El juez decretó el ingreso en prisión de los siete detenidos en Cataluña, acusados de integración en organización terrorista y tenencia de explosivos. Las autoridades llevaban más de un año controlando sus movimientos. Gracias a las escuchas sobre el grupo, se anticiparon a sus planes para atentar contra diversos objetivos, entre ellos el Parlament. Aunque lo parece, esto no es una descripción de la Operación Judas que ha soliviantado al independentismo catalán. Se trata de la Operación Caronte, desarrollada hace cuatro años contra una célula yihadista.
No la hizo la Guardia Civil, sino los Mossos d’Esquadra. La Generalitat en este caso celebró las detenciones en lugar de criticarlas. Eso a pesar de que agentes de la Policía autonómica también optaron por realizar las detenciones y registros en plena madrugada. Acudieron a los domicilios de los sospechosos donde vivían con sus familias y también se tiraron puertas abajo como se aprecia en las imágenes difundidas en su día por el Cuerpo autonómico.
La Operación Caronte se llevó a cabo un 8 de abril de 2015. Tan solo unas horas después, el conseller de Interior del Gobierno que presidía Artur Mas no dudó en considerar acreditados los planes terroristas del grupo. “Teníamos informaciones relevantes que nos indicaban claramente que había una voluntad explícita de cometer atentados en Cataluña”, dijo Ramón Espadaler. Los acusados no habían pasado siquiera ante el juez, pero en el Govern ya lo tenían claro: eran culpables. Cuatro años después y en situación idéntica, también lo tienen claro respecto a los detenidos por la Guardia Civil: son inocentes.
Escuchas claves
La base probatoria de aquella exitosa operación de los Mossos d’Esquadra fueron las horas y horas de escuchas captadas por la policía a las que tuvo acceso este periódico. En el marco de la Operación Judas, los investigadores también otorgan una especial relevancia a los pinchazos telefónicos a los investigados. En concreto, en el caso de la Operación Caronte, fue un agente infiltrado el que se ganó la confianza de los yihadistas y pudo captar sus planes. Barajaron incluso secuestrar a un empleado de banca, matarle y grabar la ejecución en vídeo.
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“Yo no sé cómo deciros lo que os voy a decir… ¿vosotros seríais capaces de cargaros a un kafir (infiel)? Aquí, ahora, mañana, cogemos a uno. ¿Seríamos capaces?. Cogemos a uno. Si se hace, a uno. Grabarlo, ponerle el traje que se le pone (...) y entrevistarle (...) Y eso se cuelga (en Internet)”. Así se expresaba el líder del grupo, un peluquero de Barcelona llamado Antonio Sáez que se había convertido al Islam y se hacía llamar Alí. Había más catalanes entre los detenidos. La situación obligó a la policía a intervenir, también bajo la coordinación de la Fiscalía y la Audiencia Nacional como en el caso de la Operación Judas.
El grupo se hacía llamar Fraternidad Islámica y tenía su epicentro en Tarrasa, a solo 25 minutos en coche de Sabadell, donde vivían los integrantes del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) detenidos este lunes. Desde el independentismo han cerrado filas y han censurado la actuación de la Guardia Civil, la han calificado de montaje y han ridiculizado las pruebas recabadas en los registros.
Fuentes de la investigación hablan del hallazgo de sustancias susceptibles de ser empleadas en la fabricación de explosivos. También tenían anotados los componentes necesarios para fabricar Goma 2. Llegaron a hacer prácticas con los explosivos para preparar sus acciones, según fuentes de la investigación.
En el marco de la Operación Caronte contra el grupo de yihadistas también se encontraron anotaciones sobre cómo hacer explosivos o una carta escrita a mano que contenía los principios de Fraternidad islámica. Al pie de la misma, habían dibujado una espada, una ametralladora y un libro que pretendía pasar por un Corán. La calidad de las ilustraciones no superaba a las de un dibujo infantil.
Los Mossos d’Esquadra pusieron a siete detenidos a disposición del juez Santiago Pedraz sin que nadie de la Generalitat se quejase por su situación. Este jueves, la Guardia Civil puso a los siete detenidos de la Operación Judas entre fuertes medidas de seguridad y en el medio de una bronca política en Cataluña. El Parlament acabó votando a favor de solicitar la expulsión del Instituto Armado de Cataluña.
Al final, independientemente del nivel de profesionalización de la célula Fraternidad Islámica, la Audiencia Nacional condenó a sus miembros a penas de entre 8 y 12 años. Según la sentencia, tenían la “única finalidad y motivo de cumplir y servir los postulados señalados por el DAESH, atentos para llevar a cabo en cualquier momento un ataque contra instituciones como la policía, entidades bancarias o intereses judíos asentados en España o integrarse en las filas del DAESH”. En marzo del año pasado el Tribunal Supremo confirmó la condena sin que nadie en el independentismo saliera a pedir su liberación.
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