La supuesta investigación judicial a los Pujol en Liechtenstein aireada por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, el pasado mes de octubre no ha existido más allá del mero trámite burocrático. Así de claro lo ha puesto de manifiesto la Justicia del Principado en un escrito remitido recientemente al Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona que investiga al expresidente de la Generalitat y a otros miembros de su familia. Después de que Fernández Díaz asegurara públicamente que Interpol había abierto una investigación al ex president por un presunto delito de blanqueo, la respuesta del juez de la Audiencia Territorial del Principado, Michael Jehle, pone de manifiesto que esa supuesta investigación de Interpol Vaduz respondió, en realidad, al reenvío de correos electrónicos de la Policía española con meras sospechas que "transcurrido un periodo relativamente breve de tiempo" han sido descartadas.
La Justicia de Liechtenstein ya había revelado que había archivado la causa por blanqueo abierta contra los Pujol, pero lo tajante de su última respuesta a la juez Beatriz Balfagón, instructora del sumario contra el clan, trasluce su malestar por el supuesto uso político-mediático de una investigación que apenas se sostuvo en pie 96 horas. Las denuncias reveladas por el ministro fueron "sobreseídas transcurrido un periodo relativamente breve de tiempo tras la realización de algunas actuaciones dado que, en contra de las suposiciones iniciales, finalmente no se pudo establecer una conexión entre la persona jurídica en cuestión y D. Jordi Pujol". En concreto, se refería a la petición que en su día había hecho el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) a sus colegas del Principado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIL) para que buscase conexiones entre la empresa Brantridge Establisment, sospechosa de integrar la trama del clan en el extranjero, y los Pujol, y que habían desembocado en la apertura de investigación en el pequeño país europeo.
La petición de ayuda a Liechtenstein se demoró un mes en España y se resolvió en 96 horas en el Principado
En su escrito, las autoridades de Liechtenstein hacen también constar que la Justicia española anunció la solicitud de una comisión rogatoria al paraíso fiscal pero que su envío se demoró durante un mes. Cuando finalmente llegó all juez del Principado, obtuvo una negativa como respuesta en apenas cuatro días. Durante el mes en que esa comisión rogatoria estuvo redactada pero no tramitada, el propio ministro Jorge Fernández Díaz aseguró en RTVE que esa petición "forma parte de la cooperación policial y judicial internacional" y reveló haber hecho "una llamada telefónica aquella misma mañana" a Interpol Vaduz.
Según relata el magistrado, la comisión rogatoria tiene fecha de 11 de diciembre de 2014 pero no se remitió al Principado hasta el día 12 de enero. Cuando finalmente llegó al Tribunal Regional del Principado, las autoridades de aquel país tardaron apenas cuatro días en resolver. El 16 de enero, Liechtenstein denegaba ese auxilio: "Se ha denegado su petición de asistencia judicial", reza el escrito. "El motivo es que como delito previo al blanqueo de dinero se indica exclusivamente el fraude fiscal (impuestos directos). Debido al hecho de que el Principado de Liechtenstein no presta asistencia judicial en materia penal en el ámbito de los impuestos directos, se ha procedido a la denegación de su petición", zanja el juez del pequeño país europeo.
Uso político y mediático del caso Pujol
Los reproches a las autoridades españolas sobre el uso que están haciendo del caso Pujol empiezan a reiterarse en todas las peticiones de información que se han remitido. De hecho, los recientes de Liechtenstein se suman a los que ya realizaron en su día Suiza y Andorra, que también se han negado a colaborar con la Justicia española con el argumento de que intenta 'pescar' pruebas en sus jurisdicciones sin aportar datos suficientes.
Fuentes de las acusaciones temen que se hayan precipitado los cargos para dinamitar el proceso independentista sin dar tiempo suficiente a la Policía
Andorra llegó a reprochar a la Justicia española que no concretara “fecha, lugar, personas implicadas y modo operativo de los hechos” que se imputaban al ex president. De hecho, tal y como adelantó Vozpópuli, la batllé (juez) andorrana ha comunicado hasta en tres ocasiones a los tribunales españoles que restringirá el intercambio de información y que los delitos de que se acusa a Jordi Pujol en España de fraude fiscal y blanqueo no existen en Andorra. El secreto bancario andorrano establece que no cabe remitir información sobre hechos que no son constitutivos de delito en el país vecino. Suiza ha utilizado el mismo argumento y la misma queja. En un escrito firmado por Florence Albertini en nombre de la Justicia helvética se leía: “No cabe por el momento librar una nueva comisión rogatoria en tanto no se pongan de manifiesto los datos necesarios para ello”.
Fuentes de las acusaciones temen que se hayan precicipitado los cargos contra los Pujol con la intención de dinamitar el proceso independentista sin haber dado tiempo a la Policía española a recabar todas las pruebas para presentar una acusación sólida. De hecho, esas mismas fuentes denunciaron la existencia de al menos cinco informes fantasma entre los que figuraba el que se publicó días antes de las elecciones catalanas de 2012 y en el que se cifraba en 137 millones de euros el dinero oculto supuestamente en cuentas suizas por el clan Pujol, provocando un verdadero terremoto político. Sin embargo, aquellas graves acusaciones contenidas en los mismos no se han podido probar hasta ahora judicialmente.
