consultivo del TJUE, de la Comisión Europea, el Parlamento y resto de instituciones, integrado por expertos en Derecho Constitucional, al cual la Mesa del Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta, ha solicitado un dictamen “urgente” sobre la Ley de Amnistía española y la posible vulneración del Rule of law (Estado de Derecho comunitario) que implica.
Ni que decir tiene que si en las negociaciones PSOE/Junts de éste próximo mes, terrorismo y la traición acaban siendo incluidos en la ley vía enmiendas transaccionales, “las posibilidades de que La Comisión de Venecia y luego el TJUE le den el visto bueno son nulas”, admite a Vozpópuli un magistrado del sector conservador del TC.
“En realidad, tampoco hace falta que se implique el presidente del TC”, señala un interlocutor de este periódico preguntado por el rumor extendido en los ambientes políticos de que Conde-Pumpido tomó cartas en el asunto para avisar a Pedro Sánchez de que, o frena a Puigdemont, o la ley no pasará el filtro del Constitucional
“En realidad, tampoco hace falta que se implique el presidente del TC”, señala un interlocutor de este periódico preguntado por el rumor extendido en los ambientes políticos de que Conde-Pumpido tomó cartas en el asunto, ya que, dentro de esa mayoría progresista de siete magistrados, los hay con conexión más directa con este Gobierno incluso que él.
Uno de ellos es el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo, que ha pedido ser apartado porque sigue pensando que cualquier Ley de Amnistía es contraria a nuestra Carta Magna, y la otra quien fuera mano derecha de Bolaños en La Moncloa, la ex directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia, Laura Díaz.
Primacía del TJUE sobre el TC
Tal y como está redactada la proposición de ley que decayó el martes, explican diversas fuentes políticas y judiciales, la norma hubiera sido digerible por la actual mayoría progresista de 7 a 4 (magistrados conservadores), incluso por un 6/4 si finalmente el ex ministro de Justicia Campo no participa finalmente en la deliberación y el fallo. Varios de esa mayoría se pasarían al no junto a los conservadores si se considera amnistiable el terrorismo.
Mientras, en el alto tribunal se niegan a entrar en especulaciones sobre contactos oficiosos con el Gobierno y fuentes oficiales se limitan a señalar a este periódico que “cuando llegue el recurso contra la ley, se estudiará y se tramitará como cualquier otro recurso de inconstitucionalidad”.
Una de las claves en este complicado embrollo jurídico-político, será cuál de los dos tribunales, TC o TJUE -éste vía cuestión prejudicial-, sea el que hable primero sobre la norma o si los dos procesos discurrirán en paralelo. Teniendo en cuenta siempre que el TJUE y el derecho comunitario priman sobre el nacional y sus resoluciones son de obligado cumplimiento por los Estados.
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