Albert Rivera no es el único. Muchos otros políticos antes que él decidieron renacer en el mundo real reincorporándose al mundo del derecho y la abogacía después de abandonar el mundo de la política. La gran mayoría lo hicieron con más éxito que él, ya que el pasado lunes anunció que dejaba el despacho de abogados Martínez-Echevarría, tan solo dos años después de comenzar su andadura allí.
Los motivos esgrimidos tanto por Rivera (que era presidente ejecutivo) como el ex secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, (vicepresidente ejecutivo) es que abandonarán el bufete por sus incumplimientos tal y como se lo comunicaron a la propiedad el mismo lunes. Y lo han hecho pese a que aún quedaban tres años para que sus vinculaciones vencieran.
En declaraciones a Europa Press, aseguraron que en ningún caso van a regresar a la política: iniciarán, junto a "más gente", un nuevo proyecto vinculado al mundo jurídico del que ofrecerán más detalles en los próximos días.
Desde José María Aznar hasta Alberto Ruiz Gallardón, son muchos los políticos que, como Albert Rivera, decidieron retomar sus carreras como abogados después de dejar sus puestas en el panorama político. Ya sea por puertas giratorias o por una cuestión de oportunidades profesionales, el salto de la política a los despachos de abogados es algo de lo más habitual.
Políticos del PP
El perfil general de los expolíticos que han encontrado en los bufetes una salida profesional para continuar con su trayectoria laboral son hombres del Partido Popular, muchos de ellos abogados del Estado. Los nombres que más han sonado han sido Soraya Sáenz de Santamaría, José María Aznar y María Dolores de Cospedal.
La exvicepresidenta del gobierno fichó como socia por Cuatrecasas en el año 2019. Un fichaje que no estuvo exento de polémica porque pasó de representar a España a trabajar en un gran despacho que defiende a multinacionales que han demandado a España por las renovables. Por su parte, Cospedal se reincorporó al mundo del derecho en 2020, poco antes del inicio de la pandemia. Entonces, pasó a formar parte del bufete MS Albiñana & Suárez de Lezo para dirigir un equipo dedicado al derecho procesal y mercantil.
José María Aznar, presidente del Gobierno desde 1996 hasta 2004, lleva trabajando para uno de los despachos más grandes del mundo desde el año 2018. Antes de unirse a Latham & Watkins como asesor internacional, había trabajado en el órgano consultivo de DLA Piper a nivel mundial.
El sector que más políticos ha acogido ha sido el de los bufetes especializados en derecho de los negocios. El que fuera ministro de Justicia con Rajoy, Rafael Catalá, se incorporó al despacho Carles Cuesta Abogados en abril de 2021, para llevar casos de recuperaciones empresariales, refinanciaciones de deuda y derecho concursal. Además, se convirtió en el primer socio de la firma. Anteriormente, había trabajado en Herbert Smith, donde coincidía con Josep Piqué, exinistro de Asuntos Exteriores con Aznar.
Rivera sigue la estela
En otros casos los políticos no se han incorporado a bufetes ya existentes, sino que han fundado sus propios despachos de abogados. Tal es el caso del expresidente de la ciudad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón que en el año 2017 fundó, junto con su primo y su hijo, un despacho con su propio nombre.
Lo mismo ocurre con otros políticos del Partido Popular, como José María Michavila y Ángel Acebes. Ambos son socios fundadores del bufete MAAbogados. La firma cuenta con equipos expertos en cada una de las prácticas del derecho de los negocios y está especializada en los sectores más importantes de la economía española.
Rompiendo con el perfil típico del político que suele dedicarse al mundo del derecho después de dejar la política, que es del PP, se encuentra Francisco Caamaño. El exministro de Justicia durante el Gobierno de Zapatero pasó a formar parte como socio no fundador de CCS Abogados.
¿Por qué fichar a políticos?
Para los despachos de abogados es interesante fichar a políticos por varios motivos, según explica el diario económico 5Días. En primer lugar, porque su agenda de contactos y su capacidad de influencia es un bien muy preciado. Además, muchos de estos políticos que vuelven al mundo del derecho son abogados del Estado (entre ellos, Cospedal y Sáenz de Santamaría). Se trata de juristas de élite muy valorados en las firmas por su elevada capacidad técnica y su profundo conocimiento de la Administración y los organismos públicos.
Sin embargo, y pese a los beneficios que supone contratar a un alto cargo del gobierno, no todos los despachos de abogados están interesados en ello. Por ejemplo, Garrigues o Uría Menéndez no fichan nunca a este perfil porque "lo significa políticamente", porque puede afectar a la reputación (posibles futuros escándalos o que se juzgue a la empresa como autora de puertas giratorias)
También lo rechazan porque en ocasiones este tipo de fichaje no sabe adaptarse a este al ecosistema de trabajo de un despacho, que exige actitud cooperativa, servicio, humildad y adaptación.
