España

Nuevos audios vinculan el caso de tito Berni con el amaño de cuarteles de la Guardia Civil

La Policía Judicial aporta pruebas de que el general implicado en el caso del tito Berni habría mediado para favorecer al empresario canario Ramón Tejera de León a cambio de dádivas o regalos

El caso del tito Berni y el caso Cuarteles vuelven a confluir. La Policía Judicial ha constatado en el marco de la investigación al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo nuevos indicios que apuntarían a un posible concierto para amañar los contratos de las reformas en los cuarteles de la Guardia Civil. Se trata de unas conversaciones inéditas que salpicarían también a Antonio Navarro Tacoronte, el mediador del caso del tito Berni.

Así se desprende de la nueva documental incorporada a la causa que se sigue en un juzgado tinerfeño y a la que ha tenido acceso Vozpópuli. En la misma se pone de manifiesto que la Guardia Civil ha acreditado más indicios que apuntan al general del Instituto Armado imputado en este procedimiento, Francisco Javier Espinosa Navas, y al empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, más conocido como 'Mon'.

Este último no está imputado formalmente en la causa del 'tito Berni' pero ha aparecido en numerosas escuchas interceptadas por los investigadores, lo que demuestra su cercanía con los cabecillas de la trama. Precisamente, el estallido de esta causa de corrupción que gira en torno al amaño de contratos y expedientes de la administración canaria desveló otro procedimiento que se investigaba en secreto en los tribunales: el caso Cuarteles.

Amaños a cambio de dádivas

Esta causa indaga irregularidades en los contratos de reformas de cerca de una quincena de acuartelamientos de la Guardia Civil. Este procedimiento, en el marco del cual están imputados un teniente general y un teniente coronel, entre otros, salpica de lleno a 'Mon'. Sus empresas fueron las adjudicatarias de las reformas que en muchos casos quedaron a mitad o incluso ni se llegaron a acometer. Además, abultó las facturas y fracturó los pagos para no rebasar el límite legal.

En este contexto, los investigadores del caso del tito Berni han detectado nuevas conversaciones entre el empresario canario y el general Espinosa Navas que estrecharían el vínculo entre ambas causas de corrupción. Se trata de audios que desvelarían "maniobras" dirigidas a la consecución de beneficios de 'Mon' por parte del general de la Guardia Civil, el cual, a cambio, percibiría "regalos o dádivas".

Parece más razonable que estos hechos se consideren conexos a otros procedimientos que pivotan sobre la persona del empresario Tejera de León por hechos que versan sobre posibles adjudicaciones irregulares acaecidas en el seno de la Guardia CivilEscrito de Anticorrupción

Según expone Anticorrupción, se habla de un posible pago de una estancia de 130 euros y de adjudicaciones de obras que salpican a los protagonistas de las dos causas. Por ese motivo, la Guardia Civil solicitó al Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife en uno de sus últimos informes que se acordaran una serie de diligencias para investigar este presunto amaño.

En concreto propuso que se librara oficio judicial al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Canarias, así como a la sucursal española de la empresa irlandesa Prepaid Financial Services, que comercializa servicios de tarjetas prepago, y también que se requiriera a la Asociación Española de Banca, la Confederación Española d Cajas de Ahorro y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) para que informaran al juzgado en relación a información bancaria de una serie de personas desde noviembre de 2019.

Fuera del caso del tito Berni

Sin embargo, la magistrada del caso del 'tito Berni', María de los Ángeles Lorenzo Cáceres, ha descartado abrir una nueva línea de investigación en el procedimiento al considerar que el asunto no tiene nada que ver con el objeto de esta causa, la cual se centra en investigar si la trama del exdiputado del PSOE cobró mordidas y pagos en 'b' de empresarios canarios a cambio de amaños de expedientes y de solución de conflictos que éstos (en su mayoría ganaderos y del sector fotovoltaico) tenían con el gobierno de las islas.

