Luis del Rivero vuelve a la carga contra los clientes VIP del comisario jubilado José Manuel Villarejo. El expresidente de Sacyr ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que incorpore al procedimiento las anotaciones que plasmó el policía en sus agendas relativas a Isidro Fainé y a Repsol. Según razona, el estudio de los manuscritos podría aflorar "nuevos indicios" en la investigación que se sigue en la pieza número 21 de la causa.
La solicitud del empresario murciano, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, se produce semanas después de que el instructor archivara la causa a la petrolera y a su presidente, así como a CaixaBank y Fainé. El juez les había imputado en esta línea de investigación por el encargo que los dos entes efectuaron en 2011 a las empresas del comisario tras la acción sindicada de Sacyr y la mexicana Pemex para acceder al capital de Repsol.
Tras tomar declaración a los imputados, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 decidió levantarles esta condición relegando la responsabilidad del contrato a los entonces jefes de seguridad de Repsol y Caixa, contra los que sigue la causa. En su decisión jugó un importante papel toda la documental aportada por las firmas en la que alegaban que para entonces ya contaban con un sistema de compliance "debidamente instaurado". También razonó, en lo que respecta a Brufau y Fainé, que no tenían obligación de supervisión por su condición de presidentes.
Del Rivero, por su parte, no solo recurrió ante la Sala de lo Penal la decisión del magistrado, sino que presentó otro escrito en el que pidió que se abriera una nueva vía. En concreto, reclama que se adhiera las anotaciones que plasmó Villarejo en sus agendas relativas al presidente de la Fundación la Caixa y a la petrolera. En sus cuadernos, a los que ha tenido acceso este diario, Villarejo anotó una cita con el banquero en la que se podía leer "día 10" y, al lado de la misma, la palabra "anulada".
"Información de vital interés"
Se trata de un manuscrito que redactó el 3 de junio de 2016 y que vino precedido de una segunda anotación relativa a otro posible encuentro fijado para el día 15 de julio a las 14.30 horas. Del mismo modo, Del Rivero avisa también que en sus escritos de 2016 (cuatro años después de cerrar el proyecto bautizado como Wine), Villarejo apuntó: "Acuerdo con Repsol. Pagan 2 mill al año por protección".
"Las referidas agendas contendrían, de ser cierto lo relatado, información de vital interés para la determinación de la naturaleza y circunstancias de los hechos objeto de la presente instrucción, por lo que me veo en el caso de interesar que se incorpore a la presente pieza testimonio de aquellos fragmentos de las agendas que contengan las expresadas menciones", reza Del Rivero en su reciente petición, en la que reclama, además, que se le autorice a acceder a las agendas de la pieza principal en su condición de perjudicado de los espionajes del comisario.
En su interrogatorio en sede judicial el pasado mes de mayo, tanto Fainé como Brufau se desligaron por completo del comisario. Así, mientras el banquero explicó que fue Repsol el que gestionó la contratación con el Grupo Cenyt, Brufau aseveró que él nunca se encargó de la selección de proveedores ya que el departamento de Seguridad es al que compete esta función. Con todo, los dos negaron conocer de nada al policía que estaba adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía.
El proyecto en cuestión se cerró en 2011 y se presupuestó en un primer momento en cerca de un millón de euros. El objetivo era poner el foco en Del Rivero (que también figura como perjudicado en la pieza relativa al BBVA) por su maniobra para hacerse con un tercio de las acciones de Repsol en connivencia con la empresa estatal mexicana. La Fiscalía Anticorrupción y el magistrado sostienen que se vulneraron los derechos de los espiados al controlar su tráfico de llamadas así como impulsar seguimientos y servicios de vigilancia.
La reacción de Repsol
Además de Del Rivero, Villarejo espió a su familia, a directivos de Pemex, al entonces jefe de Seguridad de Sacyr, Rodrigo Álvarez Vázquez (apodado el Cid), y al exdirectivo de Repsol Fernando Ramírez Mazarredo. Durante el registro en el domicilio del policía, los agentes constataron además abundante documental relativa al servicio y al pago del mismo. En concreto identificaron transferencias giradas tanto desde las cuentas de Repsol como de Caixa entre noviembre de 2011 y julio de 2014 por un importe total de 413.600 euros.
El magistrado, a petición del propio Del Rivero, recurrió a la Agencia Tributaria para esclarecer la relación de pagos canalizados por el Grupo Cenyt en esos ejercicios. El resultado remitido por Hacienda reflejó los ingresos cotejados meses antes por los investigadores, así como otros relativos a clientes de su entramado cuyos encargos se investigan en piezas separadas.
Del mismo modo, también requirió a la Policía Nacional para que informara si el comisario, aprovechando sus vínculos en la Comisaría General de Información, se aprovechó de ellos para acceder a información confidencial. Al respecto, Asuntos Internos acreditó en un informe que no se detectaron búsquedas en las bases de datos policiales ni del expresidente de Sacyr ni de los protagonistas de este servicio de espionaje en el tiempo en el que estuvo vigente.
Con todo, Del Rivero siempre ha reivindicado su condición de perjudicado del espía tanto por sus trabajos a Repsol y Caixa como al BBVA, llegando incluso a atribuirle un infarto. Repsol, por su parte, ya avisó antes incluso del archivo de su imputación que estudiaría acciones legales contra los responsables de estos hechos, en referencia velada al Ministerio del Interior (por permitir los negocios privados del espía) como al propio expresidente de Sacyr.
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