El 93,2% de los diputados y el 94,4% de los senadores no informa en sus agendas parlamentarias de sus reuniones con lobbies o grupos de interés ni de las que puedan mantener con personas ajenas a la Cámara pero cuyo contenido tenga una "conexión directa" con su actividad en las Cámaras, pese a que el Código de Conducta de las Cortes Generales les obliga a hacerlo. Así se desprende del informe de la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales correspondiente al funcionamiento de ese código ético en 2022, recogido por Europa Press. Se trata del segundo análisis que realiza este órgano de la aplicación de estas normas vigentes desde octubre de 2020.
Tras la entrada en vigor del Código de Conducta la web del Congreso distinguió entre la llamada agenda parlamentaria (en la que aparecen, de forma automática, todas las convocatorias de órganos de los que el diputado o diputada forma parte -pleno, comisiones, etc.), y la agenda personal, que está reservada para que el diputado o diputada pueda incluir esas reuniones u otras interacciones de las que contempla la norma. Es decir, cada diputado o diputada tiene la posibilidad de publicar, bien su agenda parlamentaria, o bien su agenda personal, o ambas, marcando la opción que corresponda en la aplicación. A 1 de septiembre de 2021, 207 miembros del Congreso no publicaban ninguna de las dos agendas (el 59%), frente a 143 que sí lo hacían. Y de estos últimos 78 habían publicado ambas, 62 solo la parlamentaria y tres únicamente la personal.
Ante esta situación, en noviembre de 2022 se acordó la publicación, por defecto, de la agenda de reuniones de órganos internos del Congreso en que participa cada una de sus señorías, por lo que al acabar el año, ya se podían consultar las de todos los miembros de las dos ambas Cámaras. Eso sí, solo 24 diputados (el 6,8%) y 15 senadores (el 5,6%) incluían además referencias a reuniones o actividades distintas a las puramente orgánicas del Congreso o el Senado.
En este contexto, la Oficina de Conflicto de Intereses asegura que "se hace difícil dar por bueno, al parecer altamente improbable", un resultado como el que arroja la comprobación de las agendas en el año 2022, ya que quienes consignan otras reuniones institucionales, aparte de las orgánicas, no llegan en ninguna de las dos Cámaras al 10% del total. "Si la suposición de la Oficina es correcta, se advierte aquí un claro punto de mejora en el cumplimiento de las obligaciones del código, que expresamente pide a quienes están sujetos al mismo consignar en su agenda las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés. Y ello, obviamente, sin perjuicio de que puedan añadir, además, cualquier otro tipo de reunión que tenga una conexión directa con el ejercicio de sus funciones parlamentarias", reza el informe.
En cualquier caso, la oficina sostiene que 2022 "ha sido un buen año en términos generales" porque en comparación con el año anterior "se ha producido una mejora cuantitativa del cumplimiento de las obligaciones" que establece el código. Así, destaca que no ha existido conocimiento ni información de posibles infracciones "más allá" de la denuncia del Grupo Socialista en el Senado relativa a la senadora y alcaldesa de Marbella (Málaga), la popular Ángeles Muñoz, que ha dado lugar a la apertura de un procedimiento específico por parte de la Comisión de Incompatibilidades de la Cámara Alta. Este órgano debe determinar si Ángeles Muñoz cumplió correctamente con las normas establecidas o, como sostiene el PSOE, ocultó parte de su patrimonio a la institución.
El informe, recogido por Europa Press, solo recaba datos hasta el 31 de diciembre de 2022, dos meses antes de que estallara el conocido como caso Mediador que acarreó el 14 de febrero de este año la dimisión del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, apodado tito Berni, supuesto cabecilla de una trama que habría operado desde su despacho del Congreso.
A lo largo de 2022, la oficina recibió 14 consultas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones del Código de Conducta, la mayoría planteadas por parlamentarios y relativas a la declaración de intereses económicos, con excepción de la relativa a la alcaldesa de Marbella. Además, el año pasado se presentaron once nuevas declaraciones de intereses económicos en el Congreso 26 en el Senado, todas de nuevos parlamentarios. La oficina alertó de varios casos en los que se había dejado en blanco el apartado en el que se deben declarar las actividades que puedan condicionar actividad política o que le hayan proporcionado ingresos económicos en los cinco años anteriores a la obtención del escaño y, tras ese aviso, los que no lo habían hecho rellenaron ese espacio. En este contexto, se ha vuelto a recomendar que informen tanto de sus actividades previas que puedan "condicionar" su labor parlamentaria como de las que les hayan reportado ingresos. La oficina intervino al considerar extraño que varios de los nuevos parlamentarios no informaran de ningún ingreso anterior a su llegada a la Cámara y todas esas lagunas fueron finalmente subsanadas.
Donaciones y regalos
Sus señorías deben consignar también las donaciones y beneficios no remunerados que hayan obtenido en los cinco años anteriores a su llegada a la Cámara. Sólo el 36,36% de los nuevos diputados y el 23,08% de los senadores declaran algo en este espacio. Igualmente, un 54,55% de los nuevos diputados y un 84,62% de los senadores declaran las fundaciones o asociaciones a las que han contribuido en el último lustro, y solo el 27,27% de los primeros y el 15,38% de los segundos rellenan el apartado reservado para informar de otros intereses a declarar.
La oficina vuelve a recomendar a sus señorías que no dejen en blanco ningún apartado y que al menos pongan que no tienen nada que declarar o tracen una línea en diagonal y también que eviten las "respuestas tipo", es decir contestaciones genéricas, "redactadas de antemano en términos muy amplios, para poder ser utilizada por todos los parlamentarios de un mismo grupo". Eso es lo que hicieron los 52 diputados de Vox en las primeras declaraciones de intereses que registraron el año pasado. En este contexto, la oficina insiste en recalcar que "no resulta creíble, ni compatible con el sentido de la norma, el que haya una coincidencia total" entre las actividades desarrolladas durante los cinco años anteriores al acceso al cargo por parte de "un elevado número de parlamentarios". También les recomienda que "procuren ser lo más precisos que puedan cuando se refieran, en sus declaraciones de intereses económicos, a donaciones, obsequios, regalos, viajes e invitaciones, que hayan recibido, o a contribuciones a fundaciones o asociaciones que hayan realizado, identificando unas y otros en la medida de lo posible".
Asimismo, el informe detalla que a lo largo de año pasado se modificaron dos declaraciones de intereses económicos en el Congreso y 22 en el Senado para añadir o corregir algún dato consignado anteriormente.
Por otra parte, el año pasado se entregaron 48 regalos en la Secretaría General del Congreso (12 menos que en 2021) y 30 regalos en la Secretaría General del Senado (11 menos que el año anterior).
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