Maite Pagazaurtundúa, vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo, ha enviado una carta este martes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que llama a las instituciones europeas a velar por el Estado de Derecho en España. Esta misiva se emite un día después de que tres organizaciones judiciales, que aglutinan a 2.500 magistrados, hayan remitido un escrito denunciando un "riesgo de violación" del Estado de Derecho en España por la reforma para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobada por el Gobierno español.
"Hablamos de miles de jueces que vienen a lanzar la señal de alarma que también nosotros llevamos detectando desde hace ya más de medio año. Cuatro veces hemos acudido ante la Comisión Europea para advertirle del peligro de esta reforma, a la que se suma esta carta, que tiene por objeto volver a subrayar la importancia de lo que está sucediendo y respaldar la iniciativa de estos profesionales de la judicatura", señala el documento.
Pagazaurtundúa recuerda en la carta que la propia Comisión Europea ha mostrado su preocupación sobre la politización de la justicia y el respeto por el principio básico del Estado de Derecho. La vicepresidenta de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo asegura que "confía plenamente" en que las instituciones europeas actuarán como defensa del sistema democrático frente a los gobernantes.
Renovación del Poder Judicial
Pagazaurtundúa recuerda que los problemas para renovar el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) han sido "mayoritariamente políticos" debido a la alta politización del sistema de elección. "Los miembros del Poder Judicial no son independientes del poder político aunque, una vez nombrados, la ley establece la independencia de sus acciones", asegura la vicepresidenta del Parlamento Europeo.
La eurodiputada española recuerda que la independencia del Poder Judicial es la clave de bóveda del sistema de separación de poderes y advierte de que la reforma aprobada es una forma cruzada de chantaje sobre el sistema judicial en su conjunto y que, por ello, los jueces han reaccionado. "No podemos seguir esperando. Es urgente y las instituciones tienen los mecanismos necesarios para para un ataque al Estado de Derecho de este calibre", concluye el escrito.
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