España

La ofensiva contra la UDEF en Gürtel: excargos del PP interpusieron siete denuncias

El inspector que se encargó de investigar la trama de Francisco Correa, Manuel Morocho, declara en el juicio que todas las acusaciones han acabado archivadas: "He hecho bien mi trabajo".

El inspector jefe de la UDEF que ha dirigido la investigación policial de la trama Gürtel, Manuel Morocho, ha asegurado en su declaración como testigo en el juicio que se celebra en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional que, tras la detención en febrero de 2009 de Francisco Correa, diferentes excargos del PP interpusieron hasta siete denuncias contra los agentes de la Policía Judicial encargados de investigar la trama.

El inspector de Policía ha hecho estas declaraciones días después de las críticas realizadas por ex altos cargos del PP implicados en casos de corrupción como la Púnica y Pujol, como por ejemplo Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama; o la exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar. Ambos reprendieron a los agentes por el contenido de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

También han vertido críticas contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el exministro de Trabajo Manuel Pimentel (Caso Pujol), la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes (Púnica) y el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez (Púnica-Murcia).

"Presuntos" y "posibles"

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, en un intento de restar credibilidad a los agentes de la UCO, llegó a asegurar que los informes de la Guardia Civil sobre Pedro Antonio Sánchez estaban llenos de "presuntos", "eventuales" y "posibles".

Estas críticas han sentado "muy mal" entre los agentes. En concreto, las principales asociaciones de guardias aseguraron que las palabras de Granados eran un intento de "amedrentar" a los investigadores.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), la que incluye más guardias, rechazó estos episodios recientes que hacen que sea "tristemente habitual" escuchar a una persona investigada por graves delitos "achacar torticeramente su circunstancia a unos supuestos intereses oscuros de los profesionales que velan por hacer cumplir la ley y proteger a los ciudadanos de esas prácticas corruptas".

Luis Bárcenas, Francisco Álvarez-Cascos y el PP valenciano fueron los autores de cinco querellas

Morocho, que ha especificado el origen de cinco de las siete querellas, ha asegurado que dos las interpuso el extesorero Luis Bárcenas, que le denunció por delitos contra la dignidad moral y filtraciones; una el Partido Popular valenciano, por revelación de secretos; y otras dos el exministro Francisco Álvarez-Cascos, en relación a las informaciones que se publicaron sobre un viaje a la isla de Lanzarote abonado supuestamente por Francisco Correa.

Sin embargo, el presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado, interrumpió al agente Morocho para que no se extendiera en la respuesta, y aseguró: "Ya nos ha quedado claro". A preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, que se interesó sobre qué pasó con las denuncias, el agente contestó: "Todas fueron archivadas. Hago bien mi trabajo".

Además, el exjuez Javier Gómez de Liaño, en representación del exeurodiputado del PP Gerardo Galeote, presentó un escrito al instructor de Gürtel en el que denunciaba las revelaciones y filtraciones aparecidas en medios de comunicación en relación con los informes elaborados por la UDEF.

Acusado de filtraciones

Gómez de Liaño apuntaba a que Morocho podría ser el responsable de las filtraciones. El caso acabó en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, cuyo titular, acabó archivando el procedimiento.

También atacó a la UDEF el empresario imputado en Gürtel Alfonso García-Pozuelo, exdueño de Constructora Hispánica. Su abogado llegó a enviar un escrito al juez Pablo Ruz en el que solicitaba que se apartara de la investigación a Morocho.

El empresario, que reconoció en el juicio haber pagado mordidas a los cabecillas de la trama Gürtel, aseguraba en el documento que el inspector era el responsable de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por haber filtrado a la firma de detectives Método 3 un informe sobre el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda.

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