"Hay que enviar un mensaje a la nación", afirman desde el PSOE respecto a la posibilidad de alcanzar un pacto anticorrupción con el Gobierno, tal y como le ha propuesto la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a la "número dos" socialista, Elena Valenciano. Porque aunque la primera reacción de Alfredo Pérez Rubalcaba fue negativa, los socialistas creen que el pacto fructificará aunque no al ritmo que pretende Moncloa, dado que dudan de que se desbloquee esta cuestión antes del debate del Estado de la Nación, de los días 20 y 21 de febrero, el primero de Mariano Rajoy como jefe del Ejecutivo.
Los socialistas entienden que al Gobierno le ha entrado prisa para tapar el "caso Bárcenas", pero el estallido entre medias de un suceso considerablemente menor pero con todos los ingredientes de un culebrón, esto es, el "affaire Carlos Mulas-Amy Martin", les ha desactivado. Se vio ayer claramente en la sesión de control al Ejecutivo, explícitamente reclamada por los socialistas fuera del periodo de sesiones para que Rubalcaba interrogara a Rajoy sobre la fortuna de su antiguo tesorero y el supuesto reparto de sobresueldos en "dinero b". El debate parlamentario se quedó a medio camino, en el "tú más", donde ni uno ni otro entraron de lleno en el problema de la corrupción.
A lo más que llegó Rajoy fue a ofrecer un pacto "en positivo"entre todos los grupos políticos "si hay voluntad política de hacerlo". Recordó en este sentido que el Gobierno encargó hace meses al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales un texto sobre regeneración política que puede ver la luz en unas semanas y servir de base a ese acuerdo anticorrupción.
Los socialistas creen que cerrar ahora un pacto "sería interpetado como el intento de tapar cada uno lo suyo"
Pero llegados a este punto, desde Ferraz entienden que culminar en este momento dicho pacto "sería interpretado como el intento de tapar cada uno lo suyo. Se hará, pero tardará un tiempo". Los ex presidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero le han recomendado a Rubalcaba que rubrique un futuro acuerdo dado el deterioro generalizado por el que pasa la clase política. Además hay otra vía con la que dar las primeras señales de que los partidos han captado el mensaje: la Ley de Transparencia, que excluye de su ámbito de actuación a los partidos, fundaciones, organizaciones sindicales y patronales, todas ellas financiadas con fondos públicos. Rubalcaba se ha mostrado partidario de estudiar en la tramitación parlamentaria de la Ley la incorporación de los partidos, que tampoco incluye a la Casa Real. Además, Génova tiene que aclarar los resultados de la investigación interna que ha recaído sobre la tesorera-gerente popular, Carmen Navarro, que se ha puesto a la tarea mano a mano con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que, a su vez, informa a Rajoy.
Además, Sáenz de Santamaría no descartó ayer una reforma del Código Penal que incorpore como delito la financiación ilegal de partidos, ahora no contemplada, tal y como le reclamó la líder de UPyD, Rosa Díez, sin descartar otras "medidas concretas" que no especificó.
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