En la fotografía, el general Espinosa (izquierda), imputado en el caso Mediador; el teniente general Jarava, imputado en el caso Cuarteles, y el empresario Tejera de León
El general Espinosa (izquierda), imputado en el caso Mediador; el teniente general Jarava, imputado en el caso Cuarteles, y el empresario Mon

No obstante, sí que dice que sería conveniente indagar todo lo que respecta a las conversaciones que aluden al "uso de relaciones personales" de Espinosa Navas para averiguar si se estaría ante un delito contra la administración pública. En lo que respecta a las conversaciones con 'Mon', la juez abre la puerta a que se investiguen pero fuera de esta causa, en sintonía con lo manifestado por la Fiscalía Anticorrupción.

"Incluso parece más razonable, en todo caso, que tales hechos fueran considerados como conexos a otros procedimientos que el Ministerio Público ha tenido conocimiento de su existencia y que pivotan sobre la persona del empresario Tejera de León por hechos que centran su objeto en posibles adjudicaciones irregulares acaecidas en el seno de la Guardia Civil", reza Anticorrupción en referencia al caso Cuarteles.

El caso Cuarteles

Este procedimiento se sigue en la actualidad en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, aunque arrancó en Ávila hace ahora cuatro años. La causa comenzó tras detectar Asuntos Internos de la Guardia Civil que se adjudicaron a 'Mon' las obras de pintura e impermeabilización de varios cuarteles de Ávila. A los investigadores les extrañó que esto fuera a parar a un empresario canario y no a firmas locales y detectaron que muchos de estos trabajos "ni siquiera se habrían pagado".

La investigación salpicó en un primer momento al jefe de la Comandancia de Ávila, el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez. En su declaración dijo que las órdenes de contratar con las firmas de 'Mon' venían de la Dirección General, en concreto del teniente general Pedro Vázquez Jarava.

Por ello el asunto se derivó a los juzgados de Madrid a la par que se ampliaron las pesquisas. La Policía Judicial acreditó irregularidades en obras de 13 comandancias de todo el país y apuntó a un desfalco superior a los 3,3 millones de euros. En estos momentos se está pendiente de que Patrimonio del Estado perite las obras. La juez que investiga la causa por delitos de malversación y falsedad, ha añadido también recientemente el delito de cohecho.

La Fiscalía Europea

En lo que respecta al general Espinosa Navas, la parte de la investigación que afecta a su actuación la asumió la Fiscalía Europea en abril ante indicios de malversación de fondos europeos. De las escuchas y el estudio de la documental intervenida la Policía Judicial apuntó al presunto amaño de una serie de contratos vinculados con GAR-SI Sahel, proyecto destinado a combatir la inestabilidad en esta región de África y que dirigió el general imputado en la trama.

Los audios del caso del 'tito Berni' desvelarían cómo el general imputado habría ejercido su influencia dentro de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) para que el empresario José Suárez Estévez, conocido como 'el Drones', se hiciera con contratos de proyectos relacionados con el GAR-SI Sahel.

Del mismo modo, el juzgado tinerfeño recurrió a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia, para rastrear un posible patrimonio oculto de Espinosa Navas en siete países de África. El movimiento se produjo a tenor de su pasado como director del proyecto GAR-SI Sahel desde 2017 y de los audios de la trama que desvelarían irregularidades en Cabo Verde.

El general dijo que consiguió entrar en este país tras más de dos décadas en el Instituto Armado y que "con cuatro putas tarjetas" se podía vivir, aunque uno se tenía que acostumbrar para no ser un corrupto. Además, la red del tito Berni también apeló a un contrato de construcción de placas solares en este país. "Cabo Verde no me ha dicho, el otro sí que bastantes millones, quieren hacer unas plantas de 35 kilos", expuso uno de los empresarios imputados. De esta cuantía, el general se quedaría con una comisión del 10%.

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