Desde este jueves, España cuenta con la tercera ley de Universidades aprobada en democracia. El Congreso ha aprobado por mayoría absoluta la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), comprometida a destinar como mínimo un 1% del PIB a la Universidad de aquí al 2030. La reforma sale adelante con el apoyo especial de ERC, los grandes beneficiados en su tramitación, ya que ha conseguido introducir 150 enmiendas que, en muchos casos, suponen beneficios exclusivos a la universidad catalana.
La norma sustituye a la LOU, aprobada en 2001. Tras la votación de las enmiendas del Senado, el pleno de la Cámara Baja ha respaldado el texto por 182 votos a favor, los de PSOE, PNV, ERC, CC, Más País, Unidas Podemos, Teruel Existe, Compromís y PdeCat y 157 en contra, nacidos de PP, Ciudadanos, Vox, Navarra Suma, Foro Asturias, BNG y Partido Regionalista de Cantabria. Junts per Catalunya y Bildu se han abstenido.
Una ley a medida para Esquerra
En su turno de intervención, la diputada de Esquerra Marta Rosique se ha jactado de que su formación ha incorporado más de 130 enmiendas que "han mejorado sensiblemente el texto". La mejora, entre otros, alude a que han conseguido promover un erasmus catalán, conocer la lengua de impartición de las materias en los planes de estudio o establecer el derecho a compatibilizar los estudios con el asociacionismo juvenil.
Además de estas medias, Rosique ha destacado la promoción del derecho al paro académico o que el estudiantado pueda compaginar estudios y trabajo. Una de las enmiendas clave es la que busca equiparar los derechos y obligaciones del personal laboral y funcionarios, algo que permitiría a los profesores universitarios presentarse a rector, entre otros. Por otro lado, recoge que los psicólogos migrantes puedan homologar sus títulos y que los claustros puedan "analizar y debatir" temas de actualidad.
La neutralidad universitaria, en cuestión
Otro de los puntos calientes de la norma, asociado a las enmiendas de los independentistas catalanes y que ha dado especial impulso a la derecha y a la ultraderecha es la enmienda que permite a los claustros “analizar y debatir otras temáticas de especial trascendencia". La propia Rosique señaló que la medida es una vía para eludir futuras sentencias judiciales como las que han condenado a la Universidad de Barcelona o la Politécnica de Cataluña por "posicionarse por temas de profunda actualidad política y de afectación en su entorno" cuando dieron apoyo al procés.
En su momento, más de 1.200 profesores -en su mayoría, catalanes-, se posicionaron en contra, pidiendo al Gobierno que dejara claro "que hay neutralidad institucional en los órganos académicos". PP, UPN y Cs presentaron enmiendas contra la ideologización de los campus, pero no prosperaron.
Subirats celebra el triunfo de la ley
El ministro de Universidades, Joan Subirats -histórico profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona- ha celebrado el éxito de la nueva ley. Ha explicado que con la LOSU se ha asumido "la demanda de muchas de las universidades que durante años han reclamado contar con una nueva ley, 22 años después de la aprobación de la LOU", su predecesora, aprobada en 2001. La reforma de la medida, dice, se ha abordado desde un "talante inequívoco de diálogo y de consenso".
"Tengo la convicción de que permite a las universidades afrontar con garantías de éxito los retos actuales del cambio de época que atravesamos y también plantear y afrontar su futuro tanto a corto como a medio plazo. Conlleva un compromiso presupuestario firme, que quiere acabar con un largo periodo de infrafinanciación de nuestras universidades públicas, un compromiso concretado en un mínimo del 1% del PIB", ha añadido.
En estos momentos, ha detallado, "ya estamos trabajando tanto con las comunidades autónomas como con los rectores para que esto pueda llegar a cumplirse". Según Subirats, el Gobierno ha hecho "un esfuerzo importantísimo" con "el aumento histórico" de las becas universitarias, reconociendo las becas como un derecho subjetivo, eliminando o paralizando la posibilidad de aumento de los precios públicos y "democratizando así de manera efectiva una educación superior para todos y para todas".
Se recogen además "importantes baterías de medidas para que las universidades sean equitativas en su organización interna, garantizando la participación de todos sus miembros en su gobernanza, la igualdad entre mujeres y hombres, reduciendo la precariedad de las plantillas del profesorado y garantizando una carrera estable y predecible y con condiciones laborales dignas".
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