Pronto se cumplirán cinco años desde que ETA escenificara su final en un acto celebrado en Cambo-les-Bains (Francia), pero la Policía Nacional no baja los brazos en su lucha antiterrorista. La Comisaría General de Información aún trabaja en el esclarecimiento de los casos que no tienen condena y en atar los cabos sueltos en cientos de asesinatos. Una de las claves en las que se basan para proseguir su trabajo es la ingente documentación que Francia entregó en 2018 y que, bajo el nombre de Operación Rosetta, se analiza meticulosamente para aportar algo de luz a medio siglo de trayectoria terrorista. Según ha podido saber Vozpópuli, estos papeles han servido para resolver algunos crímenes; entre otros, la vinculación de una etarra con el atentado que acabó con la vida del senador popular Manuel Giménez Abad.
Nunca hasta la fecha se había dado a conocer la denominación de la Operación Rosetta. La referencia es clara: la Policía tomó como referencia el ejemplo de la piedra de Rosetta, en la que los académicos se basaron para desenmarañar el complejo sistema de jeroglíficos con el que se comunicaban en el antiguo Egipto. Siguiendo la misma estela, los agentes de la Comisaría General de Información tomaron toda la documentación y armamento de ETA que Francia entregó a España en 2018 a bordo de dos camiones repletos para tratar de encontrar nuevas pruebas relevantes.
Fuentes de la lucha antiterrorista detallan a este diario la complejidad de la operación. Una parte de la documentación entregada por Francia ya estaba en manos de las autoridades españolas, en base a la colaboración bilateral contra ETA y a requerimientos judiciales. Pero otra parte de los papeles es completamente inédita. Archivos que por sí mismos no podrían tener una relevancia significativa, pero que la adquieren al cotejarlos con otros datos en poder de la Comisaría General de Información.
La intuición de los investigadores desempeña un papel fundamental. Agentes veteranos que se han desempeñado durante décadas en la lucha contra ETA compaginan sus funciones con otros policías de generaciones más recientes que aplican sus métodos de trabajo.
El caso de Giménez Abad
Se trata de cruzar miles de datos, entre los que se incluyen informes de criminalística o genética, que en muchos casos se actualizan gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, frente a los recursos disponibles en el siglo XX. También se consultan diligencias, las declaraciones de los etarras detenidos o los documentos que escribían cuando eran capturados -conocidos con el nombre de cantadas-.
La documentación entregada por Francia y cotejada con los archivos propios permitió a la Comisaría General de Información vincular a la etarra Itxaso Zaldua con el asesinato del senador del PP Manuel Giménez Abad, acribillado a tiros en presencia de su hijo cuando iban a ver un partido de fútbol en Zaragoza en el año 2001.
En concreto, los agentes analizaron una nota manuscrita en la que la autora pedía una cita en Francia. Gracias a un estudio de la Policía Científica se pudo acreditar que había sido redactada por Zaldua; sumado a un análisis del documento y de situación del comando terrorista, se conectó a la etarra con el crimen. "Tener a mano el documento original sirve para un mayor grado de investigación", inciden las mismas fuentes.
El asesinato de Manuel Giménez Abad es uno de los más de 300 en la historia de ETA que no cuentan con una condena por su autoría. En base a los informes redactados por la Comisaría General de Información, Itxaso Zaldua fue detenida en el año 2020
El asesinato de Manuel Giménez Abad es uno de los más de 300 en la historia de ETA que no cuentan con una condena por su autoría. En base a los informes redactados por la Comisaría General de Información, Itxaso Zaldua fue detenida en el año 2020 y actualmente se encuentra en prisión preventiva -recientemente prorrogada-, a la espera de sentarse en el banquillo por el crimen.
Cincuenta años de ETA
Fuentes de la lucha antiterrorista señalan este caso como uno de los ejemplos más claros del recorrido judicial que pueden tener los casos de ETA que aún se investigan en base a la documentación entregada por Francia. Pero los agentes también trabajan con otros crímenes que, por prescripción o por la amnistía general de 1977, no pueden ser inculpados: "Es verdad que puede no haber una sentencia judicial, pero eso no evita que no se conozca la verdad de los hechos".
En el caso de los atentados más recientes se ha abierto una nueva vía de investigación que abre las puertas a las imputaciones de cúpulas de ETA por su implicación directa en los crímenes que perpetraban sus comandos. La Audiencia Nacional acaba de citar como investigados a seis jefes de la organización por el atentado de Santa Pola del año 2002, en el que fueron asesinados la niña de 6 años Silvia Martínez Santiago y el jubilado de 57 años Cecilio Gallego Alaminos.
El juez se apoyó en un informe de la Comisaría General de Información donde se detallaba la confección de la campaña de verano de ETA en el año 2002 que incluía el atentado de Santa Pola. Los agentes indicaron que todos los miembros del comité ejecutivo de la organización -conocido con el nombre de Zuba- participaron en la organización de la campaña, que posteriormente ejecutó uno de sus comandos. Los jefes de ETA tendrán que rendir ahora cuentas ante la Justicia.
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