La decisión del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena de asumir la instrucción de la causa de los integrantes del Govern catalán, que hasta el momento investigaba su colega de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, acerca un paso más al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los otro siete exconsellers de salir de la madrileña prisión de Estremera.
El juez cree que existen razones para que el Supremo investigue a los 22 imputados con los que se quedará a partir de ahora, porque los hechos delictivos que pudieron cometer requieren de una "intervención coordinada de todos ellos", que "es la que puede llenar de contenido el injusto contemplado en el delito de rebelión".
Y uno de los motivos de la probable excarcelación del anterior Govern es que las personas investigadas en la misma causa en el Tribunal Supremo, que a falta de una mayor concreción de la investigación participaron en los mismos hechos, tienen medidas cautelares diferentes: mientras los imputados en el Supremo están libres con fianzas, los de la Audiencia Nacional están en la cárcel, a excepción de Santi Vila, que abonó una fianza de 50.000 euros.
Además, desde que Lamela decidió privar de libertad a los exconsellers, algunos integrantes del anterior Govern han anunciado en sus recursos dirigidos a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acatan la ejecución del artículo 155 de la Constitución española, llegando incluso a presentarse como candidatos a las elecciones del 21D convocadas por Mariano Rajoy tras disolver el Gobierno de la Generalitat.
En el caso de Junqueras, la defensa del exvicepresidente catalán, que en ningún momento especifica que ha acatado el artículo 155, recuerda que desde que Rajoy ejecutó este artículo de la Constitución española el anterior Gobierno catalán "no se ha reunido, no se han adoptado acuerdos de Gobierno ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del 27 de octubre".
No obstante, los presos del Govern podrían reconocer de forma indirecta en el Supremo la vigencia de la Constitución. Esta argucia permitiría a Junqueras y demás reos no anunciar en su declaración ante el juez Llarena, que se graba y después se traslada a las partes personadas, su adhesión expresa a las leyes españolas, ya que en su declaración podrían remitirse al programa electoral de sus formaciones políticas, que previamente habrían renunciado a la vía unilateral hacia la independencia.
Vía unilateral
El pasado 9 de noviembre Llarena ya había rechazado enviar a la cárcel de forma incondicional a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y a los otros integrantes de la Mesa de la Cámara autonómica que habían rechazado la vía unilateral para no ingresar en prisión.
De esta forma, el magistrado del Supremo establecía una importante diferencia con Lamela, que en la Audiencia Nacional había decretado una semana antes la prisión incondicional para Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Meritxell Borras, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Carles Mundó. Los expresidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, también están en la cárcel sin posibilidad de fianza para eludir la prisión.
Además, la juez también dictó una orden de detención e ingreso en prisión para el expresident Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers fugados a Bélgica: Antonio Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret). El único exconseller que está en libertad en la causa de la Audiencia Nacional es Santi Vila, que ha tenido que pagar una fianza de 50.000 euros.
150.000 euros de fianza
Por el contrario, Llarena estableció la mencionada fianza de 150.000 euros para Forcadell, pero también otras, de menor cuantía, en concreto de 25.000 euros, para los integrantes de la Mesa del Parlament, que además tuvieron una semana para abonar la cantidad exigida.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena investigará ahora al Govern cesado, a la Mesa del Parlament y a los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, con independencia de que algunos de los imputados dejen de estar aforados tras los resultados electorales del 21D.
Además, en el auto en el que asume toda la investigación de la Audiencia Nacional por el proceso independentista menos la relativa a los Mossos d' Esquadra, Llarena deja claro que la necesidad de unificar el proceso "no queda alterada" por los resultados electorales del próximo 21 de diciembre y que no tiene sentido esperar a que transcurran las elecciones.
Seguirá investigando
Por ello, el juez del Supremo les seguirá investigando "con independencia" de que "pierdan la condición de diputado quienes ahora lo son (...) o porque alguno de los no aforados adquiera una responsabilidad pública que no ostente ahora" y, por tanto, pase a tener la protección especial que da el aforamiento a consellers, diputados y otros cargos públicos.
El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recordado este viernes que los exconsellers del Govern están en prisión provisional por una serie de causas y, si las circunstancias se modifican, las medidas cautelares que pesan sobre ellos también pueden variar.
Catalá hizo estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que manifestó que tiene "todo el sentido" que el Tribunal Supremo asuma la causa por rebelión y ha opinado que de ese modo se fortalece la seguridad jurídica y la unidad de acción, informa Efe.
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