El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marslaska ha sido el instrumento empleado por el Gobierno en funciones para seguir perseverando en el cortejo a los independentistas con vistas a asegurar el apoyo de Junts y ERC a la investidura de Pedro Sánchez. En este caso, con la sorprendente solicitud de la Secretaría de Estado de Interior dirigida a la directiva ejecutiva de Europol, Catherine De Bolle, para que el organismo policial europeo deje de calificar a los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) como una organización de índole terrorista.
En concreto, la comunicación dirigida a Europol reclama que la "rectificación" de una serie de epígrafes "con el fin de que las alusiones al independentismo se eliminen del "apartado de terrorismo y se mantenga en un epígrafe independiente como independentismo" en el informe elaborado por Europol que incluye una categorización de organizaciones en Europa consideradas terroristas.
Demanda Puigdemont
En esta calificación, a instancias de España, Europol incluyó a ETA y a Resistencia Gallega como organizaciones incluidas en el apartado de "terrorismo no yihadista". En esa comunicación, de marzo de este mismo año, el Gobierno puso a los CDR en una categorización bajo un epígrafe de "Extremismos violentos".
En este sentido, Interior pide que "se eliminen" las alusiones al independentismo del apartado "terrorismo".
Esta solicitud contraviene distintos procesos judiciales impulsados por la Audiencia Nacional en los que miembros de los CDR han sido juzgados por delitos de terrorismo. Además, se ajusta a lo demandado al respecto por el prófugo expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en concreto el pasado 5 de septiembre cuando expuso públicamente las exigencias para negociar una investidura.
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