España

El Supremo rastrea "el posicionamiento" de Más, Rovira y Gabriel en el 'procés'

El magistrado reclama informes sobre la actuación de políticos secesionistas, hasta ahora no imputados en el 'procés', entre los que se encuentran Marta Rovira (ERC), Artur Mas (PDECat), Anna Gabriel (CUP), Mireia Boya (CUP), Neus Lloveras (PDECat) y Jordi Gaseni (ERC)

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'procés', Pablo Llarena, ha dado un nuevo impulso a la causa en la que ya están imputados 22 de los responsables de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) aprobada el pasado 27 de octubre, entre los que se encuentran el expresident Carles Puigdemont, fugado en Bélgica, y el exvicepresidente Oriol Junqueras, recluido en la prisión madrileña de Estremera.

En una providencia dictada este lunes, el instructor ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recoja en un informe "el posicionamiento" de los imputados y el resto de integrantes del "Comité Estratégico" sobre "los episodios violentos acaecidos desde el 20 de septiembre en Cataluña".

Por ello, los agentes deberán analizar la actuación de cinco imputados, en concreto de Carles Puigdemont (PDECat), Oriol Junqueras (ERC), Lluís Maria Corominas (PDECat), Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium Cultural); pero también de al menos otros nueve protagonistas del 'procés', hasta el momento no investigados en el Tribunal Supremo: Marta Rovira (ERC), Artur Mas (PDECat), Anna Gabriel (CUP), Mireia Boya (CUP), Neus Lloveras (PDECat) y Jordi Gaseni (ERC).

Las pesquisas también se extienden contra la exvicepresidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Natalia Esteve, y los actuales números dos de ANC y Òmnium Cultural, Agustí Alcoberro y Marcel Mauri, respectivamente.

La hoja de ruta

De esta forma, Llarena encarga a la Guardia Civil que analice la actuación de los dirigentes políticos y sociales del 'procés' cuya identidad viene definida en el documento 'Enfocats' u hoja de ruta hacia la independencia, que fue requisado por los agentes en la vivienda del número dos de Oriol Junqueras en la Conselleria de Economía, Josep Maria Jové.

La hoja de ruta del 'procés', de vital importancia en las pesquisas de la trama secesionista, especifica en su página 40 que el 'Comité Estratégico' está compuesto por el presidente (Puigdemont), el vicepresidente (Junqueras), por los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios: Mireia Boya (CUP), Anna Gabriel (CUP), Lluís Maria Corominas (Junts pel Sí); y los presidentes y vicepresidentes de la entidades ANC, Òmnium y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Jordi Sànchez, Natalia Esteve, Agustí Alcoberro, Marcel Mauri, Neus Lloveras y Jordi Gaseni, respectivamente.

Pero en el "Comité Estratégico" del 'procés' también participaban los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas, según el documento 'Enfocats', por lo que también serán investigados por la Guardia Civil el presidente del PDECat, Artur Mas, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Sin embargo, también formaría parte de este 'directorio' secesionista "los representantes de otras entidades soberanistas" e incluso personas "independientes de prestigio social", sin especificar la identidad de estas asociaciones e individuos.

El libro blanco

De esta forma, la Guardia Civil deberá profundizar en el papel ejercido por Mas, que según el sumario del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, se encargó el 29 de septiembre de 2014 de presentar el libro blanco de la Transición Nacional de Cataluña, que refuerza la idea de que la declaración de independencia "pasaría por la celebración de un referéndum".

Además, el sumario del Juzgado barcelonés resalta que fue en diciembre de 2010, bajo el Gobierno de Artur Mas, cuando se dio un impulso al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), considerado por la Guardia Civil como el 'CNI catalán', una de las estructuras previstas para la república catalana.

A finales de 2011, la Generalitat encargó a la empresa Solium un estudio sobre el desarrollo de una Agencia Nacional de Seguridad catalana, de la cual, según dicho estudio, el 'CNI catalán' se constituiría como parte esencial o embrión. Además del Cesicat a esa Agencia de Seguridad se sumarían otros organismos como la Administración Abierta de Catalunya (AOC), el CatCert (organismo público de certificación), el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y la Agencia de Protección de Datos de Catalunya (Apdcat).

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