El pasado 1 de enero, como viene siendo costumbre desde hace varios años, las normas de Madrid 360 -antes conocido como Madrid Central- se han endurecido un poco más. Desde que comenzó 2024, ningún coche sin etiqueta puede circular por ningún punto del término municipal si este no está empadronado en la ciudad desde antes de 2022. Es decir, que ahora las restricciones se extienden más allá, incluso, de la M-40 -es el caso de barrios como Vicálvaro, Villaverde o Villa de Vallecas-. Los afectados son en total 440.000 vehículos de la Comunidad.
Es por ello que la Asociación de Vehículos Afectados por las Restricciones Medioambientales (AVARM) se manifestará por las calles de Madrid "contra las prohibiciones y restricciones de Madrid 360 y la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid". Esto se debe a que, según este organismo, es produce una dificultad añadida para personas que usan el coche para ir al "trabajo, al hospital o al colegio" dentro del término municipal de la ciudad.
Este organismo hace hincapié en aquellas personas que necesitan ir al hospital de forma regular y no cuenta con un vehículo para ello, especialmente los que requieren un tratamiento oncológico, ya que estas no pueden usar el transporte público por tener un sistema inmunodeprimido. También en aquellos que necesitan el coche para acudir a su puesto de trabajo y cuentan con peores conexiones en transporte público que los que viven en la propia ciudad.
Más concretamente, la AVARM denuncia que en Madrid existen "medidas discriminatorias" que impiden "la libertad de circulación", especialmente de aquellas personas con menor capacidad económica, que es, en definitiva, quien no tiene dinero para adquirir un coche que sí cumpla con los requisitos impuestos por el Ayuntamiento de Madrid. Por ello, la asociación sostiene que hay una triple discriminación "entre propietarios de turismos y otros vehículos, entre quienes pagan el IVTM y en función de la antigüedad del vehículo".
Una de estas afectadas es Miriam, dueña de una empresa de limpieza. "Estoy perdiendo contratos porque no puedo entrar a Madrid", cuenta a este diario. Apunta que no se puede permitir un vehículo con etiqueta, ya que la facturación cada vez es menor y por tanto, no tiene facilidad para conseguir un préstamo. "Hoy he venido a trabajar en un coche prestado porque no puedo traer el material en transporte público", se lamenta. Señala que, en definitiva, estas medidas "discriminan a quien menos tiene, a quien no tiene medios para cambiarse de coche".
Señala que su pareja está en una situación similar, ya que tiene una autoescuela. "Algunos coches tienen etiqueta y otros no, ¿tiene que cerrar el negocio?", señala en conversación con Vozpópuli. Denuncia que Madrid ha endurecido sus medidas "en el peor momento", saliendo de la pandemia y con la crisis inflacionaria.
Un cliente suyo, que tiene un taller, también está sufriendo las consecuencias de las nuevas restricciones: los propietarios de vehículos sin etiqueta de fuera de la ciudad que antes confiaban en su establecimiento ya no pueden hacerlo porque no pueden acceder a la zona donde se ubica.
Mariano es otro afectado. Cuenta con dos vehículos sin etiqueta y aunque está empadronado en Madrid, a partir del año que viene no podrá circular tampoco por la ciudad. En estos momentos, su suegra tiene problemas de movilidad y no puede ir a verla, ya que no puede aparcar. Le salva una tarjeta de movilidad reducida tramitada por la ONCE que sí le permite hacerlo, aunque siempre que ella vaya en el vehículo.
"El transporte público no está preparado"
La AVARM denuncia que el Ayuntamiento no cuenta con un transporte público eficaz para absorber a los conductores que necesitan conducir a diario hasta Madrid: el consistorio estima que el 62% de los conductores afectados utilizarán transporte público, unas 272.000 personas. Miguel Álvarez, portavoz de la asociación, lamenta en conversación con Vozpópuli que el Ayuntamiento no tiene previsión de aumentar la flota de vehículos del transporte público o mejorar las frecuencias para dar servicio a los nuevos usuarios.
Además, el proyecto de los parkings disuasorios a las puertas de la ciudad sigue paralizado, denuncia. Álvarez, señala a este diario que "de los trece que estaban proyectados, se han hecho dos o tres" y que el parking disuasorio con lanzaderas que el consistorio colocó en el centro comercial Isla Azul "tan solo ha durado tres meses".
Álvarez se muestra molesto con el Ayuntamiento, ya que AVARM pidió permiso para que los coches sin etiqueta accediesen al interior de la M-30 para manifestarse en base al derecho de manifestación, pero este ha sido denegado: "Quien vaya desde fuera del municipio puede que le multen, aunque pondremos un documento tipo para recurrir".
El consistorio, como viene siendo habitual cada vez que endurece las normas, crea un periodo de avisos: es decir, a aquellos conductores que caza infringiendo la norma, le envía una nota informativa a casa. Esto será así hasta junio, una vez pasen seis meses de la entrada en vigor de la norma. Para entonces, el Ayuntamiento impondrá multas de 200 euros.
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