Evoluciones dispares en el número de viviendas okupadas en España, en función de la región sobre la que se consulten los datos. Según las estadísticas a disposición del Ministerio del Interior, la provincia de Barcelona y la Comunidad de Madrid son los dos lugares con un mayor número de casos -coincidiendo con los mayores núcleos de población en el país-. Sin embargo, las tendencias son completamente opuestas; mientras que en la primera se ha registrado un aumento del 114% de las denuncias en los últimos siete años, en la segunda ha habido un descenso del 21%.
Las estadísticas figuran en una respuesta parlamentaria del Gobierno a preguntas del Partido Popular registradas en el Congreso de los Diputados. En el documento, el Ministerio del Interior distingue las diferencias registradas en el Código Penal en función de cómo sea la okupación: "Se incluye el allanamiento de morada (artículo 202), y por otro lado, la usurpación de inmuebles (artículo 245), sea con violencia o no, y sean residenciales o no".
En cualquier caso, detalla el procedimiento de la Policía Nacional, Guardia Civil y cuerpos autonómicos ante cualquier caso de okupación: "Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan conforme al ordenamiento jurídico vigente, de forma urgente y perentoria en el caso de allanamiento de morada, desalojando las viviendas de inmediato, siempre que se tenga permiso del morador y este haya presentado una denuncia".
Si la denuncia se centra en la usurpación de un inmueble que no se considere "morada", los cuerpos policiales deben actuar con "una orden judicial de desalojo previa, además de la intención manifiesta del propietario de recuperar su propiedad, salvo que puedan intervenir en el momento en el que se está cometiendo el delito y sea con violencia o intimidación, en cuyo caso las FCSE [Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado] sí pueden desalojar los casos de usurpación en el momento".
La evolución de las 'okupaciones'
Al entrar en detalle sobre el número de okupaciones, independientemente de si se trata de "morada" o no, las cifras que ofrece el Ministerio del Interior reflejan evoluciones dispares en función de la región a la que haga referencia. La provincia de Barcelona ha pasado de 2.562 casos en 2014, a 5.483 en 2021, lo que supone un aumento del 114%. En suelo gerundense los casos se han disparado de 293 a 976 en el mismo periodo de tiempo. Y en Tarragona, de 434 a 643.
Como contó Vozpópuli, los Mossos d'Esquadra anunciaron a principios de este mes de noviembre la creación de una "Unidad Central de Intervención en Conflictos de Vivienda", que tendrá entre sus principales desempeños las actuaciones ante viviendas okupadas: Cataluña ya concentra el 42% de los casos de toda España.
Por su parte, la Comunidad de Madrid acumula una cantidad notable de viviendas okupadas, alcanzando la cifra de 1.661 en 2021. Sin embargo, la tendencia es decreciente; más aún si se tiene en cuenta como referencia los datos de 2014, cuando se denunciaron 2.119 casos. En términos proporcionales, las cifras han disminuido un 21,66%.
El total de los casos
¿Y en toda España? Las denuncias por okupación de viviendas han aumentado un 71,3% en los últimos siete años. O lo que es lo mismo, se ha pasado de 10.084 casos a 17.274. ¿Las razones de este aumento? El Gobierno lo justifica así en otra respuesta parlamentaria, también dirigida al PP: "Se debe, entre otros, a la coincidencia de diversos factores, como la existencia de inmuebles vacíos, situación económica derivada de la concatenación de crisis sanitaria del COVID".
Pero también habla de factores más actuales, como "la guerra de Ucrania, con su grave impacto en la energía y en productos alimenticios básicos, etcétera". Porque las cifras recogidas por el Ministerio del Interior también ofrecen un desglose dedicado a los ocho primeros meses de 2022, con su respectiva comparativa al mismo periodo de tiempo en 2021. Curiosamente, atendiendo a esa comparativa, ha habido un descenso en los ocho primeros meses de 2022 (11.619) que en los de 2021 (12.126).
Este es el desglose total por provincias y años ofrecidos por el Gobierno en la respuesta parlamentaria:
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