En la madrugada del pasado lunes, una familia compuesta por un matrimonio y dos bebés perdió la vida a causa de un incendio en una sucursal bancaria abandonada de la Plaza de Tetúan (Barcelona) en la que vivían como okupas. Son más de 700 personas las que viven en una situación similar a la de los fallecidos y la quinta vez que sucede un incidente así en lo que va de año. Una problemática en la que solo se pone el foco cuando surgen tragedias como esta, pese a que Ada Colau obtuvo la notoriedad que le hizo alcaldesa por ser la cara visible de la PAH (Plataforma de Afectados por la Vivienda).
La familia fallecida fue visitada por los servicios sociales del Ayuntamiento en 88 ocasiones para comprobar que no existían riesgos en el local y que estas personas se encontraban en buen estado, además de encargarse de escolarizar al mayor de los dos menores (de 1 y 3 años), también fallecidos. Pese a haber menores en situación de vulnerabilidad, las instituciones no hicieron nada para realojarles.
El servicio de integración social de familias con menores (SISFAM) cuenta con un equipo de solo 12 trabajadoras para atender a 209 menores a los que atender
El problema es que los procesos de realojo se enquistan. El proceso se inicia con una denuncia de la propiedad (EVO Banco lo hizo en 2020). Entonces, las autoridades comprueban que la denuncia es pública y el juez ordena el desahucio. Una vez ocurre esto, los servicios sociales, que son de la comunidad autónoma pero controlados por los ayuntamientos, se encargan de realojar a la familia. El problema es que en este caso, el Ayuntamiento de Barcelona carece de los recursos necesarios para realojar a todas las familias que habitan una infravivienda y esto hace que el juez retrase el desalojo para no dejar a estas personas en la calle.
Según El País, el servicio de integración social de familias con menores (SISFAM) cuenta con un equipo muy pequeño en comparación con la cantidad de personas a las que tienen que atender: 12 trabajadoras frente a 209 menores a los que atender. Además, este organismo no está asociado al Ayuntamiento pese a que Colau prometió absorberlo como parte de su acuerdo con la CUP. SISFAM ha sido muy duro con lo ocurrido en un comunicado: “Es flagrante que no se haga nada para evitar que haya infancia que tenga que vivir en estas condiciones de pobreza, riesgo y exclusión social”
La falta de recursos impide los realojos
Fuentes de los Mossos d'Esquadra nos cuentan que el problema de la okupación es una auténtica patata caliente. Las autoridades, por moral, no echan a familias como la que falleció en la sucursal abandonada de Tetuán "cuando la alternativa es estar en la calle", ya que para ellos, en estos casos, está por encima el derecho a la vivienda que la propiedad.
"Nosotros no actuamos salvo que un juez firme una orden de desahucio", nos cuentan fuentes de Mossos d'Esquadra, que aseguran que en muchas ocasiones, "el juez tampoco se atreve a firmar una orden, especialmente en un ejemplo como este, donde hay dos bebés pequeños cuya alternativa es estar en la calle". Los servicios sociales buscan un realojo una vez se firma la orden de desahucio, pero la falta de recursos hace que el juez retrase el desalojo para dar la oportunidad de que surja una solución de realojamiento.
Estas mismas fuentes nos cuentan que Mossos tiene redactado un manual para ejecutar todo tipo de desahucios, una normativa interna para llevar a cabo estas actuaciones, pero que este lleva en un cajón mucho tiempo. El motivo, una vez más, es el miedo: Nadie quiere tomar la responsabilidad de firmarlo, nos cuentan estas mismas fuentes.
Los Mossos no actúan sin la orden de un juez y la falta de recursos hace que la firma se posponga para no dejar a una familia en la calle
El problema, según nos señalan, es que la okupación es una patata caliente. Desde Mossos ponen como ejemplo el caso de Badalona en 2019, donde otro incendio, en este caso por hacer una hoguera, acabó en tragedia. Mossos no les desahució porque no pueden hacerlo sin la orden de un juez. Este, por no dejar a una familia en la calle, no firmó una orden, mientras que por su parte, en los locales okupados cada vez hay más gente. Estos además tienen en ocasiones a mafias detrás: la familia fallecida en la Plaza de Tetuán pagó a una organización 700 euros para poder entrar a vivir a la sucursal, según adelanta La Vanguardia.
Según nos señalan desde Mossos, estos casos son mucho más habituales en invierno por el gran número de horas de oscuridad y frío. Esta situación provoca que pinchar la luz se convierta en algo habitual, así como encender velas o hacer pequeñas hogueras que aumentan el peligro de incendio.
Cataluña tiene un serio problema con la okupación
Según el último informe de la Secretaría de Estado de Seguridad, Cataluña concentra el 45% de las denuncias interpuestas en España por okupación y ha manifestado un crecimiento, respecto a 2015, de un 66%. Acumuló un total de 6.647 denuncias en 2020. En la Comunidad de Madrid la tendencia es contraria: en este mismo periodo, las denuncias se han reducido un 20% hasta situarse en los 1.316 casos.
Desde Mossos afirman a Vozpópuli que mientras no exista un alojamiento para estas personas, seguirá siendo un problema endémico por ser una consecuencia natural de la pobreza que sufren muchas familias en toda España, que en muchos casos, como este, afecta a niños. Según el director de la Fundación Arrels, Ferran Busquets las condiciones en las que vivían las víctimas no representan un caso aislado.
Cataluña acumula el 45% de las okupaciones denunciadas de todo el país
La organización estima que "como mínimo 700 personas" en Barcelona viven en locales de estas características, tiendas de campaña o estructuras montadas con muebles en solares. Desde Mossos nos señalan que el problema es la pobreza, que dependiendo de la ciudad, se manifiesta de una forma u otra. Estas fuentes nos señalan que en Madrid este problema se manifiesta en forma de poblados chabolistas como la Cañada Real, mientras que en Barcelona lo hace a través de la okupación.
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