La presidenta del Parlament, Laura Borràs, empuja para que ERC acepte el voto delegado del fugado Lluís Puig, después de acordar una mayoría independentista en la Mesa de la Cámara catalana. Pero la oposición no piensa quedarse con los brazos cruzados y algunos grupos estudian presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si finalmente se aprueba el voto delegado a un diputado fugado de la justicia española.
Se trata de una vía que ya se se ha adoptado en otras legislaturas, cuando algunas decisiones de la Mesa han suscitado la disconformidad por parte de grupos parlamentarios. En este caso, según explican a Vozpópuli las fuentes consultadas, sería nada más que la nueva legislatura eche andar.
Las declaraciones de la propia Borràs así como de diputados de Junts afirmando que "no debería haber problema" para habilitar el sufragio delegado al estar todos los partidos independentistas de acuerdo ha encendido las alarmas en los partidos no independentistas. Creen que "fuerza el reglamento" de la institución catalana y que debido a que el independentismo tiene mayoría en el órgano rector solo les quedaría presentar recurso ante el Constitucional.
Los servicios jurídicos del Parlament elaboraron en la pasada legislatura y coincidiendo con el inicio de la pandemia un informe [ver aquí] sobre las posibilidades reglamentarias y tecnológicas de aplicar un régimen de sesiones no presenciales para los órganos de la Cámara. Pero las fuentes consultadas de la oposición consideran que no abarca el "supuesto" de Puig, ya que está orientado a las enfermedades o situaciones de emergencia que imposibilitan la presencia física.
La vía del Constitucional
Si finalmente ERC se aviene a aceptar el voto delegado del diputado de Junts, será cualquier grupo de la oposición que podrá adelantarse con la vía judicial. Fuentes del PSC, la única formación no independentista que ostenta una vicepresidencia y secretaría en el órgano rector, asume en conversación con este medio que "no podrán frenar" las votaciones si los tres partidos separatistas "votan lo mismo" en cuestiones como las mencionadas, pero harán valer su voto y voz para oponerse si Borràs hace caso omiso al reglamento.
La oposición ha interpretado la decisión de este martes de la presidenta de la Cámara de mantener una reunión previa con los miembros de la Mesa de partidos independentistas, excluyendo al PSC como toda una declaración de intenciones de lo que será el mandato de Borràs.
Borràs ignora a la oposición
Los dos miembros de la Mesa del PSC (Eva Granados y Ferran Pedret) trasladaron a Borràs su malestar. Pedret también ha considerado que el encuentro previo por parte de Junts ha convertido el hecho en si en una "acción política" al haberlo anunciado de forma deliberada. También en Ciudadanos han criticado la decisión. "Es muy sintomático de lo que será la legislatura", explican fuentes de Cs a este medio.
En las dos últimas legislaturas, tanto el presidente como los miembros de la Mesa acordaban ampliar los asistentes a la Mesa con un representante de los grupos parlamentarios sin miembros en el órgano rector. Esos representantes participaban con voz y sin voto en las reuniones de la Mesa. Pero Borràs, que ya reivindicó el legado de Carme Forcadell en la sesión constitutiva de la Cámara catalana, ha decidido no reunirlos. Es decir, ha dejado fuera a Vox, En Comú Podem y Ciudadanos de esta tradición protocolaria.
Como en su momento Forcadell, ha decidido reunir a los miembros independentistas de la Mesa antes de oficiar la primera reunión del órgano rector. A diferencia de la condenada por sedición, ha anunciado este encuentro dándole, de este modo, mayor trascendencia. Se trata de unas reuniones que Roger Torrent, predecesor de Borràs en el cargo, dejo de hacer en la última legislatura por los desencuentros entre Junts y ERC.
Blindarse ante su imputación
El siguiente paso de la nueva presidenta será lograr un cambio en el reglamento para que los diputados investigados por corrupción, como es su caso, no deban dejar su escaño antes de una sentencia en firme. A Borràs se le imputan los delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental de cuando estaba al frente de la Institución de las Letras Catalanas.
El objetivo es intentar evitar lo que sucedió con el expresidente de la Generalitat Quim Torra, que perdió su escaño por orden de la Junta Electoral y antes de que su condena por inhabilitación fuera firme. Aunque Borràs ha evitado hablar de "desobedecer" en todas sus comparecencias públicas, la oposición cree que buscará todas las alternativas para volver a situar el Parlament en un escenario parecido al de 2017, con la aprobación de leyes, debates o propuestas de resolución de dudosa legalidad.
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