La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON), oficina encargada de velar por la legalidad y correcto cumplimiento en los contratos públicos, está bajo mínimos. Este departamento dependiente del Ministerio de Hacienda cuenta con una relación de 35 puestos, de los que apenas están cubiertos una decena. Así consta en un informe al que ha tenido acceso Vozpópuli donde se desarrolla el plan estratégico del órgano de cara a los próximos años.
La prospectiva realizada por la OIRESCON alerta de la necesidad de mantener un control estricto sobre las adjudicaciones públicas de la administración, tanto por el Gobierno central como por las comunidades autónomas: "La contratación pública es un ámbito expuesto a las prácticas de corrupción". Una afirmación que adquiere mayor envergadura tras constatar que el 23,4% del gasto público en España se dedica a las adjudicaciones, el equivalente al 9,6% del PIB de nuestro país.
De ahí la relevancia de una oficina como la OIRESCON, integrada en el Ministerio de Hacienda y que asume la función de "velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, en relación con la contratación pública", tal y como rezan los cometidos que se le atribuyen. Pese a esa integración orgánica, la oficina actúa "con plena independencia" funcional.
Tarea ingente en el control de la contratación pública que se traduce en una batería de informes donde analiza todas las adjudicaciones otorgadas por la administración. El pasado mes de junio, su entonces directora, María José Santiago, presentó su dimisión poco después de firmar un informe crítico con los contratos sanitarios firmados para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Entre otros, advertía de "errores" en la publicidad de las licitaciones y de "incoherencias". Su puesto lo ocupó María Luisa Araújo, consejera de Economía y Hacienda en Castilla-La Mancha entre 1999 y 2011.
Ediciones del informe
Para cumplir con todas sus funciones, la plantilla de la OIRESCON debería contar con 35 empleados. El Plan estratégico de la oficina independiente de regulación y supervisión de la contratación 2020-2024 detalla que sólo están cubiertas diez plazas. Este documento se aprobó bajo la supervisión de la anterior directora, María José Santiago.
Sin embargo, este diario ha constatado que la primera edición del informe ha sido eliminada recientemente de la página web de Hacienda. La plataforma Civio lo enlaza en este artículo de noviembre de 2020, pero ya no está disponible. La segunda edición del plan estratégico -con ligeros cambios, principalmente estéticos, y subido a la plataforma recientemente- está accesible en este enlace de Hacienda. Y en él se mantiene la cifra de diez trabajadores en la OIRESCON.
Fuentes de Hacienda detallan que "se trata del mismo documento adaptado el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles".
"En este contexto, la elaboración de un Plan Estratégico responde a una doble necesidad -afirma la OIRESCON en el documento-; por un lado, la de abordar y delimitar los cometidos que la ley atribuye a la misma, identificación de prioridades y definición de objetivos a cumplir. Y por otro lado, determinar y concretar los medios necesarios para poder lograr el alcance de los mismos".
Por eso, el plan estratégico insta a "lograr una dotación de medios personales y materiales conforme a las tareas encomendadas por el legislador de acuerdo al principio de eficiencia".
Análisis de contratos públicos
OIRESCON es uno de los organismos claves en el análisis de información de los contratos de emergencia vinculados al coronavirus. Y que sigue trabajando para conocer qué, cómo y por cuánto se ha contratado durante la pandemia. El organismo publicó un informe a principios de 2021 donde señalaba que uno de cada cuatro contratos sigue sin notificarse a la Plataforma de Contratación del Sector Público, el lugar donde se registran todas las adjudicaciones de las administraciones.
En concreto, 3.202 de los 11.901 contratos tramitados por vía de emergencia vinculada a la causa covid-19 no constan en la información ofrecida por la plataforma. OIRESCON recuerda a los diferentes órganos "la obligación del artículo 347 de la Ley de Contratos del Sector Público relativa a que los resultados de todas las licitaciones deben estar en la Plataforma de Contratación del Sector Público".
Las situaciones de crisis permiten al Gobierno central, autonomías o empresas públicas adjudicar contratos de forma directa a una empresa y sin publicitar la licitación. La conocida como 'Tramitación de emergencia' dota de agilidad y rapidez a la Administración en las contrataciones en una crisis. Una situación que, como ha contado estos meses Vozpópuli, ha provocado que se incurran en errores millonarios: material defectuoso, el proveedor no era transparente o la gestión administrativa ha sido errónea.
